José Rafael Pérez Venta, en el extremo derecho de la foto, aparece junto al líder opositor Leopoldo López y la ex diputada María Corina Machado.
El juicio contra el dirigente opositor venezolano Leopoldo López parece llegar a su fin. La audiencia final, postergada la semana pasada por la ausencia de uno de los implicados en el proceso, Marco Coello, debe llevarse a cabo este jueves 10 de septiembre.
La Fiscalía General presentó la semana pasada sus conclusiones en el juicio. Reiteró la culpabilidad del líder de la agrupación opositora Voluntad Popular en los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinación en daños e incendio.
Sin embargo, el abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, no aceptó las acusaciones de la Fiscalía. Gutiérrez afirma que no hay elementos para incriminar a su cliente. Además, señaló irregularidades en el proceso judicial, indicando que no se dejó a la defensa que presentara pruebas en el juicio.
¿Qué tipo de proceso es este en el que se obstaculiza la tarea del equipo defensor? ¿Por qué el sistema judicial está empeñado en condenar a López, uno de los protagonistas de las protestas mayormente pacíficas que a principios del año pasado revelaron el enorme malestar del pueblo venezolano con su gobierno?
Si López es culpable de los delitos que le atribuye la fiscalía, ¿por qué en el juicio no se ha permitido que la defensa presente sus pruebas?
La esposa de López, Lilian Tintori, dijo que en una llamada telefónica el líder encarcelado le informó que no le habían permitido presentar testigos. Eso está muy lejos de la definición de un juicio justo. “No pueden condenar a Leopoldo sin ninguna prueba o testigo que lo acuse”, protestó Tintori.
Las manifestaciones del año pasado, que fueron reprimidas por la policía del régimen chavista y dejaron un saldo de 43 muertos, fueron causadas por la ineptitud del gobierno de resolver la crisis en Venezuela. Una crisis económica y política en la cual Nicolás Maduro y sus partidarios insisten en ponerle a la sociedad venezolana la camisa de fuerza de un modelo que conduce al fracaso. En ese marco, el juicio a López –lleno de arbitrariedades, demoras y atropellos– parece más una represalia que un proceso jurídico.
El líder opositor está preso desde febrero del 2014; lleva más de un año y medio tras las rejas. Su juicio ha estado plagado de irregularidades. A la defensa le han atado las manos. La única salida justa sería ponerlo en libertad. Esperar esa decisión en la audiencia de este jueves podrá ser ingenuo, pero de todos modos hay que exigir su liberación.
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