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Dueños plenos de su destino y futuro
Érase una vez un país llamado Venezuela, que por obra de un hombre y su afán de perpetuidad venía siendo convertido en un país de esclavos.
Un país que tildaron de “socialista, revolucionario y bolivariano”, donde el Gobierno buscaba ser dueño de todo; de la tierra, de los medios de producción, de la información, de la propiedad, del control de los alimentos, del pensamiento y de la libertad de sus ciudadanos. Un gobierno que ya se sabe no es gobierno, sino revolución (Istúriz dixit), que quiso hacer de los venezolanos esclavos, dependientes de las dádivas de todo tipo de una élite poderosa, que se enriquecía medrando en los recursos que manejaba en su dominio de cada área o sector.
La vivienda, ese bien fundamental para el sano desarrollo de la familia, no escapó de este control. Ello, a pesar de que en el primer quinquenio (1999-2005) del mandato de Hugo Chávez, el Hermano Mayor de ese país de esclavitud, demostró la peor ejecutoria en la construcción de unidades habitacionales desde el período presidencial de Rómulo Betancourt (16.961 viviendas) *. Según cifras oficiales del viceministerio de Planificación. En ese primer período de mandato de Chávez, el gobierno apenas construyó un promedio anual de 23.388 unidades habitacionales. Y aunque desde 2005 hasta 2011, la ejecutoria mejoró sustancialmente, apenas construyó en ese período 329 mil unidades, 12 mil menos que las construidas por el sector público en el segundo período presidencial de Rafael Caldera.
También cabe recordar, que ese escuálido resultado habitacional se dio en momentos cuando el país recibía ingentes recursos económicos por los altos precios del petróleo, y cuando Chávez había implementado diversos planes habitacionales, entre otros: el “Plan Avispa” del “Plan Bolívar 2000” (1999), la “Misión Hábitat” (2004) y la “Misión Villanueva” (2007), así como los Comités de Tierra Urbana (2002) y el Programa de Sustitución de Viviendas (SUVI, 2010).
Esto sin contar con la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) lanzada por Chávez en abril de 2011, como parte del programa preelectoral para los comicios de octubre y diciembre de 2012, con el objetivo de cubrir en siete años el déficit habitacional de más de 2 millones de unidades que se acumulaba para ese año.
Esta GMVV nació con muy mal pie, peor planificación y con aviesos objetivos políticos. Partieron con expropiaciones arbitrarias de urbanismos privados y terrenos urbanos; se asignaron los proyectos a dedo a empresas foráneas (chinas, rusas, iraníes) sin conocimiento de la idiosincrasia del venezolano; no se realizaron los estudios urbanísticos, antisísmicos ni de ingeniería; no se previó la planificación de los servicios públicos que atenderían las necesidades de los nuevos habitantes; se atentó contra el desarrollo arquitectónico de las comunidades donde se levantaron; se creó un caos en materia de seguridad, que tal como quedó evidenciado en los allanamientos realizados en el marco de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), en algunas de estas viviendas se alojan redes delincuenciales que acoquinan tanto a los habitantes de los complejos del al GMVV como a los vecinos.
Otro de los hándicap de la política habitacional de la “revolución” (si se le puede denominar así) es que no se le ha dado a las personas la titularidad de las viviendas: Estos son “adjudicatarios” de los inmuebles, sin que se le permitan dos de las principales facultades universales del derecho de propiedad como son el goce (aprovechar y disponer de lo que ese bien pueda generar) y el disfrute (poder enajenar, vender, donar o dar en herencia su propiedad). Esto porque el socialismo del siglo XXI combate la propiedad privada en toda su extensión, como si de un crimen se tratara.
Es más, estudios llevados a cabo en varios países han demostrado claramente que el “propietario” cuida y mejora su vivienda mientras que el “adjudicatario” ni se molesta es hacer el mínimo de mantenimiento de una vivienda que tiende a deteriorarse con el tiempo y los elementos.
Para corregir este hándicap, la nueva mayoría democrática parlamentaria introdujo en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley para Otorgar la Propiedad de la Vivienda a los Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y a todos las viviendas construidas por el sector público.
Su objetivo, como explico su promotor, el diputado Julio Borges, es “darle la potencia, la plenitud y el destino a millones de venezolanos para que sean dueños plenos de su destino y futuro”.
Comienza Venezuela a dejar de ser un país de esclavos, susceptibles al chantaje político y a la servidumbre humana.
* NOTA de pararescatrelporvenir.blogspot.com : el número real de viviendas en el primer período democrático, fué muy bajo, pero la crisis económica heredada y la inestabilidad creada por las constantes conspiraciones de la derecha y de la izquierda, lo explican. Doce años de investigaciones de Primer Poder A.C. arrojan una cifra de 37.122 viviendas. Es posible que la disparidad obedezca a que una buena parte de ellas fueron construidas por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, dentro del programa de "Viviendas Rurales" y no por el MOP o el Banco Obrero.
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