Declaración de los ex presidentes ante amenazas a soberanía y situación de presos políticos en Venezuela
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Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones sobre Venezuela bajo patrocinio de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresamos nuestra preocupación por los amagos de crisis constitucional y democrática luego de las elecciones parlamentarias realizadas el último 6 de diciembre y la obtención de una mayoría calificada de diputados por las fuerzas de oposición.
Una misión nuestra – integrada por los ex presidentes Andrés Pastrana, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez, Mireya Moscoso, Luis Alberto La Calle y Jorge Tuto Quiroga – se hizo presente durante dicha jornada a pedido de la Mesa de la Unidad Democrática. Adoptó como guía para su acompañamiento electoral la carta que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dirige entonces a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, haciéndole saber que “existen razones para creer que las condiciones en las que el pueblo va a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos momentos garantizadas”.
Sin perjuicio de ello, los citados expresidentes formularon un llamado al pueblo venezolano para que, mediante el ejercicio masivo del voto, superen la ausencia de un auténtico clima de competitividad electoral en virtud de la hegemonía comunicacional del Estado y la “invisibilización” de los candidatos de la oposición; las inhabilitaciones políticas impuestas a algunos de éstos; la persecución o el encarcelamiento de líderes políticos por sus disidencias de opinión; y hasta la clonación de la tarjeta de la Unidad opositora por un partido afecto al gobierno. El Poder Electoral, cuya mayoría calificada la forman rectoras alineadas con el partido oficial, por lo demás, rechaza toda forma de observación internacional.
Incluso así, tanto la Ministro de Relaciones Exteriores como el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, manifestaron a los ex presidentes integrantes de la misión de IDEA que el país cuenta con “el mejor y más seguro sistema electoral del mundo” y el último, en lo particular, expresa en dicha oportunidad que de perder las elecciones sus candidatos reconocería los resultados electorales. “Prefiero perder a comprometer la paz de la república”, son sus palabras. Y así lo cumple, en primera instancia.
Una vez proclamados por las autoridades electorales los 112 diputados electos como representantes de la Unidad democrática de oposición y los 55 diputados representantes del partido oficial, PSUV, quedan ellos, al efecto, protegidos por la inmunidad que la propia Constitución les garantiza en beneficio de la autonomía soberana del cuerpo legislativo electo; pero seguidamente se pone en marcha una estrategia coludida por los demás poderes del Estado a objeto de desconocer en los hechos la soberanía popular manifestada.
La Asamblea Nacional que concluye sus tareas y pierde el beneplácito de dicha soberanía, procede a crear un parlamento comunal constitucionalmente inexistente y paralelo, no electo por el pueblo, permitiéndole usar como sede el Palacio Federal Legislativo. Acto seguido vota la designación apresurada, sin ajustarse a los mecanismos constitucionales establecidos, de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en sus distintas Salas, entre estas la Constitucional y la Electoral; nombrando al efecto y como jueces a diputados del oficialismo que cesan en sus funciones o pierden como candidatos en las elecciones realizadas.
En vísperas de instalarse la nueva Asamblea con su distinta integración y elegir sus autoridades, el oficialismo usa del Tribunal Supremo así reconstituido para desconocer la proclamación ya realizada de 4 diputados electos por el Estado Amazonas y a renglón seguido, afecta el principio constitucional de supremacía de la soberanía popular y de autonomía del órgano parlamentario, mediante una abierta usurpación de poderes, hasta el punto de declarar nulas e ineficaces todas las actuaciones de la Asamblea Nacional.
Ante ello, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se ha dirigido el 12 de enero último al Presidente Maduro a fin de advertirle que el desconocimiento de la soberanía popular tanto como el atentado contra el funcionamiento del parlamento por parte de otros poderes del Estado, afecta gravemente el orden constitucional y democrático; y ello, de cristalizar, le obligaría a invocar las normas de garantía contenidas en la Carta Democrática Interamericana, en lo particular su artículo 20.
En buena hora, tras amenazas en contra, el pasado 15 de enero el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acude a la Asamblea Nacional para presentar su Memoria ante la nación y con ello reconocer la autoridad del parlamento y su directiva electa, que encabeza el diputado Henry Ramos Allup; expresando ambos la necesidad de un diálogo político e institucional.
Quienes suscribimos la presente declaración hacemos nuestra la observación del Secretario General de la OEA en cuanto a que, el respeto a la soberanía popular y su primacía ata a todos los poderes constituidos del Estado; lo que no es óbice para que tenga lugar, en sede judicial, una controversia acerca de la regularidad y validez de cualquier elección, siempre y cuando se suceda a través un proceso contradictorio ordinario, ante jueces imparciales e independientes, y que asegure a la misma voluntad popular y los derechos de sus representantes y no se traduzca en un menoscabo de las potestades constitucionales e históricas de un parlamento cabalmente democrático.
Pedimos de la opinión pública internacional y a nuestros respectivos gobiernos estar atentos y vigilantes de la situación política e institucional de Venezuela. Y al Presidente Maduro como al Presidente de la Asamblea Nacional les reiteramos nuestra disposición a interponer los buenos oficios que se requieran, a fin de favorecer entre las partes caminos de diálogo y negociación que permitan resolver, con estricto apego a la Constitución y las normas de la Carta Democrática Interamericana, las diferencias políticas existentes; atender las graves circunstancias económicas y sociales que sufre sin discriminación el pueblo venezolano; favorecer un clima de paz mediante la liberación de los presos políticos y el respeto a su dignidad e integridad personal como a las de sus familiares; y ayudar en la reinstitucionalización de la democracia, el Estado de Derecho, y el respeto y garantía de todos los derechos humanos para todos.
20 de enero de 2016.
Oscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
Nicolás Ardito Barletta, Panamá
Belisario Betancur, Colombia
Armando Calderón Sol, El Salvador
Felipe Calderón H., México
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
Laura Chinchilla, Costa Rica
Alfredo Cristiani, El Salvador
Vicente Fox, México
Eduardo Frei, Chile
César Gaviria, Colombia
Felipe González, España
Lucio Gutiérrez, Ecuador
Osvaldo Hurtado, Ecuador
Luis Alberto La Calle, Uruguay
Ricardo Lagos, Chile
Luis Alberto Monge, Costa Rica
Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia
Sebastián Piñera, Chile
Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
Álvaro Uribe V., Colombia
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
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