Hoy su tema es el anunciado "proceso" del próximo 6 de diciembre y sus preocupantes proyecciones, entre cuyos elementos esenciales, el menos importante es la intención del voto, anhelo que por evidentemente mayoritario que sea, una vez pasado por el tamiz del CNE y de la MUD, es muy probable que nada tenga que ver con la voluntad de los venezolanos. Pero a los ya innumerables elementos de desconfianza en la objetividad del órgano supuesto a garantizar la pureza de los comicios, se suman otros que se debaten, entre el disparate y el delirio y entre estos últimos está el establecimiento de un "cupo" femenino del 50% en las candidaturas parlamentarias.
Deliberadamente, me despojo de mi condición de abogado, sin necesidad de esgrimir ningún argumento legal o constitucional, en esta materia, la sola idea de fijar cantidades o cupos de representantes, basados en consideraciones de género, de color, de religión o de afición deportiva es una monstruosidad, un disparate que "clama al cielo" como se solía decir en otros tiempos. Quienes se escudan en un pretendido feminismo en defensa de tal desafuero, incurren en lo que se podría calificar de "machismo feminista" una desviación excluyente y paralelamente limitante. Dentro de la mas elemental lógica racional que podría impedir que mujeres, hombres o "el tercer sexo" como lo señala Grooscors, ocupen mayor o menor número de curules, yo preferiría una Asamblea mayoritaria de émulos en talento y cultura de Oscar Wilde o Safo de Lesbos (para no citar a nadie vivo) que de competidoras de Iris Varela o de Carreño. Ya me extendí en demasía. Salud
ALFREDO CORONIL HARTMANN
Itaca 18 de julio de 2015
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LAS
CONDICIONES
por: Rafael
Grooscors Caballero
La última caprichosa decisión del CNE, la “paridad de
género”, para someter a los participantes en la próxima contienda electoral del
6 de Diciembre y elegir el nuevo “Parlamento” venezolano, excede, en mucho, la
comprobación de que la ciudadanía y la voluntad popular soberanas, en nuestro
país, vienen siendo burladas y humilladas, cruelmente, por quienes ocupan los
cargos de dirección de las más importantes instituciones del Estado. Determinar
el sexo como cualidad básica para ser candidato a Diputado, no sólo es absurdo,
ridículo e injusto --¿y el tercer sexo?--
sino que viola principios claramente definidos en la Constitución vigente,
en cuanto a las cualidades exigibles a quienes aspiren a ser legítimos
representantes del pueblo. Pero esto es lo último en una ya larga cadena de
imposiciones que el gobierno, en cualquiera de los llamados “poderes públicos”,
le ha colocado sobre los hombros a la dignidad popular y a la democracia,
envileciendo su esencia y anulando los resultados y consecuencias de su
participación.
No
nos
cansaremos
de repetir, con obstinación, que desde 2004, a los efectos del “famoso”
Referéndum Revocatorio, el régimen se preparó para ganar todas las contiendas y
para no entregar jamás el Poder. La contratación, sin licitación, del sistema
automatizado “Smartmatic” y las capta-huellas, simultáneamente con la
“elaboración” de un nuevo registro de electores (REP), fueron decisiones que
anclaron el fraude, desde el principio, a los fines de la eternización en el
Poder del grupo gobernante, sin que, en ningún momento, la “oposición” de turno
protestara, como se merecía, tal violación de la naturaleza y esencia de la
democracia, tal cual la proclama la Constitución de 1999. (Constitución que,
por lo demás, surge de una consulta popular, no prevista en el orden legal de
entonces, para propiciar un “proceso constituyente”, al que respondió
afirmativamente apenas el 27% del electorado). Casi por arte de magia, de
finales del 2003 a comienzos del 2004, “aparecieron”, en menos de seis meses,
unos Dos Millones de “nuevos” electores, lo que constituía un “incremento” de
mucho más del 15% de la data registrada para entonces, ¡en menos de un año!. La
“oposición”, desde luego, hizo una “auditoría” a esta sobrepoblación de
electores, aplicando el método de muestreo, prácticamente dirigida por las
propias autoridades del CNE y llegó a la conclusión de que el hecho más bien
destacaba el “crecimiento del espíritu de participación ciudadana” en los
procesos electorales venezolanos. Un abogado amigo, miembro de la Consultoría
Jurídica del CNE para entonces, --nombre que no revelamos para evitar injustas
represalias-- nos confirmó que de una
investigación interna, realizada por el mismo cuerpo sobre las pruebas
filiatorias de los cedulados, se había encontrado que hay casi Tres millones de
venezolanos, inscriptos en el REP y portadores de Cédula de Identidad, no estaban
respaldadas ni por Partidas de Nacimiento, ni Actas de Naturalización, ni
ningún otro tipo de documento que determinese su legalidad ciudadana.
