Dentro de escasos días se cumplirán dos años, de este documento, que un grupo de venezolanos firmamos, he hicimos público. De una revisión desapasionada -si esto fuese posible- del mismo, encontramos que los índices causales de nuestro llamado a la acción, no han hecho sino agravarse exponencialmente hasta niveles intolerables. El único hecho que pudiera diferenciarse, el reconocimiento de la derrota electoral del PSUV, no altera en lo absoluto la substancia del escrito, si no pudieron materializar el fraude, fue precisamente por la posición institucional de la Fuerza Armada y por la presión internacional. Todos los actos posteriores del régimen abonan su voluntad de desconocer la soberanía del pueblo y torcer su voluntad, a través de un TSJ vergonzante. Por estas razones decidí reeditar el texto, con todas sus firmas, sin faltar la del querido y admirado Dr.Enrique Tejera París, hoy fallecido. Salud y adelante
ALFREDO CORONIL HARTMANN
Itaca 27 de enero de 2016.
Mensaje urgente dirigido al pueblo venezolano, a las Fuerzas
Armadas, a los gobiernos occidentales y a los medios de comunicación.
URGE UNA
TRANSICIÓN PARA RESCATAR LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA
Caracas, febrero de 2014
Éste es un
documento elaborado con carácter de urgencia, dirigido a todos los venezolanos
de buena voluntad, especialmente a los integrantes de las Fuerzas Armadas
Nacionales, así como a las autoridades de los gobiernos del hemisferio
occidental y a los medios de comunicación. Los objetivos de este texto son los
siguientes:
Primero, exponer las razones por las cuales es necesario que en
Venezuela se produzca cuanto antes una transición amparada en la Constitución,
con el fin de evitar una catástrofe humanitaria, rescatar la democracia y
reconstruir la República.
Segundo, explicar cuáles deberían ser los alcances de
dicha transición, para que quede enmarcada dentro de los parámetros
establecidos por la Constitución, las leyes vigentes y el Derecho Humanitario
internacional.
Tercero, preparar a la opinión pública nacional e internacional
para los acontecimientos excepcionales que seguramente se desarrollarán en
Venezuela, a fin de que puedan comprender los cambios políticos extraordinarios
que se llevarán a cabo en nuestro país. Lamentablemente, el gobierno venezolano
ha cerrado cualquier posibilidad electoral, judicial o legislativa, para
restablecer la democracia, garantizar la vigencia de la Constitución y defender
la República de su inminente disolución. Como se mostrará a continuación, el
desmoronamiento se observa en todos los ámbitos del devenir nacional: economía,
petróleo, salud, suministro eléctrico, seguridad, justicia, libertades,
derechos humanos, y muchos otros que no se mencionan en este informe, para no
alargarlo demasiado.
Paradójicamente, la destrucción de los tejidos sociales y
económicos de Venezuela se produce justo cuando nuestro país ha percibido los
mayores ingresos de toda su historia, debido al aumento del precio del crudo.
Desde que el chavismo llegó al poder, hace ya quince años, se ha venido violando
sistemáticamente la Constitución, infligiéndose en la práctica golpes de Estado
sucesivos. Y si todo lo anterior no fuera suficiente, el Gobierno ha
subordinado nuestra patria al régimen castro comunista cubano e incluso
propiciado abiertamente la creación de una confederación cubano-venezolana
regida desde La Habana. Como consecuencia de lo anterior, ya se ha iniciado un
proceso de insurrección popular y de estallido social en nuestro país, que se
evidencia con protestas por diversos motivos, cada vez más frecuentes; anarquía
y pérdida de la gobernabilidad; y el intento desesperado del oficialismo de
mantenerse en el poder a través de una represión creciente y despiadada, lo
cual exalta aún más los ánimos de la población. Si las Fuerzas Armadas no
intervienen oportunamente –en el marco de lo que les ordena la Constitución–
para poner orden y restablecer el estado de Derecho, las consecuencias podrían
ser sumamente graves, y se pondría en riesgo no sólo la estabilidad y la paz de
Venezuela, sino las de toda la región.
Economía:
El 30 de enero pasado, un grupo
de 47 prestigiosos economistas hizo público un comunicado ante la grave
situación económica que se vive en Venezuela. Estos expertos opinan que “los
desequilibrios acumulados en materia fiscal, monetaria y cambiaria de la última
década se manifiestan en una tasa de inflación anual de las más altas del
mundo, una escasez desbordada, un déficit del sector público consolidado
excesivamente alto… Se trata de un auténtico círculo vicioso de prácticas
gubernamentales incapaces de proveer estabilidad económica a Venezuela”. Más
adelante añaden que “esta crisis no obedece exclusivamente a políticas
económicas desacertadas, sino a una conducción gubernamental sin respeto a
límites legales en el área económica-financiera y a una concepción ideológica
radical que justifica el fin revolucionario por encima de cualquier otra
consideración”. Finalmente concluyen que “de continuar el Gobierno en el
presente curso, los problemas económicos de los venezolanos se agravaran en forma
dramática. El alza sostenida de los precios, la caída del ingreso real, las
limitadas oportunidades de empleos bien remunerados y la escasez de alimentos,
medicinas y una variedad de bienes de uso frecuente, harán de la vida de los
venezolanos un proceso de empobrecimiento y padecimiento por pesadas
dificultades económicas, todas relacionadas entre sí” (http://to.ly/rrmX).
