ESCLAVOS ROJOS
Por: José Domingo
Blanco (Mingo)
Que el Cendas nos diga que, para cubrir la canasta
básica de octubre, una familia de cinco miembros tuvo que
desembolsar Bs. 110.116,47, escandaliza. Se necesitan 14,8 salarios mínimos
para cubrirla. Son muchos los recortes que hay que hacer en un hogar para
llegar a final de mes. Pero, permita Dios que esa familia no esté en la
nómina del Estado, porque además de los gastos fijos que deben cubrir, su
empleador los obligará –corrijo, los “exhortará”- a realizar “aportes
voluntarios” para la causa, que en estos días se traduce como “campaña
electoral”. Un aporte monetario para que el PSUV, logre su “victoria
perfecta” y estas sabandijas que nos desgobiernan sigan perpetuándose
en el poder.
Por estos días, días previos a las elecciones, el
memorándum de los “chivos” máximos de los organismos públicos -invitando
a hacer una “contribución” a la campaña del PSUV- no se ha hecho
esperar. El depósito de la “donación” en los bancos del Estado es de obligatorio
cumplimiento para los funcionarios del gobierno que ocupan altos
cargos. En condiciones normales, estas órdenes jamás serían acatadas con
beneplácito. Y menos aún con el costo de la vida que nos recuerda mes a mes el
Cendas. Para nadie, por más adicto que sea de la revolución y de los
pensamientos de Chávez, debe ser fácil desprenderse de un dinerito que seguramente tenía
destinado para otro fin más mundano y menos ideológico. Me gusta pensar
que alguno de esos empleados públicos, mínimo, se le escapa una mentada de
madre cuando recibe una orden de esta naturaleza. Porque eso es lo
que es: una orden de obligatorio cumplimiento, de la que no pueden escapar
porque los tienen vigilados. Y para comprobar que hicieron el aporte, tienen
que enviar la copia del voucher escaneada. Quisiera creer que por más
alineados que estén con la doctrina del desgobierno, a estos
funcionarios les molesta la imposición de hacer un cheque para
la revolución.
Pero, el asunto es que esta obligación no es sólo para
los altos cargos gerenciales dentro de la nómina del Estado. Los otros empleados,
los que tal vez ganen solo un poco más del salario mínimo, los
que tal vez no están enchufados, ni cobrando comisiones sino recibiendo su
“quince y último”, también son “víctimas” de este abuso de poder. Así nos
lo dejaron saber algunos de ellos –cuyos nombres pidieron no ser revelados.
Les obligan a realizar aportes, los obligan a marchar, los obligan a arrastrar a
diez personas más a los “Puntos Rojos” donde se realizan los simulacros de
las parlamentarias. Los hacen asistir a las concentraciones de Maduro. Los
montan en un autobús y los llevan como ganado a aplaudir las bobadas del
mandatario. Los hacen vestirse de rojo. Les ponen en las oficinas el
canal 8 y en el “hilo musical”, las arengas del difunto. A eso, ¿cómo lo
llamamos? Para mí, es la versión moderna de la esclavitud; esclavos rojos a
quienes no les queda otra opción que buscar trabajo con el mayor
empleador de este país. Y puedo entender que muchas de estas personas lo
hagan por la necesidad de mantener a las familias, pagar las deudas,
alimentarse y subsistir. Sin embargo, lamento enormemente que nuestra
fuerza trabajadora, nuestros profesionales, técnicos y obreros hayan caído en
esta especie de opresión moderna. Es válida la excusa de la necesidad de
mantener a las familias; pero, ¿por qué permitir vejaciones y acatar mandatos
que son propios de una dictadura de partido? Necesitamos una rebelión de empleados
públicos. Que se levanten y sean capaces de decir: “no me calo más esta vaina”.
Empleados públicos que se alcen y le pongan freno a los
abusos y a las coerciones de libertad de pensamiento y acción. Ya
basta de que, como el Estado es el partido de gobierno, los empleados
públicos -que son pagados por nosotros- tengan forzosamente que
militar y ser fiel a la línea partidista. Incluso tendrían que ser lo
suficientemente valientes como para impedir que les exijan este 6Dtomarle
una foto a la papeleta que emita la máquina de votación como prueba de que
eligieron – así no les guste- a los candidatos del PSUV. Una flagrante
violación a la Constitución y al secreto del voto.
Además, como para azuzarles las molestias, muchos de
estos funcionarios públicos cuentan que, en los últimos
meses, han visto como a sus oficinas están llegando a “trabajar” una
gran cantidad de personas contratadas, que solo están sentadas en los
escritorios o deambulando por los pasillos; entorpeciendo las labores
de los que sí tienen trabajo que hacer. Tercerizados que lo único que
hacen es mirar para el techo y “cumplir” con el horario. Nadie
sabe qué hacen, ni para qué fueron contratados; solo saben que cada
vez incorporan más personas que no se necesitan. Algunos se
aventuran a decir que “tal vez son patriotas cooperantes, vigilando para
sapear a quienes se quejen del gobierno”.
Aun cuando la esclavitud en Venezuela se abolió
hace muchos años, la nómina del Estado es tan inmensa que, para pertenecer
a ella, los obligan a venderle el alma a Maduro, como en su momento
se la vendieron a Chávez. Los empleados públicos son unos sometidos a los
mandatos del régimen. Tiene que haber alguien capaz de rebelarse contra esa
dictadura del pensamiento. El rojo rojito de las dependencias del gobierno es
la mejor representación del infierno de quienes se ven en la necesidad de
trabajar para el Estado, vestirse con la camisa roja que los obliga a vestir el
Estado, leer los periódicos que le indica el régimen, marchar alabando y
gritando consignas a favor del desgobierno. Aprenderse de memoria el Plan
de Patria que, como nuevo contrato de la vida laboral del empleado
público, obedece a las líneas del partido de gobierno. El Estado termina
siendo el Gran Polo Patriótico y, como al mismo tiempo es el mayor
empleador, tiene las herramientas para mantener sumisos -como presos de
conciencia y esclavos de su ideología- a nuestros
empleados.
@mingo_1
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