en una entrevista, creo que con CNN un supuesto SR.Rodríguez, egresado de Harvard y alto funcionario del gobierno bolivariano, había dicho que la propiedad del subsuelo por el Estado, había surgido de un decreto y puede ser modificada por otro. Ocurre, que en España y sus antiguas colonias, la cosa es muy distinta, la raíz de nuestra legislación se remonta al siglo XIV, concretamente. en el caso específico de América Latina, y como consecuencia de la herencia institucional de España y Portugal, rigió el régimen regalista, por el cual el rey o el estado eran los propietarios de las riquezas del subsuelo. Es decir todo lo contrario que en la tradición anglosajona que hacía al dueño del,suelo dueño igualmente del subsuelo.
Ya antes del descubrimiento de América, las Ordenanzas de Alcalá, de 1348, establecían que el Rey de Castilla era propietario de las riquezas del subsuelo, tendencia que se vio acentuada con las riquezas minerales halladas en el Nuevo Mundo, objetivo sustancial de la política colonial.
La independencia de los países de la región reafirmó este principio, pasando lo que era del rey al dominio de los estados nacionales. La propiedad estatal de los hidrocarburos abrió las puertas a una fuerte regulación del sector e inclusive a la creación de empresas estatales orientadas a la apropiación por parte del estado de la renta del petróleo y del gas. Tal fue el caso de YPF (Argentina), PETROBRAS (Brasil), PEMEX (México) y PDVSA (Venezuela), entre otras.
En Venezuela se sostiene que no sólo los yacimientos son propiedad del estado ("por razones de conveniencia nacional" como establece la Ley y su Constitución Nacional) sino que su Ley Orgánica reserva al estado la propiedad , industrialización y comercialización de hidrocarburos. La situación de Brasil es similar: su ley de hidrocarburos (Ley 9478, de 1997) consagra el principio constitucional de reservar al gobierno federal la propiedad de los yacimientos.
Similares disposiciones pueden encontrarse en las leyes de Bolivia (Ley 1689 de 1996), Costa Rica (Ley 7399 de 1997), Ecuador y México, único "gigante" de hidrocarburos que no ha admitido la injerencia privada en algún aspecto del proceso (Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 1993). Salud
La independencia de los países de la región reafirmó este principio, pasando lo que era del rey al dominio de los estados nacionales. La propiedad estatal de los hidrocarburos abrió las puertas a una fuerte regulación del sector e inclusive a la creación de empresas estatales orientadas a la apropiación por parte del estado de la renta del petróleo y del gas. Tal fue el caso de YPF (Argentina), PETROBRAS (Brasil), PEMEX (México) y PDVSA (Venezuela), entre otras.
En Venezuela se sostiene que no sólo los yacimientos son propiedad del estado ("por razones de conveniencia nacional" como establece la Ley y su Constitución Nacional) sino que su Ley Orgánica reserva al estado la propiedad , industrialización y comercialización de hidrocarburos. La situación de Brasil es similar: su ley de hidrocarburos (Ley 9478, de 1997) consagra el principio constitucional de reservar al gobierno federal la propiedad de los yacimientos.
Similares disposiciones pueden encontrarse en las leyes de Bolivia (Ley 1689 de 1996), Costa Rica (Ley 7399 de 1997), Ecuador y México, único "gigante" de hidrocarburos que no ha admitido la injerencia privada en algún aspecto del proceso (Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 1993). Salud
ALFREDO CORONIL HARTMANN
Itaca 24 de febrero de 2016
AMÉRICA LATINA
Venezuela: petróleo en manos de militares
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó la creación de una empresa –CAMIMPEG– que pone la explotación de los hidrocarburos en manos de las Fuerzas Armadas, arrebatándole atribuciones a la petrolera PDVSA.
En la imagen, un trabajador de PDVSA en la planta de Cabimas, estado Zulia. (Archivo)
Mantenerse al día con la atribulada cotidianidad de Venezuela es una labor ardua hasta para sus habitantes porque los sucesos suelen agolparse simultáneamente, fundirse los unos con los otros hasta volverse indistinguibles y quedar sepultados bajo otro alud de noticias en cuestión de horas. Como muestra, un botón: un controvertido decreto del presidente Nicolás Maduro, que pone la explotación de los hidrocarburos en manos de las Fuerzas Armadas está por cumplir dos semanas opacado por lacrisis sanitaria, la guerra de los poderes públicos y el anuncio de medidas para enfrentar la emergencia económica nacional.
