EL CELESTINAJE JUDICIAl
por: Carlos Canache Mata
La utilización perversa del
poder judicial, poniéndolo al servicio de la conveniencia política, es una de
las características de las dictaduras (abiertas o disfrazadas) y de los
totalitarismos. Se entierra así la separación de los poderes públicos (y nuevamente
a Montesquieu), uno de los pilares del Estado de Derecho. Si esa separación
desaparece, desaparece también el Estado de Derecho.
En las dictaduras, los
jueces se postran ante el poder por servilismo o por miedo, especialmente en
los sistemas presidencialistas. En los regímenes totalitarios, los jueces
quedan atrapados en la hegemonía establecida sobre todos los poderes de la sociedad. En la Alemania
nazi, por ejemplo, el jefe jurídico del Reich, el doctor Hans Frank, le decía a
los jueces que, al adoptar sus decisiones, se preguntaran: “¿Es compatible esta
decisión con la conciencia nacionalsocialista del pueblo alemán?”.
Hitler nunca
derogó formalmente la Constitución de la República de Weimar, sino que
basándose supuestamente en ella decretó miles de leyes que se fundamentaban en el
Decreto-ley de Protección del Pueblo y del Estado, que, aplicando el artículo
48 constitucional, firmó el temeroso presidente Hindenburg. Hitler tampoco
cerró al Reichstag (el Parlamento) sino que éste, tras el incendio provocado
para que sirviera de pretexto a la represión, aprobó sumisamente la Ley de
Plenos Poderes (24 de marzo de 1933) que delegaba sus funciones legislativas al
Gobierno nazi.
Como esta Ley, que implicaba una modificación constitucional,
sólo podía ser sancionada con la votación calificada de los dos tercios de los
diputados, se recurrió, para lograrla, al arresto de varios diputados de la
oposición. En la Alemania del Tercer Reich, como estado totalitario, imperaba
el principio del mando único.
Guardando las distancias, el gobierno que
encabeza Nicolás Maduro también se está valiendo del Poder Judicial para
“legitimar” sus felonías y para que la
Asamblea Nacional, sin cerrarla, se convierta en un órgano anodino, inocuo,
soso. El Colegio de Abogados de Caracas, en documento de fecha 24-02-16,
denuncia que las Salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de
Justicia, con decisiones recientes, “pretenden imponer una camisa de fuerza e
inclusive desactivar anticonstitucionalmente las principales atribuciones
jurídicas del Poder Legislativo Nacional”. Cita al respecto la declaratoria de
vigencia del Decreto de Emergencia Económica improbado por la Asamblea Nacional,
“consagrando de hecho un gobierno judicial del país”, y la suspensión cautelar
de la proclamación de los diputados electos por el pueblo del Estado Amazonas
que evidencia “un fraude constitucional, ya que se ha usado un procedimiento
judicial electoral como excusa para obtener en forma antijurídica una
afectación al quórum de la Asamblea Nacional” (no se llegó al extremo
hitleriano, arriba señalado, de arrestar a los diputados).
El comunicado de los
abogados recomienda la “revisión” del TSJ, mediante los mecanismos
constitucionales pertinentes, para no caer en “la peor pesadilla de los
estudiosos del Derecho Constitucional: un gobierno de jueces constitucionales,
no elegidos por el pueblo y sin ninguna fórmula de control sobre ellos”.
Por sus alcahueterías,
también existe el celestinaje judicial.
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