Posteriormente, cuando se generalizó el sistema de las capta-huellas y otros
adminículos complementarios para garantizar, según el CNE, “un elector, un
voto”, el propio tribunal electoral reconoció que en el REP hay, por lo menos,
Millón y Medio de inscriptos cuyas huellas dactilares no aparecen registradas. ¿Se
puede confiar en un sistema con debilidades tan acusadas en su fundamentación? ¿Podemos
aceptar, sin sombra de dudas, que somos más de Veinte Millones los venezolanos
aptos para votar en las próximas elecciones de diciembre, sin sospechar
siquiera el “acompañamiento” de otros millones de almas “virtuales”,
inexistentes? Si en los últimos Diez años, según el INE, la población general
del país ha crecido en un 15%, ¿podemos entender como “lógico” que en el mismo
período la conformación del REP haya crecido en casi un 65%? No, amigo. Esa data electoral tiene,
forzosamente, que ser revisada, elector por elector, más allá que auditada
mediante fórmulas proporcionales, acordes con las técnicas convencionales.
Elector por elector, en su propio lugar de residencia, sin que contra ello se
alegue la obligación de preservar su intimidad. O somos una sociedad de
ciudadanos y nos respetamos en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales
o somos una manada de siervos, inútiles, a la orden del jefe de la tribu. Esta
es la primera condición que debemos exigir para creer que nuestro sistema
electoral garantiza un mínimo de transparencia y respetar los resultados de una
jornada cualquiera, mediante su utilización.
Pero
hay más. El propio CNE, en su línea de Rectores, de acuerdo con la ley y con la
lógica de la esencia democrática e igualmente para garantizar esa
transparencia, debe estar integrado por profesionales a quienes no pueda
acusárseles de parcialidad hacia una de las partes en conflicto. Son ya
demasiadas las pruebas que señalan a, por lo menos, cuatro de las Rectoras como
afines al régimen en el Poder y hasta registradas alguna vez como afiliadas al
partido de gobierno. Esta realidad desnaturaliza el mandato al respecto de la
correspondiente ley y sólo podría ser subsanado si los grupos de “oposición”,
unidos o no, exigen una representación paritaria en ese Rectorado y una
revisión al efecto, de todo el componente de funcionarios del máximo tribunal
electoral. Esta es otra condición “sine qua non”. ¿Cómo están compuestas las
delegaciones del CNE en cada uno de los Estados y de los Distritos Electorales?
¿Hay o no hay presencia parcializada de funcionarios, en número decisorio, a
favor de una de las causas litigantes que procuran, a través del voto, el favor
del Soberano?
Sin
estas dos condiciones, que la “oposición” o “las oposiciones” deben exigir
hasta que sean satisfechas, no habrá (¡Ya No Hay!) garantía de transparencia
electoral y por lo tanto nadie puede
aceptar, sin protesto público, a conciencia, participar en unas elecciones
manipuladas por el fraude. Pero hay otras condiciones no menos importantes. El
gobierno, como tal, sin estar legitimado para ello, participa impunemente en la
propaganda electoral, favoreciendo a los candidatos de su partido, del partido
de gobierno, mucho antes de que ni siquiera se haya dado inicio al lapso de
campaña electoral correspondiente. El Presidente de la República (uno de los
que no tiene respaldo para justificar su Cédula de Identidad) actúa como si
fuera incluso un candidato y abusa de su poder y de los bienes del Estado, para
favorecer a su causa. Esta otra desviación tiene que corregirse. Los medios de
comunicación y los recursos públicos, más que la paridad de género o cualquier
otra necedad intrascendente, deben operar “paritariamente” en beneficio tanto
del gobierno como de la oposición, a los fines de equilibrar fuerzas y
garantizar transparencia en el proceso. Lo demás es obligar a los ciudadanos a
ser cómplices de un fraude ya en ejecución.
Muchos
amigos, bien intencionados, han escrito y han pedido que, como quiera que es únicamente
a través del voto como puede expresarse el Soberano y ordenar el acatamiento de
su voluntad, hay que ir, pese a todo, a la mesa de votación y cumplir con esta
mínima obligación ciudadana. No importa, dicen, si una y otra vez se haya
desconocido la voluntad del electorado y que, casi por “descarte”, esta vez sí
están “dadas las condiciones” para triunfar y darle un vuelco monumental a la
realidad del país. Los entendemos y creemos que son verdaderos ciudadanos,
entrenados para el ejercicio democrático. Pero están lamentablemente
equivocados y están favoreciendo a los que conspiran contra la democracia.
¡Llevamos más de Diez años arrastrando esta realidad fraudulenta, proceso tras
proceso! Y lo que nosotros proponemos, definitivamente y para concluir, es:
exigir que se establezcan, claramente, las condiciones verdaderas para
garantizar la transparencia electoral; cuidar de que nuestra exigencia sea cabalmente
satisfecha o irnos al otro lado de la paz, sin caer en la guerra, pero sin
aceptar impunemente la imposición de un nuevo fraude y un nuevo desconocimiento
a la voluntad popular.
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