URGENTE, POR FAVOR
Por: Robert Gilles Redondo
Venezuela ha entrado en un callejón muy oscuro e
incierto dentro de este abismo al que nos ha arrastrado el régimen sinrazón de
Nicolás Maduro. Y esta inmensa desgracia que hoy padecemos es también el karma
de los descuidos de nuestra democracia que alentó una sociedad consumista y
cívicamente irresponsable a partir de un Estado paternalista incompetente e
insaciable que desde siempre ha gustado de ahogarse en las acaudaladas rentas
de nuestras riquezas naturales. De ahí que la República y sus instituciones no
soportaron el desmantelamiento al que las sometió el totalitario socialismo del
siglo XXI liderado por el difunto Hugo Chávez y su continuador, derivándose un Estado
fallido, contaminado en toda su compleja estructura por la corrupción, la
depravación moral, la inconstitucionalidad y hasta los gravísimos negocios del
narcotráfico, entre otras muchas cosas más.
Esta vez el tribunal supremo de justicia confirma su
voluntad de aniquilar la soberanía nacional como se evidencia en la sentencia
número 9 del 1 de marzo al suprimir, por ejemplo, las funciones
constitucionales de control político del parlamento venezolano sobre los demás
poderes, sólo para citar un ejemplo de esa aberrada ponencia. Y es que al
parecer la Asamblea Nacional, constituida en su mayoría por diputados de la
MUD, ha vacilado o actuado con lentitud respecto a las tareas impostergables
que ha tenido en sus manos. La destitución de los magistrados exprés era una de
estas tareas y, en el respeto a los lapsos y procedimientos, se ha caído en
este callejón de anarquía institucional que facilita la tarea de predecir una
suerte de encerrona que no nos conduce a nada porque es evidente que ninguna de
las decisiones ni leyes del Poder Legislativo (única institución con
legitimidad de origen en este momento) van a ser respetadas por los demás
“poderes” (parásitos) del Estado fallido.
Por eso he insistido con terquedad que el problema es
de fondo más que de forma. Echar a Maduro del poder es prioridad nacional e
histórica. No podemos seguir cohabitando con estos malandros que insisten en
liquidar a la República de Venezuela y su pueblo. Esto no se trata de una
conjura imperialista y contrarrevolucionaria, ni mucho menos golpista,
recuérdese el origen ilegítimo de Nicolás Maduro desde que usurpó el poder
gracias a la beneficencia del tribunal supremo cuando decretó la continuidad
administrativa en 2013 y su doble nacionalidad.
En esta hora tan amarga la Asamblea Nacional,
vanguardia del cambio, no puede seguir permitiendo que el país siga siendo
gobernado por una ínfima minoría que carece de apoyo popular. Si la MUD y su
mayoría se atasca en la búsqueda de consensos o en la espera de soluciones
mesiánicas o de lapsos para activar mecanismos, caerá en el circulo vicioso de
un “hacer” que el tribunal supremo va “deshacer”.
Sobre nosotros gravita la imagen de un violento
estallido social y del pasado remoto del siglo XIX donde las armas resolvían
los problemas. No se puede dudar que eso está siendo alentado por el régimen
con las decisiones del tribunal. Frente a ello se tiene que iniciar la
articulación de un gran movimiento de calle que rechace el fin de la democracia
y ayude a cerrar con doble llave esta angustiosa historia, poniéndose fin al
régimen de Maduro. Esto, más que una intención política, es un deber
constitucional con se lee en los artículos 333 y 350 constitucionales. Sin
calle no habrá salida. Sin calle seguiremos entrampados en esta tragedia,
mientras el país sigue hundido en la crisis humanitaria: sin comida, sin
alimento.
Es la hora de despegar y enfrentar sin titubeos la
responsabilidad que se tiene antes que el empeño revolucionario de destruirlo
todo acabe por socavar la paz social y se produzca aquello que tanto tememos.
Es urgente, por favor, acabar con esto.
Robert Gilles Redondo
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