Expresidentes denuncian ruptura del
orden constitucional y democrático en
Venezuela
Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), ha participado con una misión de ex Jefes de Estado y de Gobierno, en calidad de acompañante, durante las elecciones parlamentarias que se realizan en Venezuela el pasado 6 de diciembre. En esa oportunidad, se constata la insobornable voluntad democrática del pueblo venezolano, así como la clara victoria que se adjudican entonces las fuerzas de la oposición reunidas en la Mesa de la Unidad Democrática, quienes alcanzan mayoría calificada en la nueva Asamblea Nacional. NP
En tal sentido, los expresidentes Jorge Quiroga de Bolivia; Luis Alberto La Calle de Uruguay; José María Aznar de España; Sebastián Piñera de Chile; Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria de Colombia; Sixto Durán Ballén y Lucio Gutiérrez de Ecuador; Miguel Ángel Rodríguez, Luis Alberto Monge, Rafael Ángel Calderón F. y Laura Chinchilla de Costa Rica; Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani de El Salvador; Mireya Moscoso de Panamá; Vicente Fox de México; Fernando de la Rúa de Argentina; Ricardo Lagos de Chile y Alejandro Toledo de Perú, hacemos constar nuestra grave preocupación por la ruptura del orden constitucional y democrático que ha denunciado dicho parlamento el pasado día 10 de mayo.
En el acuerdo respectivo, aprobado por la mayoría de los diputados y firmado por el presidente Henry Ramos Allup y demás directivos del Poder Legislativo venezolano, se enumeran distintas acciones inconstitucionales de los poderes públicos que desconocen a la soberanía popular, así como la grave crisis que atraviesa ese país en el orden económico, político y de gobernabilidad.
En lo particular, se destaca que el Presidente de la República gobierna por decreto, haciendo valer un estado de emergencia que no ha autorizado el Poder Legislativo, como lo manda la Constitución, y el Tribunal Supremo de Justicia, además de declarar inconstitucionales todas las leyes dictadas por la Asamblea desde su instalación el pasado 5 de enero, pretende imponerle reglas para deliberar y sujeta la labor legislativa a la previa iniciativa del gobierno.
En el acuerdo, por otra parte, se le exige al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que respete sin restricciones el mandato de cambio democrático y constitucional que decidió la mayoría del pueblo de Venezuela el 6 de diciembre de 2015 y lo exhorta a que no utilice a los demás poderes del Estado para impedir u obstaculizar las acciones que adelanta constitucionalmente la Asamblea Nacional para resolver la grave crisis que aqueja al país.
En dicho comunicado se insta al Poder Ejecutivo, en la persona del mismo presidente, a remover los obstáculos que impiden el dialogo en el país, que dé muestras claras de su responsabilidad en la conducción del gobierno y asegure la paz social hoy perturbada, activando los mecanismos para liberación de los presos políticos, permitir la ayuda humanitaria en materia de alimentos y medicamentos, abandonar el discurso de odio y violencia, así como el de construir una agenda común con todos los sectores del país para la reconstrucción nacional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como el respeto a los derechos humanos.
La Asamblea Nacional, órgano representativo de la voluntad popular y a la que ofrecen su respaldo los ex presidentes reunidos en la IDEA, rechaza el activismo político partidista del Tribunal Supremo de Justicia, que pretende desconocer la autoridad del Poder Legislativo mediante limitaciones y condiciones al ejercicio de sus funciones, entre otras las amenazas de acciones penales contra los diputados que han acudido ante las organizaciones internacionales a denunciar las violaciones al estado de derecho, a quienes el gobierno a tildado de “traidores a la patria”.
El comunicado en cuestión se dirige asimismo al Consejo Nacional Electoral, exigiéndole que asuma su obligación constitucional de generar condiciones favorables para el ejercicio del derecho fundamental a la participación política de los venezolanos, a través de los mecanismos constitucionales del referendo, consulta popular y revocatoria de mandato, pero por sobre todo, que actúe como un órgano imparcial de modo que, en 2016, el pueblo de Venezuela pueda expresar libremente su voluntad de cambio democrático a través de un referéndum revocatorio presidencial.
