por:Sergio Sáez
Contralor Social
Enero 20, 2016
El
Ejecutivo Nacional, debe crear, promover y mantener, reservas estratégicas
agroalimentarias por tres (03) meses a fin de garantizar la mayor cantidad de
rubros de alimentos que en caso de contingencia pudiera afectar el normal
funcionamiento del proceso de intercambio y distribución de alimentos a nivel
nacional.
Artículo 26. LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD
Y SOBERANÍA
AGROALIMENTARIA
Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela No 5.891 de fecha 31 de julio de 2008
Hasta hoy un “saludo a la bandera”
El pasado 14 de enero de 2016,
Nicolás Maduro, mediante Decreto Nº2.184, declaró el Estado en Emergencia
Económica en todo el territorio nacional. Medida que no se atrevió tomar,
mientras se mantuvo vigente la Ley Habilitante, y mientras la Asamblea Nacional
se mantenía con mayoría favorable al régimen, tal vez para no afectar la
votación hacia los diputados seleccionados por el PSUV, pero que al final
perdió la mayoría absoluta de la asamblea.
Hoy ante la inocultable realidad
que se venía venir, carencia total de ingreso de divisas petroleras, progresiva
e irrefrenable hiperinflación, imposibilidad de contar con reservas
internacionales para importar el 70% de las necesidades alimentarias y el 100%
de medicinas, desabastecimiento casi total, y la amenaza de una
desestabilización y deposición del régimen, apela con argumentos baladíes,
falsos y engañosos, para que la nueva Asamblea Nacional le conceda otra Ley
Habilitante, más severa, y continuar con su labor de desmantelamiento
progresivo del Estado Constitucional de Derecho y de Justicia y de libre
economía, y el continuado despojo de poder de los Municipios y gobernaciones,
para seguir instaurando un estado militar y policial, centralizado, denominado
Estado Popular o Estado Comunal, negador de libertades económicas y civiles,
semejante al instaurado por los hermanos Castro en Cuba, por más de media centuria.
Análisis
de los “Considerandos”
Los “considerandos” constituyen
una pieza clásica de la verborrea comunista, que nos tiene acostumbrado esta
mal llamada “revolución bolivariana”.
1er
considerando: Ubica el evento en
el cual se iniciaron las “acciones tendientes a desestabilizar la economía del
país”, a la muerte del tte.cnel. (r) Hugo Rafael Chávez Frías. Evento que por
cierto carece de “certificación legal e histórica”.
Toda vez que no se sabe de nadie que haya visto y leído el “Acta de Defunción”,
ni quien sepa en dónde se encuentra registrado, y no ha sido dado a conocer por
el CNE. Lo cual además, cuestiona la legitimidad de la “falta absoluta” del presidente, y del llamado a elecciones y el
proceso eleccionario del Consejo Electoral Nacional, y por ende, la legitimidad
de origen de Nicolás Maduro como presidente constitucional.
Es de por sí irresponsable
afirmar que:
“sectores nacionales e internacionales iniciaron
acciones tendientes a desestabilizar la economía del país, debilitar sus
instituciones legítimamente establecidas y provocar una ruptura del hilo
constitucional sobre la base de un malestar social inducido por dichos factores”.
Sin
señalar claramente cuáles son esos “sectores
nacionales e internacionales”, al igual que describa las “acciones desestabilizadoras”, para que
toda la opinión pública, nacional e internacional, los conozca y juzgue. Más
grave aún, siendo que los efectos finales de esos sectores y sus acciones eran
la “ruptura del hilo constitucional”,
¿por qué no se hizo la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la
República, o por qué esta no actuó por “notitia
criminis”, para que abriera los juicios a que hubiere lugar y castigo a los
culpables?. Por tanto, no ha lugar a este considerando.
