Editorial: Asfixiar una democracia
La rocambolesca operación sin orden judicial que terminó el jueves con la captura del opositor alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que incluyó derribo de puertas, saqueo de su despacho y tiros al aire ejecutados por una extraña mezcla de encapuchados y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política), puede marcar un punto de quiebre en el rumbo que tomará en el futuro la revolución bolivariana.
Si hasta hace poco el régimen de Nicolás Maduro mantenía, digamos, una fachada democrática y respetaba ciertas formas, toda vez que su muy apretado triunfo en las urnas fue avalado por la comunidad internacional, la voraz persecución contra la oposición y en especial contra el grupo liderado por el encarcelado hace un año Leopoldo López, el ahora detenido Ledezma y la carismática María Corina Machado –que podría ser la próxima– marca un dramático retroceso en el Estado de derecho del vecino país y lo encamina decididamente por los rumbos del totalitarismo y del recorte de libertades.
Los agresivos métodos del grupo que se llevó a Ledezma se parecen, guardadas las proporciones, a las operaciones ejecutadas por oscuros comandos en las dictaduras de Argentina y Chile. La diferencia es que gracias a las cámaras de seguridad y a las redes sociales el hecho no quedó en las tinieblas.
Y es que Ledezma ha sido desde tiempo atrás un hueso muy duro de roer para el chavismo, porque les ha ganado sucesivas elecciones a la alcaldía metropolitana de Caracas, un botín político enorme, y porque sus posiciones siempre han sido firmes, respetuosas y ponderadas.
Palabras aparte merece el dramático episodio en el que le fue arrebatado por la fuerza el teléfono a López mientras concedía una entrevista a CNN en Español y que quedó registrado en la grabación de la cadena. Desde entonces fue confinado, según denunciaron sus familiares, a una celda de aislamiento llamada ‘el tigrito’, en el penal militar de Ramo Verde, en el que el jueves se vieron extraños movimientos de tropas que encendieron las alarmas sobre un posible e irregular traslado del líder opositor.
Todo esto, en un contexto de crispación social alimentado por las acaloradas versiones de Maduro de que un supuesto eje Bogotá-Madrid-Miami está fraguando un complot para derribarlo y de sus constantes comentarios en torno a que lo que llama la extrema derecha colombiana estaría, junto con la oposición y un grupo de militares ahora detenidos, organizando una conspiración. Incluso, aseguró que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, está detrás de un plan para asesinarlo. Cortinas de humo para esconder el caos de su gestión.
Bien lo alertamos en las páginas de este diario en el 2013, cuando Maduro fue ungido sucesor del fallecido Hugo Chávez y luego ganó las presidenciales por un puñado de votos: que ante la polarización del país y en ausencia del carisma y el arrastre popular del ‘comandante’, el camino del nuevo presidente podría ser el de la radicalización de la ‘revolución’ para debilitar a la oposición y fortalecerse dentro de la base chavista, no muy convencida de su liderazgo. Ese libreto lo ha cumplido al pie de la letra, acosado por una crisis económica y social sin precedentes recientes, un coctel peligroso para un régimen que quiere sostenerse a como dé lugar en el poder.
No hay que perder de vista tampoco que Venezuela se encamina hacia una sinuosa campaña electoral que renovará la Asamblea Nacional y en la que, según los sondeos, el chavismo podría ver seriamente amenazada su supremacía en el Legislativo. La popularidad de Maduro rara vez supera el 22 por ciento y las colas para comprar productos de primera necesidad cada vez son más largas. De ahí que la estrategia sea debilitar a las cabezas más visibles de la oposición o al menos desmoralizarlas.
Llama también la atención el silencio de los líderes de la región. Salvo Estados Unidos, Colombia y Chile, los demás países no se han manifestado. El presidente Juan Manuel Santos exhortó a las partes al diálogo y aseguró que desde este territorio no se fragua ninguna conspiración y que si así fuera “actuaría con todo el peso de la ley”. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se declaró “alarmado”, mientras que la Unasur gestiona una visita de los cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador al país, previa a una cumbre para tratar el tema.
Pero esto parece insuficiente. La magnitud del desafío a la democracia que se está planteando en Venezuela, con todo y denuncias de torturas, violaciones de los derechos humanos, asesinatos, juicios desequilibrados, persecución a la oposición, prensa amordazada y todo el libreto trágico que escriben los Estados totalitarios, no se arregla con pañitos de agua tibia. Es hora de una actitud más decidida de la comunidad internacional frente a la tragedia del bravo pueblo venezolano, cuyo desconcierto ante la indiferencia del continente está más que justificado.
EDITORIAL
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