Un
editorial publicado en el diario Tal Cual el pasado 6 de febrero, informa que
el Gobierno “tiene una deuda de más de 10 mil millones de dólares con el sector
privado por importaciones, cifra que representa más del 50% del total de las
reservas internacionales y más de cinco veces las reservas líquidas para hacer
pagos al exterior”. El editorial añade que “el déficit del sector público por
un exceso de gastos con relación a los ingresos es por un monto estimado en 15%
del PIB en el 2013; y un saldo de deuda pública superior a los 200 mil millones
de dólares” (http://to.ly/ryCn). El desabastecimiento en Venezuela ha alcanzado
niveles impensables para un país que ha recibido ingresos tan fabulosos en los
últimos quince años. Escasean los repuestos, las medicinas, los alimentos
básicos, los pasajes aéreos, el papel de imprenta, los productos higiénicos, e
incluso el papel sanitario, lo cual fue objeto de numerosos titulares en los
medios internacionales (http://to.ly/rur2).
De acuerdo a un estudio publicado
por el diario El Universal el pasado 8 de febrero, Venezuela pasó a tener el
riesgo país más elevado del mundo. “La percepción de riesgo de los
inversionistas se traduce en que si Venezuela emite bonos tendría que cancelar
una tasa de interés de 14,44 puntos porcentuales por encima de lo que paga
Estados Unidos, que es la nación que se financia al menor costo. Siguen a
Venezuela, Argentina, que tendría que cancelar 9,66 puntos porcentuales y
Bielorrusia 7,34 puntos, y muy lejos se encuentra el resto de los países
latinoamericanos donde el promedio es de 4,6 puntos (http://to.ly/rBd7). Al
momento de escribir estas líneas, Toyota y General Motors anunciaron el cierre
de sus actividades en Venezuela por falta de piezas para ensamblar vehículos y
por la enorme deuda en dólares que el Gobierno tiene con esas empresas
(http://to.ly/rBdv).
Increíblemente, mientras Venezuela se hunde en la miseria,
el gobierno venezolano ha dilapidado fortunas financiando a sus aliados
políticos en el exterior. En el libro Concentración de poder: revés del sueño
protagónico, escrito por Orlando Zamora, quien fuera jefe de la división de
análisis de riesgo cambiario del Banco Central de Venezuela, se documentan los
gastos gubernamentales en el extranjero. Zamora calcula que lo gastado para
financiar otros países entre 2000 y 2012 asciende a 35 millardos de dólares.
Sin embargo, la Mesa de la Unidad Democrática asegura que la cifra es realmente
el doble, 70 millardos de dólares.
Entre las numerosas “inversiones” en el
exterior se encuentran 6.6 millardos para la construcción de una refinería en
Nicaragua, un millón para una escuela de samba brasileña, 18 millones regalados
al actor estadounidense Danny Glover para realizar una película, aportes para
construir viviendas en Mali, subsidios a la calefacción en Estados Unidos,
rehabilitación de la red eléctrica en Gambia, ayudas a Bolivia, y, por
supuesto, apoyos a Cuba por 23 millardos de dólares. A lo cual habría que
añadir las compras de armamento y equipos militares, que convirtieron a
Venezuela en el mayor importador de armamento de América Latina
(http://to.ly/rrl6). Una fortuna equivalente, o hasta mayor, se dilapidó a
través de la corrupción. Son centenares los casos de extravío de fondos
públicos que se han denunciado públicamente, incluso por boca de funcionarios
gubernamentales. En marzo de 2013, el Ministro de Planificación y Finanzas,
Jorge Giordani, denunció que se habían otorgado 25 mil millones de dólares a
empresas de maletín (http://to.ly/rCMi).
La ONG Transparencia Internacional
califica a Venezuela como el país más corrupto de América Latina, y lo coloca
en el puesto 165 entre 176 países (http://to.ly/rCMT). Petróleo Según un
informe elaborado por la firma de asesores Interamerican Trends, con sede en
Washington, pese a haber atravesado por la mayor bonanza petrolera de su
historia, Venezuela enfrenta un futuro económico sombrío y la calidad de vida
en el país podría venirse abajo severamente para finales de la presente década,
dados los grandes cambios sistémicos que se vislumbran en el mercado mundial de
crudos y la incoherente administración del chavismo.
Los expertos recomiendan
abandonar urgentemente las políticas que han propiciado el deterioro de nuestra
industria petrolera y realizar las inversiones necesarias para aumentar
significativamente la producción de crudo si no queremos volver a ver los
índices de pobreza y retraso que registraban hace 100 años (http://to.ly/rrso).
Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos señalan
que la importación de combustibles por parte de Petróleos de Venezuela desde
los EE.UU. al cierre del tercer trimestre triplica la cifra de hace dos años,
lo cual constituye un escándalo, dado que Venezuela ha sido siempre un país
exportador.
En 1988, antes de que Chávez llegara al poder, los despachos a
Estados Unidos se colocaron por encima de 1.9 millones de barriles por día,
pero en 2013 se desplomaron a un mínimo de 601.000 barriles
(http://to.ly/rrtl). No es de extrañar que la industria petrolera venezolana se
haya venido abajo, puesto que en el año 2002 el Gobierno despidió
arbitrariamente a 30 mil trabajadores capacitados y experimentados, y los sustituyó
por otros sin la calificación requerida, pero dispuestos a seguir las
directrices políticas del chavismo. Esto explica que una inspección externa
realizada en marzo de 2013 por la firma RJG Risk Engineering en las dos
refinerías en la península de Paraguaná —incluyendo la de Amuay, donde una
dantesca explosión mató a 41 personas para convertirse en el peor accidente en
la historia de la industria petrolera del país— dejó al descubierto una larga
lista de fallas de mantenimiento y que el año anterior las instalaciones habían
registrado al menos un centenar de incendios (http://to.ly/rrtJ).