2º considerando:
Argumenta el régimen una supuesta “guerra
económica iniciada contra el pueblo venezolano”. Argumento trillado de los
comunistas de crear una “supuesta guerra
económica”; y, unos “supuestos
enemigos del pueblo”, al cual afirman representar y defender, cuando la
realidad es que la tal supuesta guerra económica es la resultante de 17 años de
desgobierno propio[1],
en el cual se encargaron de ir eliminando la propiedad privada, mediante
“nacionalizaciones y expropiaciones”, que en su gran mayoría fueron “vulgares confiscaciones” (o robos, como
le valientemente le espetó María Corina Machado al tte.cnel. (r) Chávez, en su
ocasión)[2]
sin haber cumplido con lo que pacta la Ley de acordar de manera conjunta con
los afectados el precio justo y haber efectuado el pago, o al menos el depósito
del monto en los tribunales competentes, antes de despojar y hacer uso del bien
afectado. Adicionalmente, quién dificulta el ejercicio de los derechos de los
ciudadan@s a “disponer y acceder
libremente a bienes y servicios esenciales en detrimento de sus derechos
constitucionales a la salud y a la alimentación”, es el régimen por su
incapacidad e incompetencia en la administración del país.
3er
considerando: El asumir el
régimen “medidas urgentes y de carácter
extraordinario”, sean cuales fueren, para nada “garantiza al Pueblo
venezolano la sostenibilidad de la economía hasta restablecer
satisfactoriamente la anormalidad e impedir la extensión de sus efectos”. El
hecho cierto, es que tal situación desastrosa es el producto y la sola responsabilidad
del régimen, que carece de planes y programas coherentes para salir de esta
situación y pretende recurrir a la figura de ese “Pueblo”, muy minoritario, que todavía tiene esperanza en las
promesas hechas por el difunto, pero de difícil realización por su sucesor,
para que la nueva Asamblea Nacional respalde este adefesio.
4º considerando:
Las medidas que pretende tomar el régimen, expuestas en el articulado sin el
necesario detalle y consecuencias, no deben ser para “proteger al Pueblo en función de las amenazas existentes”, sino
para corregir, en la medida de lo pueda y quiera, el desaguisado que hizo el
régimen, sus funcionarios deshonestos y esa boliburguesía nacida de ese
compinche, con ese inmenso ingreso de divisas, estimado en más de millón y medio de millones de dólares,
que supera grandemente todos los ingresos recibidos por todos los gobiernos
desde que se instauró la República. Por otra parte, hablar de derechos
reivindicados a los venezolanos, incluidos ese “Pueblo” (el que sigue fielmente
al régimen), por la “Revolución
Bolivariana” mediante la “lucha de
clases” que impuso la voluntad del pueblo por sobre los intereses
particulares de la “burguesía”
(términos característicos de los comunistas para, que en ausencia de argumentos
sólidos, tratar de justificar su proceder).
5º considerando:
Tildar la “caída abrupta del precio del petróleo” de “estrategia
de desestabilización económica .. atentatoria contra los derechos del pueblo
venezolano”, es reconocer la ignorancia crasa del régimen de los factores que
inciden sobre los precios internacionales del petróleo. Basta recordar los
siguientes hechos[3]:
·
El haber mantenido
precios altos por un lapso de tiempo significativo(entre 2011 y 2014), provocó
la búsqueda en USA, principal importador de petróleo de diferentes países, de
fuentes de petróleo no convencionales. En este caso gas y petróleo de esquistos,
mediante tecnologías mejoradas (fracking), que permitieron la disposición
inmediata de estos hidrocarburos, en volúmenes grandes y costos relativamente
muy por debajo de los precios del mercado internacional, que permitieron la
reducción de la dependencia de USA de proveedores de cuestionable seguridad,
entre ellos, Libia, Irak y Venezuela, y perjudicando a Nigeria, y otros. Y por
si fuera poco le han puesto una cota máxima al precio del petróleo en una banda
que está entre los 50 y 60 $/b. USA pasó a ser el mayor productor de petróleo
del mundo y exportador de hidrocarburos, con altos inventarios.
