Montealegre, como disco rayado
Por Eduardo Mackenzie
Colombia tiene un Fiscal General que está arrasando con el Derecho, que está en batalla desesperada contra los principios jurídicos más venerables de Occidente. Triste es decirlo, pero es así.
Non bis in idem es una fórmula latina que todo estudiante de derecho conoce pues resume una doctrina capital, que viene del derecho romano: una persona que ha sido juzgada por un hecho no puede ser perseguida ni juzgada de nuevo por el mismo hecho. Ese principio responde a la doble exigencia: equilibrio y seguridad en la sentencia penal. No hay Estado de derecho que infrinja ese principio. Éste figura en el artículo 368 del código de procedimiento penal francés. Y en el colombiano.
Eso es lo que intenta abolir el flamante fiscal general de Colombia. Esa es la herencia que, al final de su mandato, piensa dejarle al país. Eduardo Montealegre quiere abrirle un boquete más al desvencijado ordenamiento jurídico colombiano, pues éste, definitivamente, nunca le gustó. Si Colombia tolera tal maniobra, si deja que Montealegre haga lo que se le antoja en materia de derecho, de procedimiento penal y separación de poderes, para impulsar persecuciones políticas inconfesables, miles de personas juzgadas y absueltas o condenadas, podrían ser llamadas de nuevo a juicio, dos y tres veces por los mismos hechos. La noción de cosa juzgada desaparecerá.
Bastará una ocurrencia del Fiscal para que un ciudadano caiga en desgracia de nuevo, sea reencarcelado, calumniado, satanizado y hasta impedido de recobrar la libertad. Colombia ingresará a una época de arbitrariedad que nunca antes había conocido, pues ni en la época pre republicana los sujetos de su majestad el rey de España eran tratados de esa forma.
El pasado 11 de diciembre, en efecto, el Fiscal Eduardo Montealegre dijo a la prensa que había decidido “investigar” de nuevo al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, entre otros oficiales de las Fuerzas Armadas, por un supuesto “exceso de fuerza” que se habría “presentado en el marco de la operación de recuperación del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985”.
Traducción: treinta años después del asalto terrorista contra el palacio de justicia de Bogotá, y después de 29 años de investigaciones, informes judiciales, debates, recursos, sentencias y demás actos de procedimiento penal (el expediente del Coronel Plazas tiene cerca de 65 000 folios), el fiscal Montealegre quiere abrir una investigación adicional sobre ese mismo tema. Y sobre bases absurdas. El Coronel Plazas está siendo juzgado por eso. Es ilegal investigarlo de nuevo por los mismos hechos. El Coronel Plazas hace más de siete años está privado de libertad. Y desde antes (abril de 1995), él ha sido objeto de intrigas, calumnias, maltratos físicos y morales. El enfrentó un proceso infame, con testimonios aberrantes y pruebas fabricadas, que se derrumbaron de manera espectacular. En su proceso él fue acusado inicialmente de haber “desaparecido” once personas, cuando la Fiscalía sabía que esos “desaparecidos” eran personas que habían muerto en el palacio de justicia. ¡La fiscalía tenía desde entonces esos cadáveres pero los ocultó ante el proceso!
Plazas Vega ha sido condenado injustamente. La segunda sentencia lo descargó de la mayoría de las acusaciones. Un célebre salvamento de voto de 270 páginas del magistrado Hermens Darío Lara Acuña explica por qué las acusaciones contra Plazas no descansan sobre prueba alguna.
Guiado por odios políticos, Montealegre busca un motivo para impedir que el Coronel Plazas sea puesto en libertad, aunque sabe que perseguir dos veces a una persona por un mismo hecho es ilegal y constituye un desafío a la Corte Suprema de Justicia. El fiscal dice que ha iniciado una “investigación preliminar” para “determinar si hubo violaciones” al derecho internacional humanitario, “por parte de la fuerza pública". En realidad, la fuerza pública es la única que ha sido investigada y vapuleada judicialmente por el caso del palacio de justicia. Los ex miembros del M 19, autores materiales e intelectuales de la matanza de magistrados, abogados y civiles, siguen libres y nunca fueron detenidos por semejante asalto donde hubo toma y asesinato de rehenes e incendio de los archivos y de las instalaciones del palacio de justicia. Los enjuiciados son, en cambio, los defensores del Palacio y del orden público. Sin embargo, en su carta del 4 de diciembre de 2009, Clemencia García de Useche, quien investigó como juez en 1992 los hechos del palacio de justicia, reveló a la “Comisión de la Verdad”, que los asaltantes del M 19 habían sido los únicos responsables de incendio del palacio, que ese incendio había comenzado 45 minutos después de la entrada de los terroristas, en los sótanos del edificio, en los archivos y en la biblioteca del Consejo de Estado.