Según un
informe publicado en el diario El Universal, el endeudamiento de PDVSA se
disparó 171 por ciento en seis años. En 2006 la deuda era de 16 millardos de dólares
y en 2013 terminó en 43,3 millardos de dólares (http://to.ly/ryCU). Esto se
debe, entre otros motivos, a la baja en la producción, el aumento desmedido de
la nómina laboral, el financiamiento a las actividades de corte político y
social (por ejemplo, las llamadas misiones), el pago de deuda externa con crudo
(caso China), el envío de petróleo en condiciones desfavorables a gobiernos
aliados (caso Cuba) y, por supuesto, la corrupción, que ha alcanzado niveles
escandalosos.
Salud. En noviembre del año pasado, un grupo de organizaciones
sociales, gremiales, sindicales, académicas e individualidades vinculadas al
sector público de la salud, emitieron un comunicado para denunciar que “el
desabastecimiento de insumos básicos y medicamentos, la falta de personal
médico por renuncia o ausencia, y los problemas derivados del deterioro de la
infraestructura o una inadecuada planificación de obras que no responden a los
estándares técnicos o que han quedado inconclusas, continúan siendo parte de
los principales problemas de los centros públicos de salud que afectan
especialmente a los sectores más humildes de nuestra población”
(http://to.ly/rnpb). En cuanto al ramo privado de la salud, el presidente
ejecutivo de la Asociación de Clínicas y Hospitales, Cristino García, alertó
sobre la posibilidad de que cierren servicios como hematología y diálisis de
las clínicas privadas. Además, García explicó que “de los más de 200 afiliados
de la asociación muchos tienen insumos solo para los próximos 30 días mientras
que el promedio de inventario alcanza los 45 días” (http://to.ly/rrmP). De
acuerdo a un informe publicado el 3 de febrero pasado en el diario El Nacional,
“por lo menos ocho materiales usados para el diagnóstico de los seis tipos de
cáncer con mayor incidencia en Venezuela están en proceso de agotarse o ya no
se consiguen. La escasez de suministros para neoplasias de próstata, pulmón o
bronquios, mamas, cuello uterino, colorrectal y estómago se agudiza cada día
por falta de divisas… Los inventarios de materiales para rayos X, mamografías y
ultrasonido alcanzan para tres semanas y las agujas para biopsias también están
por acabarse” (http://to.ly/rrrm). Lo mismo ocurre con muchos otros insumos,
medicinas, reactivos y equipos.
Suministro eléctrico. Una investigación realizada
por profesores de la Universidad del Zulia y colgada en el portal
www.agenciadenoticias.luz.edu.ve, refiere que en Venezuela se registraron 534
apagones el año pasado, lo cual significa que hay más de dos por día. Desde
1998, el Gobierno Nacional ha presupuestado 50 mil millones de dólares
destinados a la electricidad pero se han perdido, porque a pesar de esta enorme
cantidad de dinero siguen los apagones en nuestro país (http://to.ly/rrvu). El
Grupo Ricardo Zuloaga, inspirado en el creador de la Electricidad de Caracas,
conformado por profesionales del área energética, consideran que los factores
que han originado la crisis eléctrica son: La subordinación y el control
político al cual se encuentra sometido el sector, la improvisación, la falta de
mantenimiento, el colapso de la red de distribución, las deficiencias en la
comercialización, la desatención de la fuerza laboral y la corrupción,
manifestada ésta en contratos que exceden injustificadamente los costos
razonables, y que además no se ejecutan. Estos expertos condenan que, por
razones políticas, exista una “discriminación hacia la provincia venezolana,
vía racionamiento de electricidad; dejando a millones de venezolanos del
interior sin un servicio eléctrico seguro y con la calidad que merecen, mientras
se salvaguarda a la capital de la República”. Consideran que además existe una
falta de transparencia y un bloqueo informativo por parte de las autoridades
gubernamentales, con la finalidad de ocultar la realidad de la crisis
(http://to.ly/rrvO). Adicionalmente, se han publicado numerosos reportajes
sobre la corrupción en el sector eléctrico. De acuerdo a estas denuncias, hasta
ahora no desmentidas, funcionarios de gobierno asignaron contratos sin
licitación a empresas de maletín, a cambio de jugosas comisiones, para obras
que nunca se ejecutaron. Los señalamientos hacen énfasis en la empresa Derwick
y en los llamados “bolichicos” (http://to.ly/rGGr).
