LO
QUE HAY QUE HACER
Carlos
Canache Mata
Estamos en presencia de un
gobierno que agoniza, en espera de su obituario. Es un gobierno que no tiene
voz propia, los ventrílocuos están en Cuba. Cumpliendo las instrucciones que se
le imparte a distancia, ordenó a la Sala Constitucional del TSJ que, poniéndose
“rodilla en tierra”, dictara el 21 de este mes una sentencia contentiva de
siete nuevas limitaciones a la Asamblea Nacional, entre otras, la prohibición
de poder sesionar sin previa convocatoria con 48 horas de anticipación, la
prohibición de poder modificar el orden del día de sus sesiones, y, el colmo,
la prohibición de aprobar leyes sin el previo informe favorable del Poder
Ejecutivo sobre la viabilidad económica de tales leyes. Sólo falta que se envíe
a la Guardia Nacional a poner candados en las puertas y rejas del Capitolio.
Al insólito atropello
institucional, se suma la amenaza de un
“colapso total del sistema económico”, como lo acaba de advertir un alto
vocero del Fondo Monetario Internacional. Para resumir, en pocas palabras,
hasta dónde llega el fracaso gubernamental de Maduro, bastaría con recordar
que, apenas en los últimos tres años, la pobreza ha crecido del 23% al 73% de los hogares venezolanos, según
el estudio conjunto realizado por la UCV, la UCAB y la Universidad Simón
Bolívar.
Ante ese sombrío panorama,
me preguntaba ¿qué hacer? en el artículo de la semana pasada, y ahora paso a la
respuesta que prometí dar hoy.
La oposición democrática
debe persistir en transitar los caminos anunciados para cambiar a Maduro y el
régimen que lo sustenta, habiéndose dado preferencia, de momento, al referendo
revocatorio y la enmienda constitucional. Pero, si la Sala Constitucional y el
CNE, al alimón, siguen obstaculizando con sus trácalas esos mecanismos para que
el pueblo exprese su voluntad este mismo año, si se cierran esas vías de
escape, entonces, in extremis hay que recurrir a los mecanismos, también
constitucionales, previstos en los artículos 333 y 350 que nos obligan y mandan
a “colaborar en el restablecimiento” de la efectiva vigencia de la Carta Magna
y a “desconocer” cualquier autoridad
“que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Es decir,
la presencia masiva y rotunda del pueblo
en la calle presionaría, de manera incontenible, la renuncia presidencial y la
convocatoria, según el artículo 233 de la Constitución, a nuevas elecciones
dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Ese derecho de resistencia
(ius resistendi) a la opresión es lo que Maurice Hauriou llamó el “ultimum
remedium”.
El 11 de abril de 2002 una
inmensa marcha popular condujo a la renuncia de Chávez, “la cual aceptó”, que
no firmó, por el error de no haberse aceptado su exigencia de irse a Cuba.
Así restituiríamos la
democracia, con su división de poderes, y los nuevos enterradores de
Montesquieu tendrían que responder ante la justicia nacional e internacional.
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