·
Arabia Saudita,
por su parte, en búsqueda de sostener sus mercados, desestimulara productores
de gas y petróleo de esquistos en USA, y afectar a Rusia e Irán por su apoyo al
gobernante sirio Bashar al Assad, decidió producir a niveles superiores a los
que mantenía dentro de OPEP, lo que provocó la caída sostenida de los precios
del petróleo.
·
La entrada de Irán
a los mercados hasta ahora vedados, al aceptar suspender sus actividades
nucleares y respetar las medidas impuestas, ocasionará una producción adicional
de un millón de barriles diarios y el ingreso al mercado de altos inventarios
de crudo que mantiene ese país, cuyo efecto inmediato es precipitar la caída de
los precios, estimándose un piso a muy corto plazo de 10$/b.
·
El aumento de
producción de Irak para resarcirse de los efectos de las guerras en su
territorio.
·
La gota que
derrama el vaso, la proporciona la Agencia Internacional de Energía (AIE) de
acuerdo con un escenario recientemente ofrecido, los precios podrían alcanzar el rango de 50 a 60 dólares solo para la
década del 2020, y llegar hasta los 85 dólares para el 2040.
Por
otra parte, las obligaciones impuestas por el Estado a PDVSA de ocuparse de
actividades ajenas a su objetivo medular de explorar, producir, refinar
comercializar y exportar hidrocarburos, lo ha llevado a soportar una burocracia
que supera los 150.000 empleados y obreros, distraen su administración, y
ocasionan gastos sociales, así como también pagar el servicio de las deudas y
compromisos de préstamos, líneas de crédito, financiamientos, acuerdos de integración
y energéticos, de política regional adquiridas por el Estado, con ventas de
hidrocarburos, en condiciones de volúmenes, precios y financiamiento, e incluso
erogaciones en efectivo, que comprometen seriamente sus ingresos, y han
descuidados las inversiones propias de su objetivo medular en ampliaciones,
modernizaciones y mantenimiento de su plantel físico, originándose accidentes
con pérdida de vidas humanas, paradas prolongadas de su plantas. Adicionalmente
la falta de inversiones en mantener y aumentar su potencial de producción, le
han ido mermado su producción.
Hoy
PDVSA carece del capital y músculo financiero para cumplir con sus obligaciones
accionarias en sus empresas mixtas, y está obligando a sus socios extranjeros a
financiarle esta con pago en petróleo.
Más
grave aún, los ingresos que obtiene PDVSA por sus exportaciones y cobros
oportunos de acreencias, no le alcanzan para cubrir sus costos operativos,
importaciones, pago a los socios extranjeros de los beneficios de su
participación en las empresas mixtas, acreencias vencidas con proveedores de
bienes y servicios, deudas financieras, regalías, impuestos y ganancias al
fisco Nacional, y el Banco Central de Venezuela, debe continuar financiándole
sus gastos corrientes con emisión de dinero inorgánico, que incrementa la
hiperinflación y causa la pérdida del poder adquisitivo. Es por ello que PDVSA
no está aportando divisas a las reservas internacionales del BCV, y el Estado
no puede cumplir con su obligación de importara alimentos y medicinas. De ahí el
colosal desabastecimiento de bodegas, mercados, supermercados, hipermercados y
farmacias, que coloca al país en una emergencia alimentaria.
Este
decreto no aguanta un análisis serio. La revisión sucinto de los “considerandos”, permite concluir que
los mismos para nada sustentan el pedimento de una nueva Ley Habilitante, con
poderes supra constitucionales para Nicolás Maduro. Como lo señala la “lógica”,
premisas erradas no concluyen sino a decisiones erradas.
Análisis de los
Artículos.