Seguridad Durante los
últimos quince años de gobierno chavista, los índices de inseguridad han alcanzado
niveles realmente exorbitantes, al punto que Caracas se ha convertido en la
segunda ciudad más peligrosa del mundo, según lo informó el Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, asociación civil con sede en
México que realiza anualmente un estudio de la criminalidad mundial y que se ha
convertido en referencia obligatoria en el tema (http://to.ly/ryYU). De acuerdo
al Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en diciembre de 2003 fue la
última vez en que se pudo tener acceso a las estadísticas sobre la criminalidad
y el delito en nuestro país, debido a que el Gobierno decidió ocultar la
información, para encubrir el incremento explosivo de la delincuencia. En ese
entonces se registraron 11.342 homicidios; pero el año pasado OVV estimó que se
produjeron 24.763 muertes violentas, una tasa descomunal de 79 fallecidos por
cada cien mil habitantes. OVV añade que las muertes violentas representan en
Venezuela el 12% de la mortalidad general. Esto significa que de cada cien
venezolanos que fallecieron en el año 2013, por todas las causas posibles
(enfermedades del corazón, cáncer, diabetes, HIV, etc.), 12 de ellos murieron
por causas violentas, distintas a los accidentes o los suicidios
(http://to.ly/rzMu9). El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero,
informó que en Venezuela se han registrado 200 mil casos de asesinato, desde
que Chávez llegó al poder hasta finales de 2013 o “lo equivalente a 10 estadios
deportivos de personas asesinadas”. Romero señaló que para el año 2010, la
Organización de las Naciones Unidas, ONU, clasificó a Venezuela como el quinto
país con más asesinatos en el mundo (http://to.ly/rzPF). El abogado criminólogo
venezolano Fermín Mármol García señaló que Venezuela es el quinto país con más
secuestros en el mundo, según los calificadores de riesgos de empresas que
venden pólizas de seguros con sede en el Reino Unido. El experto precisó que
“el secuestro es el segundo delito de mayor crecimiento en Venezuela y el país
no cuenta con instituciones capaces que puedan atender el problema”
(http://to.ly/rzNL). El 9 de enero pasado, la Embajada de Estados Unidos en
Caracas emitió un comunicado de alerta a sus funcionarios y al resto de los
ciudadanos estadounidenses que vivan o viajen a Venezuela, señalando que deben
“estar vigilantes todo el tiempo y tomar medidas de seguridad personal”. La
delegación diplomática designó tres zonas de riesgo en Caracas, la zona
“amarilla”, “naranja” y “roja”, conformada por barriadas de la capital. Además
la Embajada solicitó a los funcionarios que transitan por la zona amarilla y
naranja, notificar sus movimientos o trasladarse en vehículos blindados desde
la medianoche hasta las 6:00 de la mañana. En relación con la zona roja, se
prohibieron las visitas “no oficiales” y los viajes personales
(http://to.ly/rzOl).
Sistema Judicial. En el Índice de Estado de Derecho
2012-2013 que elaboró la organización no gubernamental estadounidense The World
Justice Project, los tribunales penales de Venezuela se ubicaron en el último
puesto del ranking mundial, pues apenas obtuvieron una puntuación de 0.24 sobre
1, por debajo incluso de países de dudosa calidad democrática como Zimbabue,
Irán o China (http://to.ly/rCNe). Esto se debe en buena medida a que el Poder
Judicial venezolano no se usa principalmente para castigar a los delincuentes,
sino para proteger al partido oficialista y perseguir a la disidencia. Prueba
de ello es que durante el acto de apertura del año judicial 2014, los
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no hicieron un recuento de los
logros del sistema el año anterior, como correspondía, sino una apología al
fallecido presidente Hugo Chávez Frías, la cual fue aplaudida a rabiar por el
grueso de los asistentes al evento, quienes no tuvieron empacho en corear
consignas como "¡Chávez vive, la lucha sigue!" o "¡Viva Chávez,
carajo!" (http://to.ly/rCNS). En abril de 2010, la reconocida ONG Amnistía
Internacional acusó al gobierno venezolano de “utilizar el sistema judicial
para silenciar a la disidencia y prevenir que otros se pronuncien”
(http://to.ly/rCNA). En julio de 2013, el Foro Penal Venezolano denunció ante
la Corte Penal Internacional de La Haya la utilización del sistema judicial en
Venezuela como instrumento de persecución política. “Los tribunales, la
Fiscalía y la Defensoría del Pueblo son usados como arma política, en lugar de
ser instrumentos de protección al ciudadano”, indicó Alfredo Romero, director
de la organización. Romero añadió que existen “más de 500 casos de perseguidos
políticos en Venezuela que reposan en La Haya. La denuncia de estos hechos
conlleva a la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país, debido a lo
sistemático de su ocurrencia”, dijo (http://to.ly/rCOo). El 19 de abril de
2012, el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte,
confesó que “cada viernes en la mañana se realizaba una reunión en la
Vicepresidencia de la República, donde asistían su titular, la Presidenta del
TSJ, la Fiscal General, la Contralora General, el Presidente de la Asamblea y
la Procuradora General, y de ahí es donde salía la directriz de lo que iba a
ser la justicia" (http://to.ly/rPSa).
