MADURO ENTRE LA ESPADA Y LA PARED.
No es ninguna
exageración: el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra entre la espada de la
justicia y la pared de una comunidad y una opinión pública internacionales que
no parecen dispuestas a seguir tolerando sus crímenes de lesa humanidad.
Antonio Sánchez García @sangarccs
Se equivoca quien crea que la cruenta carnicería del
Estado Islámico le ha dado un segundo aire al régimen de Nicolás Maduro.
Ciertamente, el atentado parisino sirvió de inesperada tapadera al escándalo de
la familia Maduro Flores y sacó provisoriamente de los titulares de primera
página de los medios internacionales la primera aparición pública del Cartel de
los Flores. Que a juzgar por las informaciones que se han filtrado por los
resquicios informativos que permiten los actos terroristas de la Yihad
constituía una de las fuentes de financiamiento de las campañas electorales del
régimen. Por lo menos desde las presidenciales del 2013. Como lo reporta un
detallado informe aparecido hoy en la primera página del diario ABC, de Madrid:
“En sus operaciones de narcotráfico, los sobrinos de Nicolás Maduro detenidos la semana pasada y
a la espera de juicio en Nueva York ayudaban a financiar las campañas electorales
chavistas, después de quedarse con elevadas sumas y pagar a otras personas de
la red. Efraín Campo Flores, ahijado del presidente y criado en su hogar, y
Francisco Flores de Freitas contribuyeron con parte de las ganancias de su
negocio ilícito a la campaña presidencial de Maduro de 2013 y presuntamente
también iban a aportar fondos para la campaña de las legislativas del 6 de
diciembre, de acuerdo con el confidente que condujo a la detención de los dos jóvenes,
según fuentes próximas al caso.”
La gravedad de la información echa una terrible sombra de duda sobre la
integridad ética de la presidencia y adelanta suficientes elementos de juicio
como para que los organismos internacionales pertinentes a los que Venezuela
está adscrita, y que implican derechos pero también deberes de conducta
jurídico-políticos, caractericen al régimen como un Narco Estado, pues en el
caso en cuestión no se trataría tan solo de aprovecharse de recursos mal
habidos, sino de promoverlos y organizarlos:
“Nuevos detalles refuerzan la sospecha de
la probable implicación de la propia presidencia de la república en la
operación que pretendía introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos. Como
denuncia el confidente, quien previamente ya había trabajado con la red
familiar de Maduro, el ahijado de este y su primo, ambos sobrinos de Cilia
Flores, esposa del presidente, sacaban habitualmente la droga desde la Rampa 4,
el área del aeropuerto internacional de Maiquetía reservada al jefe del
Estado.”
Si el Departamento de Estado, la OEA e incluso MERCOSUR ante requerimientos
del posible futuro presidente argentino Mauricio Macri tuviera que aplicar la
Carta Democrática y exigir el cumplimiento de las sanciones previstas, el
artículo aparecido hoy en el afamado ABC de Madrid ofrece concluyentes
detalles:
“Los dos jóvenes volaron a Haití con el cargamento de droga custodiados por
dos miembros de la Casa Militar presidencial, en función de guardaespaldas, y
pilotados por un militar de alto rango, el teniente coronel Pedro Miguel
Rodríguez González. De copiloto viajó el también militar Pablo Urbano Pérez.
Para realizar esa misión, el teniente coronel Rodríguez González, mando en
activo de la Fuerza Aérea Venezolana, tuvo que haber pedido autorización para
ausentarse de su normal ocupación. Por otra parte, sorprende que alguien de ese
rango se haga cargo de un vuelo en principio menor y además civil (el jet
pertenece a una constructora) si no es porque conoce el valor de la operación.”
Por si no bastara con informaciones de sucesos tan relevantes, que sitúan al
gobierno de Nicolás Maduro a la luz de actividades criminales incompatibles con
la existencia de un Estado de Derecho, en la misma edición del mismo periódico
una de las figuras más relevantes del escenario político mundial, el
socialdemócrata Felipe González, califica al régimen presidido por Nicolás
Maduro de “tiranía arbitraria”. El concepto es redundante, pues la esencia de
una tiranía radica precisamente en la absoluta arbitrariedad del tirano, pero
deja colar la naturaleza anti histórica, contra natura, ilegítima y
perfectamente prescindible de la tiranía madurista.
Que tal caracterización en un estadista que conoce perfectamente la tesitura,
el rango y la significación implícita de los adjetivos, pues además de político
es abogado, pretende deslindar terrenos entre tiranías no arbitrarias - ¿Cuba?-
y la satrapía venezolana apunta a las instancias jurídicas como propias para
tratar la naturaleza criminal del gobierno de Nicolás Maduro, se vio confirmado
por un hecho inédito en la historia de las relaciones entre Venezuela y
cualquier otro país de la región y del mundo: La Tercera, el más leído de los
periódicos chilenos, trajo ayer la noticia según la cual la Corte Suprema de
Justicia chilena había ordenado al gobierno de la presidenta socialista
Michelle Bachelet instar a la OEA a ocuparse de las graves violaciones a los
derechos humanos que se suceden en Venezuela y tratar, en particular, el caso
de las criminal condena a 14 años de prisión del joven líder político venezolano
Leopoldo López. La inmediata respuesta del jefe de su gabinete, Jorge Burgos,
informando que su gobierno acataría la disposición de la CSJ, demuestra el
ánimo en que se encuentra el país. El País, de Madrid, en su edición de hoy,
titula por su parte en portada: “Chile, obligado por ley a interceder
por los presos venezolanos. La Corte Suprema acoge un recurso de protección a favor de Leopoldo López y
Daniel Ceballos.”
Esto sucede a horas de un hecho que puede darle un giro trascendental al ánimo
de la comunidad hispanoamericana: las elecciones presidenciales argentinas. El
más que previsible triunfo de Mauricio Macri y el cumplimiento de su promesa de
movilizar de inmediato el aparato diplomático del nuevo gobierno para exigir
sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro anuncia una suma de actos que
acorralarán a quien se verá seriamente cuestionado por la ciudadanía el 6 de
diciembre próximo.
No es ninguna exageración: el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra entre la
espada de la justicia y la pared de una comunidad y una opinión pública
internacionales que no parecen dispuestas a seguir tolerando sus crímenes de
lesa humanidad.
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