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13 de mayo de 2016

LA ÚLTIMA FECHORÍA, por: Carlos Canache Mata, EL NUEVO PAÍS /pararescatarelporvenir.blogspot.com , miércoles 4 de mayo de 2016

LA ÚLTIMA FECHORÍA


por: Carlos Canache Mata
  

Apoyado en el Tribunal Supremo de Justicia, que le sirve de bastón, el gobierno se ha alzado contra la Asamblea Nacional y la Constitución. Una camarilla civil-militar ha activado una guillotina judicial que decapita las leyes que salen del Parlamento y las decisiones que adopta. Para cercenar las funciones del Poder Legislativo, esa camarilla a veces actúa por cuenta propia y en otras ocasiones pone música a una partitura que le escriben desde Cuba. La voluntad popular, representada desde el 6-D por la Asamblea Nacional, está cercada, pero aguarda la ocasión para hacerse sentir y valer.

   No sólo como bastón, el Tribunal Supremo de Justicia también le sirve al gobierno al colocar a su Sala Constitucional como mascarón de proa para sus asaltos al Texto Fundamental.

   Acaba de consumarse la última fechoría de los conjurados contra la democracia y el orden institucional. La Asamblea Nacional, el 28 de abril, aplicó el artículo 246 de la Constitución que dispone que “la aprobación de una moción de censura a un Ministro o Ministra por una votación no menor de las tres quintas partes de los o las integrantes presentes de la Asamblea Nacional, implica su remoción”. Y, en ejercicio de su atribución de “control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional” (art. 187, numeral 3, de la Constitución), la Asamblea Nacional había citado a comparecer al Ministro de Alimentación para precisar su responsabilidad en la grave crisis alimentaria que vive el país y respondiera algunas acusaciones relacionadas con su gestión, citación que no atendió. Ese es el contexto en que se produjo el voto de censura, que ahora, sorprendido en flagrante violación del artículo 246 constitucional, rechaza el gobierno.

   La noche del mismo 28 de abril, Nicolás Maduro, que cumplía en Puerto La Cruz una actividad gubernamental, declaró: “Yo le digo a usted (se dirigía al presidente de la Asamblea Nacional): esa decisión es írrita y nula, y, como írrita y nula, no existe, así de sencillo”. Se adelantaba al pronunciamiento que le correspondía a la Sala Constitucional, su obsecuente servidora, siempre presta a doblar la cerviz.

 Con arrogancia que no sé en qué la fundamenta, el ocupante de Miraflores agregó que “al ministro no lo remueve nadie” y envolviendo un papel, sustitutivo de aquel en que se le participaría la decisión de la Asamblea Nacional, siguió diciendo, con la vulgaridad característica del difunto del cual es causahabiente: “Aquí le mando su carta (al presidente de la AN), devuélvansela intacta, así como está, para ver qué uso le puede dar al papel que me envió de la carta espuria, írrita y nula de la AN”.


      Como Maduro y los diputados oficialistas, en el debate parlamentario, argumentaron, para sostener el rechazo al voto de censura, que la Sala había suspendido algunos artículos del  Reglamento Interior y de Debates de la AN, Henry Ramos les respondió contundentemente al aclararles que ese Reglamento “forma parte de las normas internas corporis que en ejecución directa de la Constitución esta Asamblea dicta y que solo esta AN puede modificar”.

2 de febrero de 2016

UNA SITUACIÓN LÍMITE, por: Carlos Canache Mata, EL NUEVO PAÍS / pararescatarelporvenir.blogspot.com 3 de febreo de 2016


UNA SITUACIÓN LÍMITE




por: Carlos Canache Mata
   El gobierno se está atrincherando en el TSJ para obstaculizar y contrarrestar las decisiones y leyes que apruebe la nueva AN. El viernes pasado, en el acto de apertura del año judicial, resonaron otra vez  en el recinto del máximo tribunal los gritos de “revolución, revolución” y “viva Chávez”. Señal ostensible de que las togas ya tienen posiciones tomadas y están dispuestas a postrarse a los pies del oficialismo.

   En un verdadero Estado de Derecho, el parlamento legisla, los jueces interpretan la  ley y el Ejecutivo la hace cumplir. Esa interacción entre los poderes está actualmente dislocada en Venezuela. Es cierto que el artículo 335 de la Constitución establece que el TSJ es “el máximo y último intérprete” de la Constitución, pero eso no lo convierte en fortín desde donde se pueden disparar sentencias amañadas para debilitar o invalidar lo que decida y los instrumentos legales que legítimamente sancione la AN. La presidenta del TSJ dijo en su discurso que “el TSJ tiene plena facultad para revisar los actos de los demás órganos de rango constitucional”, lo que es verdad, pero esa revisión debe estar a salvo de del alegato de falsas inconstitucionalidades. De lo contrario, habría una dictadura judicial por mampuesto.

   El señor Maduro, desde su conuco mental, al hablar en el citado acto, anticipó que en “breve”  habrá nuevos “choques” con la AN controlada por la oposición, exhortando a “preparémonos para esas batallas”. Seguramente se refería, entre otras cuestiones pendientes, a la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ya aprobada en primera discusión por la AN, y a la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que entrará a la consideración parlamentaria en los próximos días. Con respecto a la primera, ya hizo, como un agitador cualquiera, un llamado “a la calle, a la calle, rebelión, rebelión, frente a la burguesía, rebelión y punto”. Y de la segunda, ha dicho que jamás la firmaría.

   Si el plan del gobierno es bloquear el funcionamiento de la AN convirtiéndola en un objeto de adorno, razón tiene el presidente de ésta, Henry Ramos Allup, cuando dice que “no nos vamos a inhibir del cumplimiento de nuestras funciones constitucionales porque un tribunal, que dentro y fuera de Venezuela está perfectamente bien reputado como un apéndice del Ejecutivo, vaya a hacer ilusorias las funciones de esta asamblea electa por el sufragio popular”.

   Porque hay una tragedia institucional y porque la crisis económica ha adquirido dimensiones de catástrofe (la dramática escasez de alimentos y de medicinas es sólo uno de los rostros que vemos) es que se justifica, con el gozo nacional, la decisión de la oposición democrática de recurrir a una de las varias vías constitucionales que nos llevará prontamente al cese del régimen actual y su sustitución por otro soberanamente elegido por el voto del pueblo venezolano.

   Cuando se vive una situación límite, las decisiones tienen carácter existencial.