Chuo Torrealba:
La emergencia económica, los zamuos cuidando carne… #opinión
Primero lo primero: Como la inmensa mayoría de los venezolanos no somos
abogados ni economistas, cuando uno escucha la expresión “Decreto de Emergencia
Económica” se tiene la sensación de algo, en principio, “positivo”: Pareciera
que por fin el gobierno reconoció la existencia de la crisis que hasta hace
poco negaba, diciendo que era una “campaña mediática”, una “operación de guerra
psicológica” o que era una “situación inducida”, y que además piensa tomar
alguna medida al respecto, después de tres años desperdiciados en aquello de
“anunciar que anunciarán unos anuncios”…
LA CRISIS NO SE RESUELVE “EMPODERANDO” A SUS RESPONSABLES
Pero resulta que NO ES ASI. El Decreto de Emergencia Económica no tiene que
ver con la resolución de la crisis, sino con la intención de darle numerosos y
peligrosos poderes… ¡A los causantes de la crisis! En efecto, el texto del
Decreto faculta al Ejecutivo para muchísimas cosas: Desde, sin orden judicial alguna, “requerir de las personas
naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte,
canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, y demás
establecimientos, bienes inmuebles y demás mercancías”,hasta crear corralitos financieros al “establecer
límites máximos de ingresos y egresos de la moneda venezolana de curso legal en
efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones
comerciales o financieras. Restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos
debidamente autorizados”, pasando por “oficializar” el seguirse saltando
los escasos y débiles mecanismos de control de la corrupción al “dispensar de
las modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a
los órganos y entes contratantes…”.
UN ANTECEDENTE “ELECTRIZANTE”…
Pese a lo aberrante, esta situación no es novedosa: Ya en febrero de 2010,
hace seis años, vivimos una situación muy similar, con resultados desastrosos,
de los que el país debe aprender. En ese entonces el ciudadano Presidente de la
República emitió el Decreto Nº 7.228, mediante el cual se declaró el “estado de
emergencia sobre la Prestación del Servicio Eléctrico Nacional y sus
Instalaciones y Bienes Asociados, por un lapso de sesenta (60) días,
prorrogables, en virtud de lo cual se autoriza al Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica, para dictar por vía de excepción las medidas
especialísimas que estime pertinentes, a fin de garantizar a la población el
suministro de energía eléctrica…”
También en ese momento hubo venezolanos que confundieron la gimnasia con la
magnesia, y llegaron a decir “¡Que bueno! ¡Por fin el gobierno reconoció la
existencia de la emergencia eléctrica!”. Hasta dirigentes políticos y
periodistas “formadores de opinión” incurrieron en esa ligereza inexcusable. La
realidad fue contundente, catastróficamente contundente: Seis años después
todos los venezolanos podemos ver y evaluar para que sirvió el “Decreto de
Emergencia Eléctrica”: Los apagones siguen, las fallas endémicas en el servicio
siguen, la excusas increíbles e irrespetuosas de los burócratas que controlan
el sector siguen, exactamente iguales o peores en su cinismo… pero la gran
diferencia esta en el robo: Al amparo del “Decreto de Emergencia Eléctrica”
desapareció un inmenso carnaval de dinero que no mejoró el servicio, pero si
hizo inmensas fortunas.
Para que tengan una idea, referiremos un dato que tiene como fuente el
Colegio de Ingenieros de Venezuela: Para construir TODO el sistema eléctrico
venezolano (todo, desde las represas hasta los bombillos) la Venezuela
Democrática invirtió durante cuarenta años unos 40 mil millones de dólares. En
cambio, los gobiernos de Chávez y Maduro (supuestamente para “mejorar” la
prestación del servicio eléctrico) gastaron TRES VECES ESA CANTIDAD, unos 120
mil millones de dólares que sencillamente no están, desaparecieron, se
transformaron en yates, mansiones, aviones, cuentas en Andorra y otros paraísos
para el dinero mal habido… Y lamentablemente el país hoy no puede hacer nada,
NADA, ni exigir rendición de cuentas, ni pedir una sola factura… ¿Saben porqué?
¡Pues porque buena parte de toda esa desmesura se perpetró al amparo de una
“Ley de Emergencia Eléctrica”, que dio a los perpetradores no solo el poder de
hacerlo sino además la impunidad de que nadie jamás les pediría cuentas!
LA CRISIS SE RESUELVE EMPODERANDO LA VENEZUELA QUE PRODUCE
Ahora, seis años después, Maduro le pide a la Asamblea Nacional con mayoría
democrática que le apruebe un “Decreto de Emergencia” similar, con una inmensa
diferencia: Que está referido no a un sector del país, sino a TODA la economía.
