¿QUIÉN DIJO QUE TENEMOS ESTADO DE DERECHO?
por: Carlos Canache Mata
La Comisión Internacional de Juristas, integrada por jueces y abogados de diversas regiones del mundo, publicó la semana pasada un Informe titulado “Venezuela: El Ocaso del Estado de Derecho”, en el que asienta que éste está en crisis en nuestro país y que “el poder político, de la mano con las autoridades judiciales, afecta gravemente los derechos humanos de las personas que públicamente han manifestado su discrepancia con el Gobierno”, y cita, como ejemplo, la situación que viven Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y Vicente Scarano.
En estos días el país se ha asombrado con las revelaciones de uno de los fiscales acusadores de Leopoldo López, que abandonó a Venezuela acompañado de su familia, según las cuales fue presionado por los principales jerarcas gubernamentales, a través de la Jefatura del Ministerio Público, para que presentara pruebas falsas contra López relacionadas con las protestas iniciadas el 12 de febrero de 2014, lo que condujo posteriormente a su condena por casi 14 años de cárcel. A Antonio Ledezma le inventaron un delito de conspiración, lo hicieron preso hace ocho meses y todavía no se ha celebrado la audiencia preliminar de su enjuiciamiento, suspendida siete veces. A Daniel Ceballos y Vicente Scarano los condenó la propia Sala Constitucional, actuando como un tribunal penal, por un supuesto desacato a las órdenes impartidas de prevenir y repeler, en su condición de alcaldes, los cierres de calle durante las protestas del mencionado año 2014.
La sumisión judicial anda suelta no sólo entre los jueces y fiscales que por su provisionalidad (en esa situación se encuentra el 66% de los jueces y las gran mayoría de los fiscales) temen a ser despedidos si toman decisiones que no agraden al gobierno, sino que desde hace tiempo trepó al mismísimo TSJ, pudiendo citarse como ejemplo, su reciente sentencia del 4 de agosto de 2015 que declaró sin lugar la demanda presentada en contra del BCV por negarse a publicar los datos fundamentales del estado de la economía nacional (PIB, inflación, escasez, balanza de pagos, etc). Así, el TSJ se hizo cómplice de la violación del artículo 319 de la Constitución, que ordena taxativamente que el BCV “rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables económicas del país y sobre los demás asuntos que le soliciten e incluirán los análisis que permitan su evaluación”. ¿No está claro eso, señores magistrados?.
La entrega incondicional del TSJ al Gobierno también se evidencia en la información de que entre 2005 y 2013 el 99% de las peticiones de medidas cautelares hechas por entes públicos fueron acogidas, en tanto que el 98% de las hechas por particulares fueron negadas, como se reseña en el libro “El TSJ al servicio de la revolución”, de Antonio Cánova González. Otra evidencia de esa perversión es el desconocimiento de las sentencias y recomendaciones relacionadas con Venezuela que provienen de los órganos internaciones de promoción y protección de los derechos humanos.
Por lo que se ha anotado y por muchas otras razones es que, en cuanto a Estado de Derecho, The Rule of Law 2015 del World Justice Project ubica a Venezuela en el lugar 102 de los 102 países examinados, es decir, en el último lugar.
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