Táchira: El inicio de una protesta
que
sacudió a toda Venezuela
25/02/2016
POR: ROSALINDA HERNÁNDEZ C.
Dos años han transcurrido desde que se iniciaron en el Táchira una serie de protestas que se extendieron a varias zonas de Venezuela y pusieron en jaque al gobierno chavista de Nicolás Maduro. Solamente en el estado andino sumaron ocho muertes, numerosas detenciones, muchas de ellas arbitrarias, y grandes destrozos a propiedades públicas y privadas. A la fecha, solo hay un detenido acusado de asesinato.
El estado Táchira salió del anonimato internacional en febrero de 2014, cuando una protesta estudiantil que reclamaba seguridad para la Universidad de los Andes, -ULA- y que se desarrollaba dentro del legítimo derecho constitucional a la manifestación, fue repelida por los órganos de seguridad del Estado, lo que dio origen a la radicalización por parte de los estudiantes.
Por un lapso aproximado de 45 días la manifestación se intensificó, cada esquina, barrio y urbanización de la zona metropolitana y periférica de la capital tachirense se convirtió en campo de batalla. En estas trincheras luego de la una de la tarde regía un toque de queda obligado y nunca anunciado, cundía el pánico entre quienes fueran sorprendidos en la calle luego de la hora prevista.
“En el Táchira ocurrió un hecho bien particular: si bien es cierto que las acciones de los manifestantes se frenaron en abril de 2014, no dejaron de realizarse. Se daban de manera intermitente, durante el 2015 continuó la protesta”, detalló Raquel Sánchez, coordinadora de la ONG de derechos humanos Foro Penal, en la región andina.
El silencio de la noche era espeluznante hasta que el resonar de disparos de bombas lacrimógenas y perdigones, era la diana de la batalla campal en cualquier punto de la ciudad. Contingentes de soldados del Ejército y de la Guardia Nacional fueron movilizados a San Cristóbal para frenar la lucha que cada noche mantenía en vilo a los pobladores, quienes con el sonido de las trompetas “vavuzelas”, advertían a los manifestantes la aproximación de la autoridad.
Por la mañana, una aparente calma sobrecogía la ciudad, en ciertos sectores, el apaciguamiento era aprovechado por la gente que hacía compras nerviosas de alimentos.
El sobrevuelo de aviones de guerra en San Cristóbal puso en alerta a sus habitantes. “Aquí la cosa era en serio. Con los aviones atemorizaron a la gente. Pero eso enardeció aun más los ánimos de quienes día a día se unían a la protesta más grande que he visto en mi vida”, dijo José Rodríguez, habitante de la avenida Carabobo, zona que fue tomada por el movimiento estudiantil y en la que cayó muerto el joven Daniel Tinoco.
La protesta que hoy se recuerda como “la guarimba”, fue levantada el 31 de marzo de 2014, bajo un fuerte despliegue militar por tierra y aire que movilizó a un grueso número de tropa militar desde el centro del país hacía el Táchira. La acción dejo varios detenidos.
Lo que dejó la protesta
Un total de 396 personas aprehendidas logró documentar el Foro Penal Venezolano, durante las protestas de los años 2014 y 2015. Al día de hoy la mayoría de esas causas permanecen abiertas y algunos ciudadanos han obtenido medidas sustitutivas de libertad bajo régimen de presentación. Se han dado 60 sobreseimiento – fin del proceso penal-. Mientras que otros continúan detenidos, explicó la representante de Foro Penal.
Gregory Sanabria, Josman David Paredes, Gerardo Carrero, Renzo Prieto, Juan Pablo Giraldo, estudiantes y Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, permanecen detenidos en la capital venezolana, vinculados a las manifestaciones.
Ninguno de ellos fue apresado en el contexto de la protesta de calle, sino que fueron detenidos previo a una averiguación penal que condujo a sus capturas. La mayoría de sus causas están fundamentadas en informes entregados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia –Sebin- sin otras pruebas que soporten la investigación, detalló la representante del Foro Penal.
El retardo procesal ha sido la constante en la causas de los tachirenses detenidos en la sede del Sebin en el Helicoide. “Se han evidenciado hasta 19 diferimientos a una sola causa”, dijo la defensora.
Una víctima para frenar el 08610
Uno de los casos más emblemáticos de muertes en protestas, corresponde a Kluivert Roa. Es la primera y la última víctima de la Resolución 08610, aprobada por el Ministerio de la Defensa, en la cual se autorizó el uso de armas letales para dispersar las manifestaciones a pesar que la misma Constitución Nacional lo prohíbe.
Al evaluar las actas procesales en el caso específico de Kluivert
Roa y luego de la exposición de hechos dada por el autor
material del crimen, el Policía Nacional Bolivariano, Javier
Mora, “no pudimos obviar el elemento político que está inmerso
dentro de los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas
Venezolanas, en el sentido del desprecio a la vida de una
persona por el solo hecho de manifestar”, apuntó Raquel
Sánchez, del Foro Penal.
Frases como “estaban guarimbeando”, “los guarimberos esos…” son los calificativos empleados por los integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, hacía los manifestantes, “como si estás personas no tuvieran derechos humanos”, precisó.
Guarimbas es el nombre que se le da en Venezuela a los piquetes y trincheras organizadas por manifestantes para cerrar calles y carreteras.
Cuando Kluivert cae, narró la abogada, “no llamaron, ni hicieron ningún tipo de requerimiento para auxiliarlo. Al contrario, causaron lesiones postmorten al tratar de llevarse el cadáver del sitio donde cayó. Raspaduras en rostro, brazos y hombros, se evidenciaron por el arrastre sufrido. En el supuesto que él hubiera formado parte de la protesta, ante todo era un ser humano”.