Estemos claros: La “Emergencia Económica” no es un simple conjunto de medidas
para atender una situación puntual: Es en realidad una de las modalidades
previstas en la Ley de Estados de Excepción, es una figura que da licencia al
Ejecutivo para limitar o desconocer garantías constitucionales básicas y que
consagra como ya hemos visto un amplio margen de impunidad para los abusos y
hasta delitos que se perpetren bajo el manto de la “emergencia”, real o
supuesta. Todo esto, estamos seguros, será ponderado con serena agudeza por la
dirección política de la Mesa de la Unidad Democrática, y en función de ello se
girarán las instrucciones del caso a la Fracción Parlamentaria de la Unidad,
que actuará conforme al compromiso contraído el seis de diciembre: Colocar a la
Asamblea Nacional al servicio del país, no del Gobierno.
Al margen de todo el debate sobre el “Decreto de Emergencia” como trampa
leguleya del Ejecutivo para obtener amplios poderes sin solicitar una Ley
Habilitante, lo cierto es que si existe en el país una emergencia económica
terrible, que se expresa hoy en la escasez, las colas, la humillación y la
violencia a la que se ve expuesto nuestro pueblo para adquirir bienes
esenciales, como alimentos y medicinas. También es verdad que hay medidas
inaplazables que se deben y se pueden tomar, ya, tanto para enfrentar el hambre
urgente que como para recuperar la capacidad del país para producir los bienes
y servicios que necesitamos. Todo eso se puede y se debe hacer, y en Venezuela
hay el talento y los mecanismos necesarios para hacerlo. Pero eso no pasa por
darle mas poder e impunidad a los que, con su corrupción e ineficiencia,
generaron la crisis. Por el contrario, resolver la emergencia económica pasa
por relevar a los que la ocasionaron.
Y eso esta claro: En este país, cuyo gobierno en doce años recibió un
millón de millones de dólares por los altos precios del petróleo, la causa real
de la emergencia económica es el SAQUEO de esa inmensa riqueza. La solución,
obviamente, no consiste en darle todo el poder a los saqueadores, sino en
lograr que la Venezuela que trabaja y produce SE EMPODERE y tome decisiones
claras que no sean convertidas en nuevos negocios para beneficio de los
corruptos de siempre. De eso se trata. ¡Palante!
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Primero lo primero: Como la inmensa mayoría de los venezolanos no somos
abogados ni economistas, cuando uno escucha la expresión “Decreto de Emergencia
Económica” se tiene la sensación de algo, en principio, “positivo”: Pareciera
que por fin el gobierno reconoció la existencia de la crisis que hasta hace
poco negaba, diciendo que era una “campaña mediática”, una “operación de guerra
psicológica” o que era una “situación inducida”, y que además piensa tomar
alguna medida al respecto, después de tres años desperdiciados en aquello de
“anunciar que anunciarán unos anuncios”…
LA CRISIS NO SE RESUELVE “EMPODERANDO” A SUS RESPONSABLES
Pero resulta que NO ES ASI. El Decreto de Emergencia Económica no tiene que
ver con la resolución de la crisis, sino con la intención de darle numerosos y
peligrosos poderes… ¡A los causantes de la crisis! En efecto, el texto del
Decreto faculta al Ejecutivo para muchísimas cosas: Desde, sin orden judicial alguna, “requerir de las personas
naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte,
canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, y demás
establecimientos, bienes inmuebles y demás mercancías”,hasta crear corralitos financieros al “establecer
límites máximos de ingresos y egresos de la moneda venezolana de curso legal en
efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones
comerciales o financieras. Restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos
debidamente autorizados”, pasando por “oficializar” el seguirse saltando
los escasos y débiles mecanismos de control de la corrupción al “dispensar de
las modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a
los órganos y entes contratantes…”.