Conculcación de libertades. Durante
los quince años de la era chavista, las libertades cívicas e individuales se
han venido conculcando sistemáticamente en todas los aspectos: libertad de
prensa y de expresión, el derecho a la propiedad y a la libre empresa; así como
los derechos humanos y el derecho a elegir (ver ambos temas más adelante) e,
indirectamente, también el derecho al libre tránsito, porque el control de
cambios y la escasa oferta en pasajes aéreos obstaculiza poder viajar al
exterior. En octubre de 2013, el Bloque de Prensa Venezolano (BPV) presentó
ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) un informe semestral de la
situación que vive la libertad de prensa en el país, en donde aseguran que
“recientes hecho ocurridos han agravado y seguirán empeorando el libre
ejercicio de la libertad de periodismo en Venezuela”. El informe detalla, entre
otros muchos problemas, “agresiones contra medios de comunicación y
periodistas, restricciones en las divisas para importación de productos
necesarios para producir periódicos, creación de un organismo oficial de
censura, retiro del Estado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde
el 10 de septiembre pasado”. El informe del BPV también denuncia la compra
sospechosa de medios de comunicación, entre ellos el canal Globovisión, y una
“ola creciente de demandas, acciones y procesos judiciales contra los medios de
comunicación privados”, los cuales califican como severos ataques a la libertad
de expresión (http://to.ly/rCQR). Ciertamente, desde que en el año 2007 el
Gobierno confiscó ilegalmente la señal y los equipos de Radio Caracas
Televisión (RCTV), la libertad de prensa y audiovisual se ha venido asfixiando
cada vez más. Al punto que el Sistema Nacional de Medios Públicos, controlado
absolutamente por el Gobierno, acapara casi todo el monopolio de los medios y
constituye una poderosa maquinaria de propaganda permanente en favor del
oficialismo (http://to.ly/rCRC). En octubre de 2010, la agencia EFE publicó un
informe titulado “Cronología de nacionalizaciones y expropiaciones en Venezuela
desde 2007”, en el que se detalla un listado de expropiaciones, muchas de las
cuales en realidad son confiscaciones, puesto que el Estado no paga
indemnización alguna a los propietarios, y además se ejecutan arbitrariamente,
sin fórmula de juicio (http://to.ly/rCRI). Adicionalmente el gobierno
venezolano auspicia y avala invasiones a fincas, terrenos y edificaciones privadas,
como una manera de ganar adeptos a la mal llamada Revolución Bolivariana. El 26
de marzo de 2011, Antonio Peñalosa, secretario general de la Organización
Internacional de Empleadores (OIE), señaló que la situación de la empresa
privada en Venezuela, y más en particular de las empresas industriales, es
insostenible. A juicio de Peñalosa, las empresas han de tener un marco
apropiado para su desarrollo, pero agregó: “en Venezuela existe un marco hostil
para el desarrollo”, esto “lo vienen diciendo todas las instituciones
especializadas, especialmente el Banco Mundial, en su informe sobre la creación
de empresas”. El secretario general de la OIE explicó que según esta
organización, Venezuela es el peor país del mundo para el empresariado. Y
agrega: “la realidad venezolana, es la destrucción de una tercera parte del
parque industrial en los últimos 10 años y la pérdida de más de medio millón de
puestos de trabajo en las empresas privadas” (http://to.ly/rEgJ). Desde el 2010
hasta la actualidad, las libertades económicas se han restringido aún más, con
nuevas confiscaciones, aprobación de leyes que criminalizan el libre comercio,
y controles de precios y de ganancias; porque para el gobierno venezolano, el
empresario privado es un enemigo al cual hay que aniquilar, para poder imponer
el Socialismo del Siglo XXI. Lo mismo ocurre con las libertades sindicales y
los derechos laborales, que el gobierno venezolano ha venido violando de manera
sistemática, lo cual ha sido plenamente documentado ante la Organización Internacional
del Trabajo (http://to.ly/rEjc).
Derechos Humanos. Ya hace más de cuatro años,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CHID) identificó serias
violaciones a los derechos humanos en Venezuela, las cuales se han ido
agravando desde entonces. En un informe titulado “Democracia y Derechos Humanos
en Venezuela”, elaborado en diciembre del 2009, la CIDH denunció que “la
intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado
frente al Ejecutivo, las restricciones a la libertad de expresión y a la
protesta pacífica, la existencia de un ambiente hostil para el libre ejercicio
de la participación política en disenso y para la actividad de monitoreo por
parte de las organizaciones de derechos humanos, la inseguridad ciudadana, la violencia
que afecta a las personas privadas de su libertad, a sindicalistas, a mujeres y
a campesinos, y sobre todo, la impunidad en la que se encuentran los casos de
violaciones a los derechos humanos, son factores que limitan seriamente la
vigencia de los derechos humanos en Venezuela” (http://to.ly/rzSy). La CIDH
nota que “no sólo en el marco de las contiendas políticas se establecen
restricciones para quienes se identifican con la oposición, sino que en general
los ciudadanos y organizaciones que hacen público su disenso con las políticas
del Gobierno son víctimas de represalias, intimidación, descalificación,
exclusión, discriminación laboral y, en algunos casos, incluso son perseguidos
por la justicia y privados de su libertad”. La Comisión considera que “la falta
de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político
constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación
que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en
Venezuela. A juicio de la Comisión, es esa falta de independencia la que ha
permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para
criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta
social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos”
(http://to.ly/rzSy). En julio de 2012, la organización de derechos humanos
Human Rights Watch (HRW) publicó un informe titulado “Concentración y Abuso de
Poder en la Venezuela de Chávez”, de 133 páginas, en el cual documenta cómo la
acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de
derechos humanos le han permitido al gobierno venezolano intimidar, censurar e
iniciar acciones penales contra críticos de su gestión y contra aquellos que
considera opositores (http://to.ly/rzSR). En su informe, HRW denunció que “la
mayoría chavista en la Asamblea Nacional ha sancionado leyes que amplían las
facultades del Gobierno para limitar la libertad de expresión y castigar a sus
críticos. Y el Tribunal Supremo de Justicia —que, en 2010, fue renovado con
integrantes afines al gobierno de Chávez— ha rechazado expresamente el
principio que el poder judicial debería actuar como un control independiente
del poder presidencial y, junto con el presidente, ha desestimado la autoridad
del sistema interamericano de derechos humanos” (http://to.ly/rzTe). Para
evadir cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en materia de
derecho humanitario, el gobierno venezolano simplemente decidió retirarse de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando falsamente que la
CIDH es un “sistema absurdo”, que “ha fallado en favor de corruptos y
terroristas”, y que se ha convertido en un “instrumento de persecución contra
los gobiernos progresistas de América Latina y del mundo” (http://to.ly/rzWr).