Se fueron con la guarimba
Durante el 2014 en Táchira se registraron 7 muertes en el marco de las protestas de calle. Algunas de estas causas fueron tratadas por el Ministerio Público como muertes accidentales y no entran dentro de las 43 que se manejan a nivel nacional.
El caso del joven Jimmy Vargas, fue tratado como muerte accidental, el Foro Penal no tuvo acceso a la causa porque nunca fue solicitado por los familiares.
La muerte de Danny Melgarejo, fue cerrada y archivada. “La persona que estaba detenida por el caso fue puesta en libertad, desconocemos los motivos por los cuales se hizo el sobreseimiento, fue liberado”, dijo la vocera del Foro Penal.
Con respecto a Daniel Tinoco se hicieron algunos pronunciamientos en los primeros meses que siguieron a su muerte, pero ni el Ministerio Público, ni el CICPC, dieron declaraciones por lo cual se desconoce cualquier tipo de culpabilidad en este caso. Igualmente sucedió con el Wilfredo Rey, cuyo asesinato fue tratado como “un sicariato”.
En resumen, del total de muertes acaecidas en el Táchira asociadas a las olas de protestas en el 2014 y 2015, se determinan a dos personas como perpetradores materiales de los hechos. Uno fue liberado –Caso Danny Melgarejo-. Mientras que quien disparó a Kluivert Roa fue condenado a 18 años. Aunque el Foro Penal ha presentado querella contra 11 funcionarios policiales más por su participación en el hecho.
Los protagonistas dicen que “montaron una olla”
“Vielma Mora (El gobernador de Táchira) fue el que nos mandó a Coro. Tenía una persecución con nosotros desde las protestas del año 2013”, dijo Reinaldo Manrique, presidente del Centro de Estudiantes de la ULA, quien junto a su hermano Leonardo Manrique y a Jesús Gómez fue trasladado a la penitenciaria de la ciudad de Coro, hecho que extendió la protesta del Táchira a gran parte del país.
Aseguró el estudiante a dos años de su reclusión “injusta” que el gobernador del Táchira, al ordenar su traslado y el de sus compañeros al lejano estado Falcón, “pretendió acabar con las cabezas del movimiento estudiantil, acción que les salió muy mal porque la gente siempre nos respaldó, defendió y esa situación se sumó a las protestas que la gente hacía por la situación del país y eso desencadenó una protesta nacional”.
Transcurrido el tiempo, cuando se le pide a Reinaldo Manrique
que haga un balance de los sucesos de 2014, el joven dice: “el
balance es de absoluta impunidad”.
“Quedó en evidencia la falta de equidad que existe en Venezuela para el ciudadano común, para el joven y el estudiante. Aquí se arruinó la vida de 43 familias, producto de los asesinatos del 2014, durante la protesta y no hay culpables hasta este momento”.
A pesar que se sabe quiénes detonaron las armas el 12 de febrero, no ha habido justicia, -prosiguió Manrique-.
A pesar que se sabe quiénes detonaron las armas el 12 de febrero, no ha habido justicia, -prosiguió Manrique-.
“Nos quisieron ver cómo los culpables de las “guarimbas”,
cuando el verdadero responsable fue el gobernador del Táchira y
su gente. “Ellos fueron quienes montaron la olla”, agregó.
Asegura que la lucha estudiantil ha valido la pena y el miedo a los estudiantes se les quitó hace mucho tiempo. “Estamos en pie y firmes dando la cara. Desde la universidad controlamos el descontento de los alumnos para que no se pierda el rumbo porque el Gobierno lo que quiere es que salgamos a la calle y llevarse a los estudiantes presos. Sin embargo no sé hasta dónde se va a poder retener las ganas de los jóvenes de buscar la justicia”.
Aun lloran lo sucedido
Hay quienes aseguran que las protestas de 2014 y 2015 en Táchira pasarán a la historia por la carga psicológica y social que conllevaron. Muchos tachirenses decidieron luego de las “guarimbas”, agarrar sus maletas y salir del país, como Karelia Santos, que dice “no haber superado el trauma que le dejo ver tanta represión” y hoy vive en Panamá.
Los más afectados son los padres, madres, hermanos y esposas de quienes sufrieron en carne propia los sucesos. Las familias no olvidan, la sangre llama y el corazón se arruga cuando se recuerda el episodio triste que los marcó.
“La detención de Renzo, como la de todos los demás jóvenes del
Táchira que están presos en Caracas, obedece a una orden dada
por el Gobernador José Gregorio Vielma Mora. Con mucha
responsabilidad lo denunció y puede preguntarle a cualquiera de
los familiares de los demás detenidos para que le confirmen lo
que estoy diciendo”, así lo afirma Carolina Prieto, hermana de
Renzo Prieto, estudiante tachirense detenido en Caracas el 10 de
mayo de 2014 y electo diputado suplente a la Asamblea
Nacional.
Viajar constantemente a Caracas a visitar a Renzo y llevarle su comida, no es sencillo para los Prieto, “golpea nuestro bolsillo pero hay que hacerlo porque el poco alimento que le han en el Helicoide no es apto para el consumo”, explica.
Erick Roa, padre de Kluivert Roa Nunez, perdonó a los asesinos de su hijo a pesar que “a Kluivert lo mataron cuando pedía clemencia a sus verdugos. Él suplicó que no lo mataran y ahí es donde le disparan con perdigones galvanizados, semejantes al plomo”, narró Erick con sentimiento de impotencia.
Pidió justicia no solo por su hijo, sino para todos los venezolanos muertos que el Gobierno ha lanzado al olvido.
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