Reproduzco este interesante trabajo de Daniel Cerqueira, publicado en El País, de España y divulgado por Primer Poder A.C., en el día de hoy. No obstante quiero llamar la atención sobre el hecho que el autor reincide en el empeño de no aceptar el fraude continuado que se cierne sobre los procesos electorales venezolanos, a partir de 1998. Tal actitud es comprensible, aceptar el fraude deja al desnudo la poltrona permisividad de la comunidad internacional, frente a la destrucción sistemática del estado de derecho, la pluralidad y la inclusión en Venezuela. Salud
ALFREDO CORONIL HARTMANN, Ph.D
PS. Debo dejar constancia del hecho que ha sido necesaria la intervención de la FAN para que acepten la derrota, las únicas dos veces que lo han hecho. Aunque en el Referendo Constitucional del 2 de Diciembre, se permitió un repulsivo regateo de las cifras, para no dañar el ego del comandante-presidente...
Itaca 21 de enero de 2016.
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Venezuela y su Estado de Derecho imaginario
Algunas lecciones para
la comunidad internacional
por: Daniel Cerqueira
Things that might have been es uno de esos poemas de Jorge Luis Borges que mezcla título en inglés con texto en
español, mitología sajona con tragedia griega, pequeñeces cotidianas con
angustias personales. El poema describe las cosas que pudieron ser y no fueron,
tales como la historia universal “sin la tarde de la Cruz y la tarde de la
cicuta”; Estados Unidos de haberse dado, en “las tres jornadas de Gettysburg,
la victoria del Sur”. La lista de cosas imaginarias pasa por trivialidades (“el
otro cuerno del unicornio”) y concluye de forma desgarradora: “el hijo que no
tuve”.
La crisis institucional atravesada por Venezuela invita al ejercicio
borgeano de imaginar cómo sería la democracia sin Estado de Derecho. No viene
al caso entrar en discusiones teóricas sobre la diferencia entre ambos
conceptos.
Basta con aclarar que mientras la democracia descansa en la
aceptación de las decisiones mayoritarias, el Estado de Derecho se funda en el
control formal y en los límites sustantivos a lo decidido por la mayoría.
Por
control formal, se entiende la conformidad de lo decidido con requisitos
legales previamente establecidos. Límites sustantivos son las reglas
constitucionales (régimen de gobierno, división de poderes, etc) y los derechos
fundamentales inalcanzables por el albedrío de la mayoría. En resumen, el
Estado de Derecho se caracteriza por la sumisión de las decisiones estatales a
la ley y a la Constitución, correspondiendo al Poder Judicial la última palabra
en la validación de lo decidido por las demás instancias del Estado.
La democracia en Venezuela viene
feneciendo no tanto por el desconocimiento de la voluntad de la mayoría, sino
por el deterioro del Estado de Derecho. En efecto, faltan evidencias de que su
sistema electoral arroje un resultado distinto al expresado en las urnas. El
desbarajuste remonta más bien a la idolatría que el chavismo confirió a la
voluntad de la mayoría como único elemento de legitimidad política. Para las
decisiones más polémicas e inconstitucionales, siempre había la posibilidad de
convocar referendos o plebiscitos, como si la voluntad popular tuviera la
entidad para aplastar el Estado de Derecho.
Superado el
respaldo popular de los últimos 16 años, el gobierno cuenta ahora con una
militancia dentro del Poder Judicial dispuesta a desconocer lo expresado por la
mayoría de la población en las últimas elecciones parlamentarias. La primera
ronda de mal gusto democrático tuvo lugar cuando el Tribunal Supremo de
Justicia suspendió la posesión de tres diputados debido a denuncias de compras
de votos en el estado Amazonas. La oposición no solo perdió la mayoría
calificada, sino que sufrió una segunda ronda de exabrupto institucional, al
declararse nulas las decisiones de la Asamblea Nacional mientras los diputados
impugnados siguieran posesionados. La mesa directora de la Asamblea acató
finalmente la decisión del Tribunal Supremo tras el anuncio de Nicolás Maduro
de que no comparecería a la sesión de rendición de cuentas en el Parlamento si éste siguiera en
desacato.
La comunidad
internacional, particularmente UNASUR y la OEA, tienen su cuota de
responsabilidad por el limbo institucional venezolano. El primer organismo, por
su observación electoral basada en un discretísimo acompañamiento a las
autoridades nacionales durante las votaciones. La OEA, por abstenerse de emitir
un pronunciamiento, desde sus más altas instancias políticas, sobre el rechazo
venezolano de recibir una misión de observación electoral complementaria a la
de UNASUR. No fuera por las críticas proferidas por Luis Almagro, parecería que la OEA se ha acostumbrado a ser
irrelevante en Venezuela.
Pero la
responsabilidad de esos organismos trasciende la blandura de sus misiones
electorales y las omisiones de sus órganos políticos. Radica también en la
ausencia de mecanismos de presión diplomática ante atropellos al Estado de
Derecho. En el ámbito de la OEA, la Resolución 1080 de la
Asamblea General reguló, en 1991, la convocatoria de reuniones de Cancilleres
cuando “se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular
del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del
poder por un Gobierno democráticamente electo”. Diez años después, la Carta Democrática Interamericana ratificó dicha posibilidad frente a la
“alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden
democrático”.
Hasta la
fecha, fueron convocadas reuniones extraordinarias de Cancilleres en los golpes
de Estado de Haití (1991), Perú (1992), Guatemala (1993), Paraguay (1996) y
Honduras (2009). Ni las Cumbres de las Américas ni la Asamblea General han
servido para ventilar situaciones como el choque de poderes en Venezuela, declinando a órganos
técnicos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o a la Secretaría
General, la vocería exclusiva ante crisis menos alarmantes que un golpe de
Estado.
La experiencia venezolana enseña que,
entre menos Estado de Derecho, más se amordaza el escrutinio independiente de los
derechos humanos, siendo la denuncia a la Convención Americana en septiembre de
2012 tan solo un ejemplo. Sin Estado de Derecho, la democracia se limita al
imperio de la mayoría y la seguridad se desvanece, por la criminalidad
desenfrenada y/o la represión. Finalmente, el desarrollo pierde el sello de
derecho fundamental, convirtiéndose en empresa asistencial con fines
electoreros.
Un ejercicio borgeano de aprendizaje con
la crisis que se arrastra en Venezuela indica que entre los cuatro pilares
fundamentales de la OEA (derechos humanos, democracia, seguridad
multidimensional y desarrollo integral), hay un quinto tan imaginario como
imprescindible para preservar a los demás. Dicho pilar imaginario se llama
Estado de Derecho.
Daniel
Cerqueira es oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso.
Twitter: @dlcerqueira
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