El 10 de febrero, con respaldo del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Maduro aprobó la fundación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) [decreto 2.231, Gaceta Oficial 40.845]. Esta empresa no está supeditada al Ministerio de Petróleo y Minería ni a la petrolera estatal PDVSA –a la que más bien le arrebata atribuciones–, sino al mayor general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Aunque las leyes venezolanas permiten que el Estado cree sociedades mercantiles, CAMIMPEG llama la atención por ser una de índole exclusivamente militar orientada hacia labores que le son ajenas.
El 10 de febrero, con respaldo del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Maduro aprobó la fundación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) [decreto 2.231, Gaceta Oficial 40.845]. Esta empresa no está supeditada al Ministerio de Petróleo y Minería ni a la petrolera estatal PDVSA –a la que más bien le arrebata atribuciones–, sino al mayor general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Aunque las leyes venezolanas permiten que el Estado cree sociedades mercantiles, CAMIMPEG llama la atención por ser una de índole exclusivamente militar orientada hacia labores que le son ajenas.
El mayor general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.
Zapatero a su zapato
Los críticos de esta moción abundan entre chavistas y antichavistas. Unos condenan el “sigilo” con que se manejó la materia; tachan el decreto de ilegal, alegando que viola la regulación de la actividad minera; y acusan a los militares de arrogarse “la renta del subsuelo” sin consulta popular ni debate legislativo. Otros argumentan que es un sinsentido concederle a las Fuerzas Armadas el control ilimitado de un sectorque está fuera del campo de competencia específico del cuerpo castrense y, a modo de ejemplo, comparan a CAMIMPEG con CAVIM, una compañía dedicada solamente a fabricar productos para la industria militar.
“La empresa pública debe guiarse por el principio de eficiencia”, advertía el jurista José Ignacio Hernández en el sitio web ProDaVinci.com. A la suya se han sumado otras voces para denunciar la inversión de recursos estatales en una nueva fase de militarización de la economía; el inevitable destino de CAMIMPEG como corporación contratante, dada la falta de capacidad técnica y logística de las Fuerzas Armadas; una inminente desnacionalización de la industria petrolera, por propiciar “alianzas leoninas” con transnacionales del negocio energético; y la creación de una entidad que sólo podrá ser fiscalizada por el Ejecutivo.
Al hacer alusión a CAMIMPEG, en las redes sociales se ha llegado a hablar de la consumación de un golpe de Estado virtual que pone a Padrino López por encima de Maduro. Por otro lado, los analistas financieros lanzan sus propias teorías a la hoguera de elucubraciones atizada por el secretismo del Gobierno: algunos creen que la compañía impulsará la diversificación de las exportaciones minerales en lugar de involucrarse con el “oro negro” y otros dan por sentado que valiosos activos de PDVSA serán traspasados a CAMIMPEG para evitar que sean embargados si se llega a declarar un defaultsobre los bonos de la petrolera.
Mijares: “Cabe sospechar que el presidente Maduro (izq.) busca asegurarse la lealtad de los militares”.
“Un Estado sobre el Estado”
“Una hipótesis no anula la otra. Después de todo, el Ejecutivo no ha fundamentado sus motivos para crear CAMIMPEG”, señala Víctor Mijares, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), antes de compartir sus inferencias. “Considerando la palpable pérdida de autoridad de Maduro –de cara a la ciudadanía y dentro del propio partido de Gobierno–, cabe sospechar que el presidente busca asegurarse la lealtad de los militares”, dice el experto, dejando a buen entendedor que los numerosos ascensos castrenses y la adjudicación de cargos ministeriales ya no bastan para garantizar el apoyo de los uniformados.
Sin embargo, ese no sería el aspecto más problemático de la fundación de CAMIMPEG, alerta Mijares. “Lo más grave es que esa empresa pública puede llegar a convertirse en un Estado sobre el Estado porque los militares administrarían a discreción las armas y el petróleo, los dos pilares del poder en Venezuela. A las Fuerzas Armadas, que ya ejercen el monopolio de la violencia en nombre del Estado, se les está otorgando ahora el monopolio de buena parte de los recursos naturales no fiscalizados civilmente. A PDVSA se le criticó el hecho de no rendirle cuentas a nadie, pero CAMIMPEG sí que promete ser una caja negra”, subraya el especialista.
“CAMIMPEG es un ejemplo típico de corporativismo. Un grupo pequeño de militares que ha estado vinculado con el chavismo desde sus inicios está procurando sacar provecho económico donde se lo permitan, como lo hicieron los uniformados en las dictaduras del sur con las empresas castrenses; perversiones que siempre terminan en desfalcos enormes. Pero no va a haber tiempo para llevar a CAMIMPEG a la bancarrota porque en el país ya no hay liquidez. Venezuela no llegará al segundo semestre de 2016 sin enfrentar el tema de su deuda y de su emergencia humanitaria”, observa Ivo Hernández, de la Universidad de Münster.
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