Fraude electoral. El 8 de abril de 2013, más de trescientos senadores y
diputados latinoamericanos enviaron un pronunciamiento al Consejo Nacional
Electoral (CNE) de Venezuela, exigiendo condiciones mínimas para reconocer como
válidos los resultados de los comicios presidenciales que se realizarían una
semana más tarde. El documento, firmado por parlamentarios provenientes de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay, pide al CNE: “el
escrutinio total de las papeletas de votación, el uso de tinta verdaderamente
indeleble, el retiro de las máquinas capta huellas, la eliminación de la
estación de identificación del elector, el cese del uso de las milicias en el
Plan República, y el castigo implacable al abuso de los recursos y medios del
Estado para favorecer al Gobierno” (http://to.ly/luDV). El CNE hizo caso omiso
de estas peticiones y, como era de esperarse, los resultados de las elecciones
presidenciales del 14 de abril fueron desconocidos por el candidato opositor,
Henrique Capriles. En efecto, el 2 de mayo de 2013, los abogados de la Mesa de
la Unidad Democrática introdujeron un recurso de 180 páginas ante el Tribunal
Supremo de Justicia, mediante el cual se impugnó "no solamente el acto del
14 de abril, sino todas las etapas de este evento: la campaña, los vicios en el
Registro Electoral, el sistema bajo el que se produjo, el desequilibrio, el
abuso de recursos, todas las irregularidades que se produjeron el día de las
elecciones, y las ocurridas después" (http://to.ly/rCKB). ESDATA, una
asociación conformada por reconocidos expertos, documenta con gran detalle en
su página electrónica todos los vicios e irregularidades que se han cometido en
los procesos electorales que se han realizado en Venezuela desde el referendo
revocatorio de 2004 hasta la fecha. Según esta organización, los cambios que se
han venido imponiendo en el árbitro, las irregularidades en el Registro
Electoral, la modificación de la estructura de votación, la incorporación de
una plataforma electrónica sumamente dañina para la pulcritud y transparencia
del sufragio, el ventajismo oficial y la parcialización del CNE; invalidan
cualquier elección que se efectúe con el actual sistema comicial ((http://esdata.info/).
Violaciones a la Constitución En un libro titulado “Historia inconstitucional
de Venezuela”, el reconocido jurista Asdrúbal Aguiar documentó que desde 1999
hasta 2012 se han producido al menos 173 violaciones a la Constitución, las cuales
en la práctica constituyen sucesivos golpes de Estado, que han acabado con la
democracia en nuestro país.
El primero de estos golpes se propinó el 2 de
febrero de 1999, cuando Hugo Chávez asumió la Presidencia de la República, y
convocó a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, pese
a que ese mecanismo no estaba contemplado en la Constitución. La Asamblea
Nacional Constituyente se declaró ilegalmente depositaria de la “soberanía
popular originaria”, y sin fórmula de juicio destituyó a todos los poderes
públicos (Congreso, Corte Suprema, Fiscal, Contralor y a los jueces del país),
y sin tener autoridad para ello, nombró provisionalmente nuevos integrantes de
los poderes, simpatizantes todos ellos del partido de gobierno, lo cual le
permitió al Ejecutivo tomar el control total de las instituciones
(http://youtu.be/t8nO4bBKvjg). Más recientemente, el 10 de enero de 2013, se
produjo otro evidente golpe de Estado, cuando Hugo Chávez debió juramentarse
para iniciar un nuevo período presidencial y no lo hizo, debido a que estaba
gravemente enfermo (o quizá muerto), y Nicolás Maduro asumió ilegalmente el
cargo. Poco después, el entonces vicepresidente Maduro propinó otro golpe,
cuando inscribió su candidatura a la presidencia, pese a estar explícitamente
prohibido por la Constitución (http://to.ly/rA0N). Los presidentes de las
Academias Nacionales de Medicina, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales, Ciencias Económicas y de la Ingeniería y
Hábitat, reunidos en el comité interacadémico, realizaron el 12 de diciembre de
2013 una declaración formal frente a las implicaciones institucionales y
sociales del denominado “Plan de la Patria”, aprobado por el gobierno
venezolano. El presidente del mencionado comité, Claudio Bifano, indicó que los
lineamientos de este plan violan la Constitución, porque “no son para el
desarrollo productivo y social de la nación; sino un plan político e ideológico
para consolidar el denominado socialismo del siglo XXI”. En otras palabras, el
Gobierno pretende hacer del socialismo una doctrina de cumplimiento obligatorio
para todos los ciudadanos (http://to.ly/rBet). Entre muchas otras, también
constituyen violaciones a la Constitución la conculcación de las libertades, el
irrespeto a los derechos humanos y el fraude electoral, antes señalados, así
como la subordinación a Cuba, tema que analizaremos a continuación.
Subordinación a Cuba. El 10 de enero de 2013, un nutrido grupo de notables
venezolanos –conformado por diputados, dirigentes políticos, intelectuales,
académicos, periodistas, empresarios, abogados, militares retirados, líderes
sindicales, y dirigentes sociales y estudiantiles– hizo público un manifiesto,
en el que denuncian que “desde hace catorce años Venezuela ha sido víctima de
una invasión por parte del régimen castro-comunista cubano... De manera lenta y
progresiva, los cubanos han tomado control de nuestras notarías, los registros,
el sistema de identificación y extranjería, la política exterior, y sectores
importantes de la economía nacional. El control de los cubanos ha llegado
incluso a los cuerpos policiales y a las Fuerzas Armadas, en detrimento de la
seguridad y defensa del Estado” (http://to.ly/lMl7). Más adelante, los notables
añaden que “es público y notorio que el destino de los venezolanos ya no lo
deciden nuestras propias autoridades, sino que se define descaradamente en La
Habana, con la participación abierta de los hermanos Castro”. Y concluyen que
“todo lo anterior constituye una clara violación a la Constitución y a las
leyes; configura un golpe de Estado en favor de una potencia extranjera; y
significa, a la larga, la transformación del Estado venezolano en un apéndice
de Cuba”.
