La libertad de Plazas Vega
El Tiempo, Bogotá
Editorial
17 de diciembre de 2015
El fallo que absolvió al coronel (r) debe ser aceptado y, sobre todo, respetado.
El año en que se cumplió el trigésimo aniversario de la hecatombe del Palacio de Justicia será recordado en los libros de historia por los distintos hechos que permitieron avanzar en la construcción –aún llena de vacíos– de la memoria histórica en torno a este nefasto episodio.El más reciente de ellos es la absolución, por la Corte Suprema de Justicia, del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega por su presunta responsabilidad en la desaparición del administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez, y de la guerrillera Irma Franco, integrante del comando del M-19 a cargo de la toma. Por ello, Plazas Vega dejó este jueves su lugar de reclusión en la Escuela de Caballería para pasar estas fiestas de fin de año en compañía de sus familiares.
Bueno es recordar cómo, gracias a la labor de la Fiscalía, hace apenas semanas se conocieron importantes revelaciones respecto a la suerte que corrieron tres de las personas que durante todo este tiempo figuraron en la lista de los doce desaparecidos. Hay que reconocer que, con la batuta de Eduardo Montealegre, esta entidad se ha empeñado en avanzar tanto como sea posible en el largo camino hacia la verdad. Tal hallazgo, no obstante, abrió nuevos interrogantes sobre el paradero de por los menos dos personas más.
También tuvo lugar este año el pedido de perdón del presidente Santos, a nombre del Estado colombiano, a las familias de las víctimas, cumpliendo así lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La decisión tomada el miércoles pasado por el alto tribunal generó tanto satisfacción como frustración, según la orilla. Y hay que ser muy claros en que esta se produjo luego de un proceso que transcurrió en derecho, con las debidas garantías. En ese orden de ideas, la determinación tiene que ser aceptada y, sobre todo, respetada.
Asimismo, se puede destacar el que el fallo descarta la relación de Plazas con la desaparición de Rodríguez y Franco, lo que, de una u otra forma, contribuye también al necesario esclarecimiento de unos hechos que, para vergüenza de nuestra institucionalidad, siguen rodeados de un aura de impunidad. Si está claro que el oficial no tuvo que ver con tales sucesos, es de suponerse que esta certeza debe servir para concentrar la acción penal en otros presuntos responsables para, ojalá muy pronto, llegar a la anhelada verdad.
Queda aún mucha tela por cortar. Y habrá más decisiones –en la medida en que no se extinga este renovado interés, algo que no puede ocurrir– de esta índole, que dejarán contentos a unos y molestos a otros. De lo que todos los involucrados, así como la opinión, deben tener seguridad es de la importancia de reconocer a la justicia como la única fuente válida y posible de la claridad que exige el caso. Solo esta rama del poder está facultada para armar un rompecabezas que poco a poco se va ensamblando y cuya conclusión debe ser un propósito común de todas las partes interesadas.
El llamado es a respetar las providencias que se produzcan, no solo porque estas son, cada una, un paso hacia la verdad, sino porque cuanta más legitimidad tengan los jueces y menos sombras se proyecten sobre sus decisiones, más probabilidad habrá de que heridas abiertas durante tres décadas cicatricen bien, que es lo que todo el país hoy anhela.
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