UNA SITUACIÓN LÍMITE
por: Carlos Canache Mata
El gobierno se está
atrincherando en el TSJ para obstaculizar y contrarrestar las decisiones y
leyes que apruebe la nueva AN. El viernes pasado, en el acto de apertura del
año judicial, resonaron otra vez en el
recinto del máximo tribunal los gritos de “revolución, revolución” y “viva
Chávez”. Señal ostensible de que las togas ya tienen posiciones tomadas y están
dispuestas a postrarse a los pies del oficialismo.
En un verdadero Estado de
Derecho, el parlamento legisla, los jueces interpretan la ley y el Ejecutivo la hace cumplir. Esa
interacción entre los poderes está actualmente dislocada en Venezuela. Es
cierto que el artículo 335 de la Constitución establece que el TSJ es “el
máximo y último intérprete” de la Constitución, pero eso no lo convierte en
fortín desde donde se pueden disparar sentencias amañadas para debilitar o
invalidar lo que decida y los instrumentos legales que legítimamente sancione
la AN. La presidenta del TSJ dijo en su discurso que “el TSJ tiene plena
facultad para revisar los actos de los demás órganos de rango constitucional”,
lo que es verdad, pero esa revisión debe estar a salvo de del alegato de falsas
inconstitucionalidades. De lo contrario, habría una dictadura judicial por
mampuesto.
El señor Maduro, desde su
conuco mental, al hablar en el citado acto, anticipó que en “breve” habrá nuevos “choques” con la AN controlada
por la oposición, exhortando a “preparémonos para esas batallas”. Seguramente
se refería, entre otras cuestiones pendientes, a la Ley de Otorgamiento de
Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ya
aprobada en primera discusión por la AN, y a la Ley de Amnistía y
Reconciliación Nacional que entrará a la consideración parlamentaria en los
próximos días. Con respecto a la primera, ya hizo, como un agitador cualquiera,
un llamado “a la calle, a la calle, rebelión, rebelión, frente a la burguesía,
rebelión y punto”. Y de la segunda, ha dicho que jamás la firmaría.
Si el plan del gobierno es
bloquear el funcionamiento de la AN convirtiéndola en un objeto de adorno,
razón tiene el presidente de ésta, Henry Ramos Allup, cuando dice que “no nos
vamos a inhibir del cumplimiento de nuestras funciones constitucionales porque
un tribunal, que dentro y fuera de Venezuela está perfectamente bien reputado
como un apéndice del Ejecutivo, vaya a hacer ilusorias las funciones de esta
asamblea electa por el sufragio popular”.
Porque hay una tragedia
institucional y porque la crisis económica ha adquirido dimensiones de
catástrofe (la dramática escasez de alimentos y de medicinas es sólo uno de los
rostros que vemos) es que se justifica, con el gozo nacional, la decisión de la
oposición democrática de recurrir a una de las varias vías constitucionales que
nos llevará prontamente al cese del régimen actual y su sustitución por otro
soberanamente elegido por el voto del pueblo venezolano.
Cuando se vive una
situación límite, las decisiones tienen carácter existencial.
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