Ciertamente, la injerencia indebida de Cuba en Venezuela no es un
secreto, sino que está a la vista de todos. Cada vez que Hugo Chávez necesitaba
internarse en un hospital para tratar sus enfermedades, no lo hacía en Caracas,
pues desconfiaba de los médicos criollos, sino que viajaba al Centro de
Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), donde se sentía más a gusto. Los
miembros del Alto Gobierno vuelan constantemente a La Habana, para discutir con
los hermanos Castro las decisiones que toman. Las banderas de Cuba ondean
abiertamente en instalaciones venezolanas, incluso en los cuarteles militares.
No hay un acto público en donde las autoridades venezolanas no saluden a Fidel
Castro o den vivas a Cuba. El pasado 8 de enero, Nicolás Maduro abandonó un
acto importante para asistir a la celebración del 55 aniversario de la
Revolución Cubana, realizada en el Teatro Municipal de Caracas
(http://to.ly/rEnO).
Organismos multilaterales Pese a todas las violaciones a
la Constitución, las libertades y los derechos humanos arriba descritas, los
organismos multilaterales como la OEA y MERCOSUR, no reclaman, ni hacen cumplir
la Carta Democrática; por el contrario, se hacen la vista gorda. Esto se debe a
que desde hace quince años, el gobierno venezolano ha venido financiando
candidaturas y comprando conciencias en América Latina, usando para ello los inmensos
recursos provenientes de la renta petrolera. Algunos mandatarios
latinoamericanos han llegado al poder gracias a los maletines repletos de
dinero que han recibido desde Venezuela, como es el caso de Cristina Kirchner,
y otros parecieran ser miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, como
Evo Morales y Rafael Correa. Por su parte, José Miguel Insulza ha sido el
secretario general más criticado en la historia de la OEA, porque se ha
comportado como un agente del chavismo, y porque durante su gestión, la Carta
Democrática se ha convertido en un papel inservible, Además, el gobierno
venezolano ha propiciado y financiado la creación de nuevos organismos
multilaterales, como el ALBA y la CELAC, alineados ideológicamente con el
Socialismo del Siglo XXI, y cuyo verdadero objetivo es proteger y expandir la
Revolución Cubana por toda América Latina; prueba de ello es que el presidente
de la CELAC es nada menos que Raúl Castro, para vergüenza y humillación de
todos los sectores democráticos de la región. La declaración final de la II
Cumbre de la CELAC, realizada a finales de enero en La Habana, constituye un
monumento universal al cinismo, porque pontifica sobre “la protección de los
derechos humanos, la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones,
el pluralismo y el respeto a la diversidad, erradicar la discriminación, la
prohibición del uso de la fuerza”, y otros preceptos que son constante y
abiertamente violados por el régimen castro comunista cubano. La declaración
contiene una alabanza explícita a “uno de los principales fundadores y
propulsores de la CELAC”, Hugo Chávez, a quien catalogan de “humanista
incansable e impulsor de la unión latinoamericana y caribeña, que luchó contra
la exclusión social, la pobreza e impulsó el desarrollo integral de la región”
(http://to.ly/rGA0). Por todos estos motivos, no podemos esperar ningún apoyo
por parte de estos organismos, ni podemos suponer que se activará la Carta
Democrática contra el gobierno venezolano, pese a estar dadas todas las condiciones
para ello. Nos han dejado solos, y no nos queda otro remedio que recurrir los
mecanismos constitucionales que nos quedan para restablecer la democracia y
recuperar las libertades.
Marco legal para una transición. El artículo 350 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela obliga taxativamente a
los ciudadanos a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que
contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los
derechos humanos”, que es justamente lo que hacen las autoridades venezolanas,
como quedó antes demostrado. El artículo 333 dice claramente que “Esta
Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza
o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de
autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva
vigencia”. Dado que nuestra Carta Magna ha sido violada sistemáticamente, todos
los venezolanos, “investidos o no de autoridad”, civiles y militares, estamos
obligados a restablecer su vigencia. El artículo 328 establece que “La Fuerza
Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin
militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia
y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico,
mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden
interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con
esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al
servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad
política alguna”. Pero el gobierno venezolano ha forzado a los militares a
ponerse al servicio del partido oficialista, al punto que les ordenan gritar
consignas políticas. Por si fuera poco, los han obligado a subordinarse al
mandato de los militares cubanos, pese a que la Carta Magna les exige
“garantizar la independencia y la soberanía de la Nación”. Es deber de los
integrantes de las Fuerzas Armadas desconocer las autoridades que les piden
violar la Constitución. Finalmente, Nicolás Maduro no solamente usurpó las
funciones de Presidente de la República, asumiendo el cargo ilegalmente y
lanzando su candidatura en contra de lo que establece la Constitución, sino que
además no llena los requisitos para ejercer el cargo. El artículo 41 de la
Carta Magna establece claramente que “sólo los venezolanos y venezolanas por
nacimiento y sin otra nacionalidad” podrán ejercer la presidencia. Pero hasta
la fecha Maduro no ha demostrado ser venezolano por nacimiento, pese a que se
lo han exigido públicamente; y además, por ser hijo de madre colombiana, en el
mejor de los casos tendría doble nacionalidad. Por tanto, remover a Maduro del
cargo no sería un golpe de Estado, sino una obligación constitucional
(http://to.ly/rGD2).