UN ANTECEDENTE “ELECTRIZANTE”…
Pese a lo aberrante, esta situación no es novedosa: Ya en febrero de 2010,
hace seis años, vivimos una situación muy similar, con resultados desastrosos,
de los que el país debe aprender. En ese entonces el ciudadano Presidente de la
República emitió el Decreto Nº 7.228, mediante el cual se declaró el “estado de
emergencia sobre la Prestación del Servicio Eléctrico Nacional y sus
Instalaciones y Bienes Asociados, por un lapso de sesenta (60) días,
prorrogables, en virtud de lo cual se autoriza al Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica, para dictar por vía de excepción las medidas
especialísimas que estime pertinentes, a fin de garantizar a la población el
suministro de energía eléctrica…”
También en ese momento hubo venezolanos que confundieron la gimnasia con la
magnesia, y llegaron a decir “¡Que bueno! ¡Por fin el gobierno reconoció la
existencia de la emergencia eléctrica!”. Hasta dirigentes políticos y
periodistas “formadores de opinión” incurrieron en esa ligereza inexcusable. La
realidad fue contundente, catastróficamente contundente: Seis años después
todos los venezolanos podemos ver y evaluar para que sirvió el “Decreto de
Emergencia Eléctrica”: Los apagones siguen, las fallas endémicas en el servicio
siguen, la excusas increíbles e irrespetuosas de los burócratas que controlan
el sector siguen, exactamente iguales o peores en su cinismo… pero la gran
diferencia esta en el robo: Al amparo del “Decreto de Emergencia Eléctrica”
desapareció un inmenso carnaval de dinero que no mejoró el servicio, pero si
hizo inmensas fortunas.
Para que tengan una idea, referiremos un dato que tiene como fuente el
Colegio de Ingenieros de Venezuela: Para construir TODO el sistema eléctrico
venezolano (todo, desde las represas hasta los bombillos) la Venezuela
Democrática invirtió durante cuarenta años unos 40 mil millones de dólares. En
cambio, los gobiernos de Chávez y Maduro (supuestamente para “mejorar” la
prestación del servicio eléctrico) gastaron TRES VECES ESA CANTIDAD, unos 120
mil millones de dólares que sencillamente no están, desaparecieron, se
transformaron en yates, mansiones, aviones, cuentas en Andorra y otros paraísos
para el dinero mal habido… Y lamentablemente el país hoy no puede hacer nada,
NADA, ni exigir rendición de cuentas, ni pedir una sola factura… ¿Saben porqué?
¡Pues porque buena parte de toda esa desmesura se perpetró al amparo de una
“Ley de Emergencia Eléctrica”, que dio a los perpetradores no solo el poder de
hacerlo sino además la impunidad de que nadie jamás les pediría cuentas!
LA CRISIS SE RESUELVE EMPODERANDO LA VENEZUELA QUE PRODUCE
Ahora, seis años después, Maduro le pide a la Asamblea Nacional con mayoría
democrática que le apruebe un “Decreto de Emergencia” similar, con una inmensa
diferencia: Que está referido no a un sector del país, sino a TODA la economía.
Estemos claros: La “Emergencia Económica” no es un simple conjunto de medidas
para atender una situación puntual: Es en realidad una de las modalidades
previstas en la Ley de Estados de Excepción, es una figura que da licencia al
Ejecutivo para limitar o desconocer garantías constitucionales básicas y que
consagra como ya hemos visto un amplio margen de impunidad para los abusos y
hasta delitos que se perpetren bajo el manto de la “emergencia”, real o
supuesta. Todo esto, estamos seguros, será ponderado con serena agudeza por la
dirección política de la Mesa de la Unidad Democrática, y en función de ello se
girarán las instrucciones del caso a la Fracción Parlamentaria de la Unidad,
que actuará conforme al compromiso contraído el seis de diciembre: Colocar a la
Asamblea Nacional al servicio del país, no del Gobierno.
Al margen de todo el debate sobre el “Decreto de Emergencia” como trampa
leguleya del Ejecutivo para obtener amplios poderes sin solicitar una Ley
Habilitante, lo cierto es que si existe en el país una emergencia económica
terrible, que se expresa hoy en la escasez, las colas, la humillación y la
violencia a la que se ve expuesto nuestro pueblo para adquirir bienes
esenciales, como alimentos y medicinas. También es verdad que hay medidas
inaplazables que se deben y se pueden tomar, ya, tanto para enfrentar el hambre
urgente que como para recuperar la capacidad del país para producir los bienes
y servicios que necesitamos. Todo eso se puede y se debe hacer, y en Venezuela
hay el talento y los mecanismos necesarios para hacerlo. Pero eso no pasa por
darle mas poder e impunidad a los que, con su corrupción e ineficiencia,
generaron la crisis. Por el contrario, resolver la emergencia económica pasa
por relevar a los que la ocasionaron.
Y eso esta claro: En este país, cuyo gobierno en doce años recibió un
millón de millones de dólares por los altos precios del petróleo, la causa real
de la emergencia económica es el SAQUEO de esa inmensa riqueza. La solución,
obviamente, no consiste en darle todo el poder a los saqueadores, sino en
lograr que la Venezuela que trabaja y produce SE EMPODERE y tome decisiones
claras que no sean convertidas en nuevos negocios para beneficio de los
corruptos de siempre. De eso se trata. ¡Palante!
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