El Fiscal Montealegre se niega a abrirle al M 19 una “investigación preliminar” y quiere, en cambio, volver, como un disco rayado, a golpear a la fuerza pública, que salvó a Colombia del golpe de Estado que querían perpetrar ese día los del M 19 por orden de Pablo Escobar. Montealegre busca eso para sembrar el terror entre las fuerzas militares y de policía para que éstas entren desmoralizadas en el eventual “postconflicto”, es decir en el gobierno “de transición” que las Farc le exigen a Santos en La Habana.
Al embarcarse en esa aventura, el Fiscal pretende impedir que explote la olla podrida de la actuación de la Fiscalía en el montaje contra el Coronel Plazas y otros altos militares. En esa operación aparece, desde el comienzo, la propia Fiscalía, con su ocultación de cadáveres y con su instructora Ángela María Buitrago. Aparece también el semanario comunista Voz proletaria, quien en agosto de 1989 fue el primero en difundir el testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, cuya falsedad fue demostrada nueve meses después. Esa engañifa mostró cómo sería el resto de la instrucción: un rosario de pruebas fabricadas y la negación de todas las pruebas en defensa del acusado. Quieren que se olviden las actuaciones de cierta prensa, como la revista Semana, que en junio de 2011 expuso un documento falsificado y manipulado como si fuera auténtico, lo que puso en aprietos judiciales al periodista Daniel Coronell.
El proceso de Plazas Vega es un montaje descomunal y la opinión y algunos magistrados terminaron por saber cómo éste había sido preparado y ejecutado, gracias a las investigaciones de magistrados honestos, a los libros que escribió el Coronel Plazas, a los análisis de su abogado y a los descubrimientos capitales hechos por algunos periodistas de investigación como Ricardo Puentes Melo, hoy en el exilio.
Lo de Montealegre es venganza motivada ideológicamente. El trata de impedir que reviente la represa de inmundicias que es ese proceso y que una ola de indignación nacional arrastre a los conjurados.
Montealegre conoce bien el proceso del Coronel Plazas. Dijo, sin embargo, que éste “no ha sido investigado por la retoma del Palacio de Justicia” sino por “por dos desapariciones en el caso del Palacio de Justicia”. Ello es falso. En el proceso del coronel Plazas tanto el valeroso rescate de los rehenes y del palacio de justicia y el pretendido caso de los “desaparecidos” han sido investigados. Lo uno y lo otro hacen parte de ese expediente. ¿Que no se investigó el pretendido “exceso de fuerza”? ¡El Coronel fue acusado de haber desaparecido once personas! ¿Desaparecer una persona no es cometer un “exceso de fuerza”? ¿De quién se burla el Fiscal Montealegre? ¿Se podía juzgar el asunto de los “desaparecidos” sin juzgar la naturaleza de la incursión de las fuerzas del orden? ¿Si ello no fue investigado por qué la juez María Stella Jara, en su delirante sentencia del 9 de junio de 2010, de 302 páginas, describe a las Fuerzas Militares de Colombia como un “aparato criminal organizado de poder”? ¿Por qué el magistrado Hermens Darío Lara Acuña contesta esa afirmación del fallo de segunda instancia y dice que “desde la verificación de las primeras premisas de la sentencia se desmorona la responsabilidad penal del acusado por el mencionado mecanismo”?
Luego la separación de temas que trata de hacer Montealegre es aberrante.
En la sentencia de primera instancia, la juez Jara subraya que está juzgando “la intervención del Comandante de la Escuela de Caballería, [quien] controló la zona a los pocos minutos de iniciada la toma guerrillera” del Palacio de Justicia, y que en ese fallo el juzgado (Jara) “no puede desconocer que se hacía imperiosa la intervención de la fuerza pública en aras de restablecer el orden constitucional resquebrajado”. Ella agrega que “de igual manera era legítimo que los militares adelantaran labores encaminadas a identificar e individualizar a las personas que eran evacuadas de la zona de conflicto”.
Montealegre disloca el sentido de los fallos de primera y segunda instancia para tratar de encontrar un pretexto para abrir una investigación adicional como si hubiera descubierto un hecho nuevo o como si el aspecto del “exceso de fuerza” no hubiera motivado las dos sentencias. Como no tiene un hecho nuevo ni un testigo nuevo está pues buscándolo mediante una “investigación preliminar”. Qué bonito. ¿Como hizo la instructora Ángela Buitrago cuando fabricó el cuento del “testimonio” de un tal Edgar Villamizar que nunca había existido?
El país comienza a estar harto de los abusos, de la anarquía judicial del fiscal Montealegre, de ver como él pone al servicio de su militantismo político una institución sagrada de la República. El país no sólo ha perdido confianza en el hombre sino que le ha perdido respeto al funcionario. “El sinvergüenza del fiscal anuncia que abriría nuevas investigaciones en contra del Coronel Plazas. Aquí al que hay que investigar es al fiscal por haberse puesto a repartir contratos y puestos a los magistrados. Que la justicia investigue a ver si de pronto él recibió comisiones”, declaró el congresista uribista Samuel Hoyos. Sí, hay que investigar a Eduardo Montealegre. Él tiene que rendirle muchas cuentas al país.
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