Artículo 1º: Otorgar
dispensa extraordinaria al Ejecutivo
para adoptar medidas para “mitigar”
(no eliminar de un todo) los efectos de la “inflación inducida”, de la “especulación”,
del “valor ficticio de la divisa”,
el “sabotaje” a los sistemas de
distribución de bienes y servicios, así como también “contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros”,
sin señalar objetivos claros y metas a lograr, por las cuales se pueda evaluar
la efectividad de las medidas adoptadas, es darle un cheque en blanco a un
jugador empedernido. Veamos los términos empleados, o léxico revolucionario:
Inflación inducida.
Las razones no solo de la inflación, sino de la hiperinflación, es de la sola
responsabilidad, y ocasionadas por el régimen. El gasto desmedido de los
ingentes ingresos petroleros en compras y proyectos sin planificación y
justificación alguna (véase los elefantes blancos en toda la geografía
venezolana); misiones sociales creadas sin estudios previos (dádivas al voleo);
el desmantelamiento de la propiedad privada para hacerla colectiva,
convirtiéndola en inoperante, abandonada, quebrada, y en ruina; la captación
por parte del Estado de toda la renta petrolera, para malgastarla en infinidad
de fondos parafiscales, sin control ni reporte alguno a los órganos de control
del gasto, para alimentar la voracidad del régimen, crearon la más grande
corrupción que se conozca en el país, y la proliferación de una clase
boliburguesía, de la cual han tenido que encargarse tribunales extranjeros, sin
que la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la
República, ni las Comisiones Permanentes de Finanzas, Contraloría y de
Petróleo, hayan tomado acción alguna para combatirlo, muy por el contrario se
han hecho la vista gorda.
Especulación. Fenómeno
económico que surge cuando la demanda supera con creces la oferta de bienes y
servicios, y se agrava cuando el circulante monetaria se incrementa, típico del
régimen cuando quiere causar la sensación de bienestar en las proximidades de
elecciones. El control de precios agrava más la situación por que ocasiona el
desabastecimiento y surge el mercado
negro de productos regulados que perjudica a los más sensibles u necesitados,
los pobres; y lo más grave, a los de pobreza extrema.
Valor ficticio de
la moneda. No hay duda que
el mal llamado “bolívar fuerte”
(equivalente a 5,35 Bs/$, cuando fue creado en Enero 2008), creado para
tumbarle tres ceros al “bolívar viejo”, ha sido tan devaluado por este régimen,
que hoy podemos llamarlo “bolívar
escuálido” (equivalente a 910,58 Bs./$) para Diciembre 2015). Ha sufrido
una devaluación del 16.920% en 7 años, a razón de 2.417% anual. Si el BCV y el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), fuesen serios y cumpliesen la Ley,
los venezolanos supiesen en cuanto realmente el régimen ha reducido el poder
adquisitivo del bolívar, aun cuando los más vulnerables y sensibles de la
sociedad venezolana, jubilados y pensionados, discapacitados, beneficiarios de
las misiones que aun quedan, madres del barrio, becarios, deportistas, jóvenes
en capacitación, tercerizados, empleados a destajo, lo experimentan cada vez
que ven volverse sal en agua sus menguados ingresos, y tener que llegara casa
con el escaso basto de alimentos y medicinas, cuando las encuentra.
La
moneda vale por le monto de divisas que pueda adquirir, y la fija el mercado.
Lamentablemente el régimen ha mantenido una suerte de tasas de cambio variadas
para todos los gustos y necesidades, que califica de oficiales. Hoy por
ejemplo, Tasa Oficial 6,3Bs./$; Sicad 13.50 Bs./$; Simadi 199,82Bs/$; pero no
hay suficientes dólares para las necesidades a esas tasas. Las no oficiales, Tasa Libre 878,26Bs./$; y la
Paridad comparativa 72,90Bs./$. Para darnos una idea, quienes devengan un
salario mínimo de 9,649 Bs., lo que es equivalente a 36,6 centavos de dólar
diarios en relación al cambio libre. Salario que es de los más bajo que los
países del mundo.
