HRW: “Venezuela puede comenzar a revertir más de una década de autoritarismo restableciendo la independencia del TSJ”
Los presidentes latinoamericanos deberían exigir a Venezuela que los legisladores salientes renuncien a su intención de copar una vez más el Tribunal Supremo de Justicia con incondicionales al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, señaló hoy Human Rights Watch.
El 6 de diciembre de 2015 la oposición política obtuvo 112 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional. El 8 de diciembre, el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, advirtió que la Asamblea saliente nombraría a magistrados para cubrir vacantes existentes en el Tribunal Supremo de Justicia, que cuenta con 32 miembros, antes del 5 de enero de 2016, cuando asumen los nuevos legisladores electos.
“Venezuela puede comenzar a revertir más de una década de autoritarismo restableciendo la independencia del Tribunal Supremo”, señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Pero esta oportunidad de restituirle al Tribunal Supremo su función de control del poder ejecutivo y garante de derechos fundamentales será desperdiciada si Diosdado Cabello consigue copar políticamente una vez más el tribunal con adeptos”.
En 2004, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional aumentó la cantidad de magistrados del Tribunal Supremo de 20 a 32, y designó a aliados en los nuevos puestos. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha expresado abiertamente su compromiso con promover la agenda política del gobierno, ha rechazado el principio de separación de poderes y se ha pronunciado reiteradamente a favor del gobierno, validando su creciente desprecio por los derechos humanos.
Más recientemente, en diciembre de 2014, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional cubrió 16 vacantes en el Tribunal Supremo nombrando a 12 magistrados titulares y cuatro suplentes. Los magistrados son nombrados por un período de 12 años.
En el sistema actual, también se encuentra amenazada la independencia de los jueces de tribunales inferiores. Más del 60 por ciento de estos jueces carecen de estabilidad en el cargo y podrían ser removidos por medio de procedimientos controlados por una comisión del Tribunal Supremo y sin garantías de debido proceso, concluyó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras examinar en junio de 2015 el cumplimiento por parte de Venezuela del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El gobierno de Maduro se ha valido de la falta de independencia del sistema judicial para castigar a medios de comunicación y encarcelar a críticos, incluidos opositores políticos prominentes como Leopoldo López, quien fue condenado recientemente a casi 14 años de prisión, y a ciudadanos de a pie que han cuestionado políticas del gobierno.
La Asamblea Nacional debe ahora designar a 18 magistrados permanentes en el Tribunal Supremo, incluidas las 13 vacantes creadas por magistrados que pidieron su jubilación en octubre de 2015, aparentemente un año antes de que concluyera su mandato.
El 8 de diciembre, una comisión especial creada en el ámbito de la Asamblea Nacional para llevar a cabo el proceso de selección publicó una lista de candidatos. La comisión debe preparar una lista corta de aspirantes, la cual se remitirá al “Poder Ciudadano” (integrado por el Defensor del Pueblo, la Fiscal General y el Contralor General, todos afines al gobierno), que a su vez elaborará una lista definitiva de candidatos que se someterán a votación por el pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores oficialistas actualmente reúnen la mayoría simple que necesitan para nombrar a los magistrados, y para lograrlo deben acortar los plazos del proceso de selección estipulados por ley.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo tiene la facultad de anular leyes promulgadas por la Asamblea Nacional.
“En teoría, esta nueva supermayoría en la Asamblea Nacional debería tener votos suficientes para renovar al Tribunal Supremo y restablecer la independencia del poder judicial”, sostuvo Vivanco. “Sin embargo, si el Tribunal integrado con nuevos incondicionales del actual gobierno actúa como lo ha hecho en la última década, es casi seguro que intentará frenar tales esfuerzos, y esto podría provocar una profunda crisis constitucional que contribuirá a socavar más aún el estado de derecho en Venezuela”.
La importancia clave de la independencia judicial y su trascendencia para el estado de derecho y los derechos humanos no puede ser subestimada, y la comunidad internacional debe desempeñar un papel fundamental para asegurar que exista un poder judicial independiente en Venezuela, señaló Human Rights Watch.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que “el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables” y que “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces”. La Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas ha señalado que “el principio de separación de poderes… es la piedra angular de los requisitos de independencia e imparcialidad judicial. Comprender y respetar el principio de separación de poderes es una condición sine qua nonpara un estado democrático…”.
La Carta Democrática Interamericana, suscrita en 2001 por los ministros de relaciones exteriores de Venezuela y otras 33 democracias, autoriza a la Organización de los Estados Americanos a responder de manera activa a amenazas al orden democrático en sus estados miembros. La Carta indica que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen “la separación e independencia de los poderes públicos”.
El Protocolo de Ushuaia del Mercosur, un acuerdo regional ratificado por Venezuela en 2007, indica que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable” para la integración de los estados parte. Otro protocolo del Mercosur, el Protocolo de Montevideo, que fue ratificado por Venezuela in 2013 pero aún no ha entrado en vigor, reitera que el compromiso de los estados “con la promoción, la defensa y protección del orden democrático, del estado de derecho y sus instituciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales” son “condiciones esenciales e indispensables” para la participación en el Mercosur.
“Esta es una prueba crucial para saber cómo los gobiernos de la región y de otras partes del mundo van a responder ante los venezolanos, que votaron por una mayoría abrumadora a favor de un cambio, pero cuyas aspiraciones podrían verse truncadas por intentos cínicos que pretenden debilitar aún más al poder judicial, poder que está llamado a proteger sus derechos”, opinó Vivanco.
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