Alternativas de cambio. En la modernidad, una participación
de los militares en la solución de la crisis no tiene por qué ser
necesariamente violenta. El 23 de enero de 1958, las Fuerzas Armadas,
respaldadas masivamente por el pueblo venezolano, derrocaron al dictador Marcos
Pérez Jiménez sin disparar un solo tiro, haciendo uso de la amenaza de la
fuerza. Esta actuación incruenta dio origen a una de las democracias más
duraderas y estables de la región. Lo mismo podría suceder actualmente. No
esperamos que el Alto Mando emplace al Gobierno, aunque no negamos que pueda
ocurrir. Sin embargo, si un grupo representativo de oficiales del Ejército, Aviación,
Armada y Guardia Nacional, deciden emitir un pronunciamiento, exigiendo a
Maduro el abandono del cargo, por todas las razones que se han expuesto en este
documento, el país entero y el resto de los militares lo apoyará. Si los
cubanos y algunos sectores del oficialismo se niegan a acatar el mandato de la
Constitución, y deciden empuñar las armas para mantenerse ilegalmente en el
poder, entonces deberán ser reprimidos conforme a la Ley; pero en ese caso la
violencia será iniciada por los usurpadores y no por los integrantes de las
Fuerzas Armadas.
Éste es el momento para que algunos magistrados y diputados
oficialistas, que tienen injerencia en las decisiones del Poder Judicial y el
Poder Legislativo, reflexionen sobre su responsabilidad histórica. Es preferible
que sean ellos mismos los que remuevan a Maduro del cargo, y busquen un
consenso con la oposición para gerenciar una transición, antes que mantenerse
obstinadamente en el error, y seguir avalando un régimen ilegítimo, usurpador,
totalitario y subordinado a Cuba. Las consecuencias de su equivocación serían
peores para ellos y para el país. Conclusión Existen abundantes evidencias del
esfuerzo realizado por la oposición venezolana para buscar una salida electoral
a la profunda crisis que vive el país; pero el Gobierno sistemáticamente ha
cerrado esa posibilidad. Las vías judiciales y legislativas también están
clausuradas, porque, como se ha explicado en párrafos anteriores, el
oficialismo ha secuestrado todos los poderes públicos. Por lo tanto, no queda
otro remedio que transitar otros caminos –constitucionales, más no electorales–
para rescatar la democracia y restablecer la vigencia de la Constitución. No se
trata de una decisión arbitraria, ni de un deseo egoísta de alcanzar el poder,
sino de una necesidad urgente e impostergable. Las acciones que ha tomado el
régimen venezolano están llevando al país a un despeñadero de violencia,
ingobernabilidad y caos. La terrible crisis económica, la polarización
política, la arbitrariedad y la injerencia cubana, constituyen una peligrosa
combinación, que puede provocar enfrentamientos graves, de largo alcance y
duración. Es un deber de todos los ciudadanos conscientes evitar que eso
ocurra. Adicionalmente, el chavismo –tutelado por el régimen castro comunista cubano–
no se ha contentado con provocar la destrucción en nuestro propio territorio,
sino que ha exportado su perverso modelo a otras naciones vecinas, lo cual pone
en riesgo la estabilidad y la paz regional. Hacemos un llamado a todos los
venezolanos de buena voluntad, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, a ponerle
fin a esta locura, y a luchar unidos para rescatar la democracia, restituir las
libertades y recuperar la sindéresis. Deseamos enfatizar que los civiles no
dejaremos solos a los militares en esta circunstancia histórica; se trata de
una responsabilidad compartida que debemos sobrellevar conjuntamente. También
hacemos un llamado a los sectores democráticos del mundo entero, para que
comprendan el dilema que estamos enfrentando los venezolanos: seguir soportando
esta situación y permitir la destrucción de nuestra patria e incluso la de
América Latina; o recurrir a nuestro sagrado derecho a la desobediencia
pacífica, para garantizar la paz, la armonía y el Imperio de la Ley.
Enrique Aristeguieta Gramcko
Enrique Tejera París
Asdrúbal Aguiar
Diego Arria
Oswaldo Álvarez Paz
Pompeyo Márquez
Germán Carrera Damas
Aníbal Romero
Pedro Palma
Alfredo Coronil Hartmann
Antonio Sánchez García
Manuel Rachadell
Nitu Pérez Osuna
Alfredo Weil
Nelson Ramírez Torres
Luís Betancourt
Humberto Maio
Aníbal Latuff
Macky Arenas
Luis Manuel Aguana
Julio César Rivas
Santiago José Guevara García
G/D Rafael Montero Revette
V/A Rafael Huizi Clavier
G/D Carlos Julio Peñaloza
G/D Manuel Andara Clavier
V/A Carlos Ramos Flores
C/A Elías Buchszer
G/B Luis José Hernández Campos
G/B Eduardo Cabrera
G/B Néstor Sánchez Toro
G/B Bernardo Díaz Castillo
C/A Eddie Guerra
Cnel. Fernando Magallanes
Cnel. Asdrúbal Ramos Balza
Más firmas en depósito. Quienes deseen adherirse a esta iniciativa, pueden enviar sus datos al correonoaldominiocubano@gmail.com o a la cuenta de Twitter @VSoberana
Para ver el documento completo haga click en: “URGE UNA TRANSICIÓN PARA RESCATAR LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA”
Caracas, febrero de 2014
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