¿LA IMPUNIDAD CONSAGRADA?
El respaldo de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo a la negociación con las FARC en Colombia confirma que la violencia política puede ser un buen negocio en ciertas democracias. Reino Unido ha sacado adelante esta semana una propuesta en el Consejo de Seguridad, para enviar una misión desarmada de doce meses a Colombia, a observar la aplicación de un “acuerdo de paz” que el Estado y los terroristas ven cerca de firmarse. El representante del Gobierno y el jefe de los terroristas en las negociaciones de La Habana, Sergio Jaramillo y Luciano Marín alias Iván Márquez, intervinieron juntos este jueves por videoconferencia ante la Eurocámara, que apoyó por unanimidad el acuerdo de impunidad que archivará los crímenes de las FARC. El portavoz criminal se permitió pedir a los diputados que saquen a las FARC de la lista de organizaciones terroristas, algo que el Parlamento probablemente hará en cuanto se alcance el acuerdo final en Cuba.
Human Rights Watch denunció en diciembre que el acuerdo sobre justicia y reparación aceptado por el Gobierno de Juan Manuel Santos “está lejos de los estándares que han establecido las cortes internacionales”. Este capítulo de la negociación, ya firmado, permitirá a los terroristas cumplir unas penas simbólicas o, en muchos casos, hacer una vida normal de ciudadanos respetables conviviendo con las familias a las que han diezmado.
La guerrilla terrorista más antigua del mundo es también una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas, lo que no impidió que el presidente Santos, en una alocución de este jueves, considere a las FARC“un aliado” de la estrategia antidroga. Se trata del nuevo lenguaje del Gobierno para blanquear a la banda, algo que en España ya se vivió en su día, con gestos como el del presidente Zapatero al llamar “hombre de paz” a Arnaldo Otegui en medio de la negociación del Gobierno y ETA.
Las prisas de la ONU y la Unión Europea por aplaudir el acuerdo de punto final en Colombia contrastan con la división dentro de la sociedad colombiana entre quienes aceptan el precio a pagar por el acuerdo y quienes creen que significa renunciar a hacer justicia a las víctimas. El terrorismo de las FARC y la reacción de los grupos de autodefensa allí donde el Estado no llega para proteger a la población han desencadenado una guerra que ya dura cincuenta años y ha causado 200.000 muertos.
La acción de la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe, una de las voces opositoras al acuerdo de paz más destacadas, muestra todo lo que el Gobierno de Santos está dispuesto a hacer para proteger la negociación de La Habana. En Colombia está disputándose un dilema crucial para cualquier democracia: ponerse de rodillas ante sus enemigos o combatirlos sin tregua y con todas las consecuencias.– V. Gago
[Con información de United Nations News Centre, Deutsche Welle, BBC, en inglés; El Tiempo, El Universal, en español]
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