Sabotaje a los
medios de distribución de insumos y servicios.
La mayoría de los sistemas de distribución están en manos del régimen, por
ejemplo, combustibles líquidos en manos de PDVSA, cemento a grane en manos de
CEMEX, alimentos no perecederos y de frío, en manos de Mercal. Lo que pasa es
que el Grupo Polar, la joya de la corona, por años se dedicaron a crear un
conglomerado de empresas eficientes de una amplia gama de producción de
alimentos y bebidas, y dejaron en manos de exempleados, el transporte
eficiente, en vehículos de su propiedad y en sus zonas de influencia, que opera
con gran efectividad, que el Estado no ha podido igualar, por lo que el objeto
principal de este decreto es apropiarse por cualquier medio de este emporio de
producción y sus sistema de distribución.
No
pasa de ser una bravuconada el tratar de “contrarrestar
las consecuencias de la guerra de los precios petroleros”, y no el de
ocuparse de atacar el origen de tal guerra. Basta con considerar que desde hace
más de cinco años, Venezuela no ha sido capaz de dar cumplimiento con la
producción de crudo que le permite la OPEP (3.100MBD), y es así que PDVSA ha
dejado de ingresar US$115.550 millones desde el 1º de Enero de 2010 y hasta el
31 de Octubre de 2015, al dejar de producir una media de 650MBD de crudos. Que
mucha falta hicieron al país. Hoy reporta a la OPEP una producción de 2.570MBD,
530MBD por debajo de la cuota. Y no hay posibilidad cierta que logre aumentar
su producción en el plazo inmediato.
Artículo 2º:
Apartado 1. Esos
recursos excedentes de las economías presupuestarias del 2015, a que se
refiere, son producto de la falta de sinceridad en la Formulación del
Presupuesto Nacional, que perdió su utilidad como herramienta de planificación
y control del gasto público por parte del Estado. Es oportuno significar que la
Asamblea Nacional duplicó Presupuesto Nacional 2015 a punta de autorizar al
régimen 162 créditos adicionales[4].
Queda duda que existan tales recursos excedentarios. Por otra parte, pretender
que con tal financiamiento, la recuperación de la inversión en infraestructura
productiva agrícola e industrial y el
abastecimiento oportuno de alimentos, se haga en el corto plazo, refleja el
craso desconocimiento de la agricultura y agroindustria nacional.
Apartado 2.
Si los proyectos no están incluidos en el Presupuesto nacional 2016, es por que
el régimen no los consideró prioritarios, a pesar que existían todos los
indicios de la debacle económica a la que habían conducido el país, y pretender
administrar los recursos a través de
Misiones y Grandes Misiones, es echarlos en un saco roto, sin control alguno.
Apartados 3; 5; 6;
8; 10; y 11; y Artículos 3º; 5º; 6º; su
implantación e implementación no requieren de un Decreto de Emergencia
Económica. Mucho de ellos debió implementarlo el régimen desde hace tiempo para
evitar la evasión fiscal; facilitar la producción, importación, nacionalización,
distribución, tramites aduanales y agilización del despacho. Aquí pareciera
querer rellenar el escueto pera mal intencionado decreto.
Apartado 4.
Basta recordar la declaración de “emergencia
alimentaria” dentro del célebre “Plan Batalla por la Soberanía
Agroalimentaria”, que decretó el régimen en el 2007, para que le permitiera
hacer uso de las vías de excepción de sus normas y procedimientos, e
instrucciones especiales para el actuar en sus funciones. Que culminó en una
orgía de contratos de compra de alimentos bajo la modalidad de adjudicaciones
directas, saltándose los procedimientos que contemplaban realizar licitaciones
competitivas entre las empresas debidamente inscritas en el Registro de
Proveedores de PDVSA, a empresas de maletín, con la erogación de más de
$5.000millones, la descomposición en el país, de más de 130.000 toneladas
métricas de alimentos y el “extravío” de unas 570.000 toneladas métricas de
alimentos que BARIVEN compró y pago, sin que se conozca su destino final. Casos
como este no se puede permitir se repitan como pretende este Aparte 4 del
Artículo 2º.
