Por Franco Mirolo *
Diario Exterior, Madrid
13 de septiembre de 2015
En horas de la noche del jueves 10 de septiembre de 2015, el régimen de Nicolás Maduro condenó a casi 14 años de prisión – sumados el año y medio que lleva confinado en una cárcel militar – al líder opositor Leopoldo López, redoblando así sus esfuerzos por eliminar todo tipo de disidencia y lograr perpetuarse en el poder, siguiendo los pasos de los dictadores Castro en Cuba.
La persecución a López se remonta al año 2008, cuando tenía planeado postularse como Alcalde de la ciudad de Caracas pero, por denuncias de supuestas irregularidades en su contra, la Contraloría General de la República dictó una sanción en su contra, inhabilitándolo para cualquier cargo público por 6 años. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual por unanimidad ordenó al Estado Venezolano revocar esta medida. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia bolivariano declaró inejecutable el fallo por estar “lleno de contradicciones y hechos inexactos”, ratificando así la sanción y saliendo de la jurisdicción de este Tribunal Internacional.
Durante las protestas del mes de febrero de 2014, la Fiscalía General de la República emitió una orden de arresto en su contra acusándolo de “instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, homicidio, terrorismo y asociación para delinquir”, cuando la verdad fue que la manifestación se estaba desarrollando de manera pacífica, hasta que militantes chavistas arribaron violentamente. No está determinado de forma clara quiénes provocaron los incidentes, pero lo cierto es que a López se lo encarceló en un intento de decapitar el movimiento opositor y de demostrar a la sociedad que el régimen bolivariano no iba a ceder ante los legítimos reclamos populares.
Leopoldo fue confinado en aislamiento en la Cárcel Militar Ramo Verde como medida preventiva y se prohibió a delegaciones internacionales – una de ellas encabezada por el ex-presidente chileno Sebastián Piñera – constatar el estado de su detención. Numerosas organizaciones internacionales de Derechos Humanos – como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Human Rights Foundation, Naciones Unidas, entre otras – condenaron el encarcelamiento del líder opositor, haciendo el gobierno venezolano oído sordo.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce los derechos a un debido proceso y a la presunción de inocencia, en sus artículos 44 y 49 respectivamente, derechos que fueron sistemáticamente violados en el caso López, al igual que otros consagrados a lo largo de dicho cuerpo normativo y en tratados internacionales de Derechos Humanos.
Como si esto no fuera poco, la persecución a la oposición no se agota ahí. Empapado de la lógica populista arquetípica del llamado “socialismo del Siglo XXI”, el dictador bolivariano ve en cada persona que piensa distinto un enemigo, alguien peligroso que debe ser eliminado en nombre de la revolución que iniciara Hugo Chávez. Bajo la excusa de que quienes quieren ver a Venezuela libre, democrática y funcionando con arreglo a instituciones republicanas están planeado un golpe de Estado, Maduro ordenó una serie de medidas para exterminar las escasas voces disidentes que quedan, violando no tan solo leyes locales sino también legislación internacional en materia de Derechos Humanos.
El 19 de febrero de 2015, fuerzas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional irrumpieron en las oficinas del alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, y secuestraron al mismo sin contar con una orden escrita de arresto emanada de autoridad competente.
Las fuerzas de inteligencia privaron de su libertad a Ledezma, violando la propia Constitución Nacional y absolutamente todos los tratados de Derechos Humanos ya que se omitió la orden escrita de autoridad competente y fue aislado totalmente en las primeras horas, de forma tal que su familia no tenía noticias de las condiciones de detención. Este hombre en particular, y todos los líderes opositores en general, son perseguidos exclusivamente por motivos políticos y fustigados públicamente, a tal punto de hacerle creer al pueblo que son enemigos y deben ser tratados como tales.
A comienzos de este año, se ordenó que el ejército de Venezuela y las fuerzas de seguridad puedan usar armas de fuego para controlar manifestaciones y reuniones públicas. El Gobierno de Maduro así lo ha aprobado en una resolución, firmada por el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López. La resolución es repulsiva abiertamente al artículo 68 de la Constitución Venezolana y discutidamente al artículo 329. Lo polémico aquí no es si viola o no la ya hartamente ultrajada Constitución de la República Bolivariana, sino que no distingue entre manifestaciones pacíficas o violentas, por lo que a priori el ejército y la Guardia Nacional podrían abrir fuego contra cualquier tipo de protesta, tal como ocurrió el día 24 de febrero de 2015 en una protesta de estudiantes en Táchira, cuando la policía de esa localidad disparó contra aquéllos, resultando el asesinato de Kluiberth Roa de 14 años.
María Corina Machado es otro caso. Primero fue brutalmente golpeada durante una sesión de la Asamblea Nacional hace unos años y luego, en el transcurso de este año, fue inhabilitada por un año para poder ejercer cargos públicos, obstando así su candidatura en el mes de diciembre de 2015.
La comunidad internacional debe reaccionar con firmeza ante estos hechos y activar los mecanismos legales establecidos en tratados para poner un freno a este atropello al ser humano. Nicolás Maduro ya no es solamente un criminal local, ahora es un criminal internacional, apoyado y vitoreado por sus pares de la “Patria Grande”.
¿Por qué debería interesarnos lo que ocurre en este país? Quien escribe tuvo la oportunidad de reunirse con dirigentes de Vente Joven Venezuela, la rama para la juventud del partido de Corina Machado, en el marco de los seminarios de Participación Juvenil en América Latina: La Juventud en el Proceso de Toma de Decisiones, organizados por la Federación Internacional de Juventudes Liberales, en Buenos Aires en diciembre de 2014 y en Barcelona en agosto de 2015, representando al Centro de Estudios LIBRE, y fue alertado por los jóvenes venezolanos sobre la situación argentina. En efecto, estos opositores del país caribeño ven en nuestro país el fiel reflejo de lo que fue Venezuela años atrás, antes de culminar en una dictadura. Ya estamos sufriendo algunos síntomas: el asesinato de un Fiscal de la Nación que acusó a quien dirige el Poder Ejecutivo, recusaciones infundadas a Jueces independiente, las tropas paramilitares de Milagro Sala en Jujuy, el asesinato de un militante de la Unión Cívica Radical, las oscuras elecciones en la provincia de Tucumán, entre muchas otras. Debemos ver a Venezuela como lo que no queremos ser y estudiar su realidad para evitar ese desastre en nuestra decadente República.
* Franco Mirolo es miembro del Centro de Estudios LiBre.
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