Aparte 7.
Permitir de nuevo a empresas de maletín de boliburgueses amigos del régimen,
para que hagan uso de tasas de cambio favorables para la importación de
alimentos y medicinas, es repetir los casos de Cadivi, que todavía hoy los
venezolanos desconocen quienes fueron los verdaderos culpables del despilfarro
de divisas[5].
Aparte 9.
Permitir al régimen “requise de personas naturales y jurídicas propietarias o
poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de
acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y
mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno
de alimentos a los venezolan@s, así como otros bienes de primera necesidad”, es
el exabrupto más grave y perverso en manos de un régimen, que sin haber estado
dotado de medidas tan extraordinarios, realizó
el más grande despojo de la propiedad privada, confiscando predios agrícolas y
agroindustriales, procesadoras de alimentos, centros de acopio, cadenas de
frío, transportes y canales de distribución, semovientes, bienes muebles,
mercancías, y todo cuanto pudo hacer, para entregárselos a movimientos
comunales, trabajadores, que arruinaron esas empresas y destruyeron sus bienes.
Artículo 4º. La intención es “crear un corralito” , cuyo objetivo
inmediato es evitar la salida de dinero del sistema bancario, intentando evitar
así una ola de pánico bancario y el colapso del sistema, que sin duda está en
puertas ante la incapacidad e idoneidad de quienes manejan la política
económica del régimen.
Conclusión
Este decreto de declaración de
Estado de Emergencia Económica no es originario del régimen revolucionario
venezolano, ni mucho menos de Nicolás Maduro, sino la repetición del famoso
Decreto de Osvaldo Dorticós, conocida también como Ley Nº 890, proclamado el
jueves 30 de Octubre de 1960, cuando era presidente de Cuba[6].
Quedan invitados a leerlo en el artículo citado. Es breve, pero contundente.
Sus efectos perniciosos pueden verse en el pueblo cubano 56 años más tarde,
cuando no han podido sacudirse de la tiranía impuesta por los hermanos Castro,
y tal vez más tarde por el yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto
Rodríguez López-Calleja, aunque divorciado de su hija, Deborah, y padre de dos de sus nietos,
Raúl Guillermo y Vilma, que apunta como heredero de la dinastía castrista.
Por
la incongruencia y falsedad de los “considerandos”. Por la ausencia de
objetivos y metas para evaluar la eficiencia y eficacia de las medidas
solicitadas. Por el peligro que encierra investir al régimen, carente de
legitimidad de origen y de desempeño,
con medidas extraordinarias que harían peligrar aún más el Estado
Constitucional de Derecho y de Justicia, la paz y el sosiego del pueblo
venezolano, y que en definitiva no resolverían para nada, la grave situación
económica y política del país, se recomienda a la Asamblea Nacional rechace la
declaratoria de Estado de Emergencia Económica.
[1] Véase: ¿Quién es culpable de que le
falten alimentos y medicinas a los venezolanos?,
Sergio
Sáez, Auditor Social, 16/07/2015, http://www.soberania.org/2015/07/16/quien-es-culpable-de-que-le-falten-alimentos-y-medicinas-a-los-venezolanos/
[2] Véase: María Corina Machado a Chávez:
Expropiar es "Robar”, 14 ene. 2012, https://www.youtube.com/watch?v=1kfs3T3mBJY
[3] Véase: "Habrá caos y una
tormenta perfecta: los precios del petróleo no se recuperarán hasta el
2040"
[5] Véase La máquina de corrupción de los
dólares Cadivi
[6]
Véase: La Confiscación cubana del 13 -10-1960, ¿Directo al mar de la felicidad?
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