Finaliza el documento con un llamado a las instituciones internacionales para que se pronuncien al respecto y adopten las medidas tendientes a exigir al gobierno y los poderes públicos a su servicio, garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en Venezuela, recordándoles que la separación de poderes constituye un principio fundamental de funcionamiento del Estado y que las reglas del buen gobierno democrático les imponen la obligación de respetar las decisiones que la Asamblea Nacional adopte en el ámbito de sus competencias. De allí que firmemente denuncia el desconocimiento por el Ejecutivo Nacional y por el Tribunal Supremo de Justicia, de la autoridad de la Asamblea Nacional, cuerpo representativo del pueblo venezolano, cuya legitimidad deriva de la expresión mayoritaria del electorado y de la soberanía popular.
IDEA y los ex presidentes hacen constar que Venezuela atraviesa la peor crisis económica, social y de gobernabilidad de su historia republicana. En medio de esta delicada situación, el Poder Ejecutivo, en lugar de dar muestras de buena voluntad para superarla, mantiene un discurso de conflictividad institucional, promoviendo y desarrollando acciones de persecución política contra los diputados a la Asamblea Nacional y dirigentes de la oposición, así como continuas violaciones a los principios fundamentales del Estado de Derecho y de la democracia, atentando contra la estabilidad y la paz en el país. Dado ello hacen un llamado urgente a los gobernantes de la región y a las organizaciones internacionales, para que den muestras de solidaridad activa con el pueblo venezolano, a fin de que supere sus graves padecimientos y restablezca las libertades democráticas.
http://bit.ly/23O1Z8JEn tal sentido, los expresidentes Jorge Quiroga de Bolivia; Luis Alberto La Calle de Uruguay; José María Aznar de España; Sebastián Piñera de Chile; Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria de Colombia; Sixto Durán Ballén y Lucio Gutiérrez de Ecuador; Miguel Ángel Rodríguez, Luis Alberto Monge, Rafael Ángel Calderón F. y Laura Chinchilla de Costa Rica; Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani de El Salvador; Mireya Moscoso de Panamá; Vicente Fox de México; Fernando de la Rúa de Argentina; Ricardo Lagos de Chile y Alejandro Toledo de Perú, hacemos constar nuestra grave preocupación por la ruptura del orden constitucional y democrático que ha denunciado dicho parlamento el pasado día 10 de mayo.
En el acuerdo respectivo, aprobado por la mayoría de los diputados y firmado por el presidente Henry Ramos Allup y demás directivos del Poder Legislativo venezolano, se enumeran distintas acciones inconstitucionales de los poderes públicos que desconocen a la soberanía popular, así como la grave crisis que atraviesa ese país en el orden económico, político y de gobernabilidad.
En lo particular, se destaca que el Presidente de la República gobierna por decreto, haciendo valer un estado de emergencia que no ha autorizado el Poder Legislativo, como lo manda la Constitución, y el Tribunal Supremo de Justicia, además de declarar inconstitucionales todas las leyes dictadas por la Asamblea desde su instalación el pasado 5 de enero, pretende imponerle reglas para deliberar y sujeta la labor legislativa a la previa iniciativa del gobierno.
En el acuerdo, por otra parte, se le exige al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que respete sin restricciones el mandato de cambio democrático y constitucional que decidió la mayoría del pueblo de Venezuela el 6 de diciembre de 2015 y lo exhorta a que no utilice a los demás poderes del Estado para impedir u obstaculizar las acciones que adelanta constitucionalmente la Asamblea Nacional para resolver la grave crisis que aqueja al país.
En dicho comunicado se insta al Poder Ejecutivo, en la persona del mismo presidente, a remover los obstáculos que impiden el dialogo en el país, que dé muestras claras de su responsabilidad en la conducción del gobierno y asegure la paz social hoy perturbada, activando los mecanismos para liberación de los presos políticos, permitir la ayuda humanitaria en materia de alimentos y medicamentos, abandonar el discurso de odio y violencia, así como el de construir una agenda común con todos los sectores del país para la reconstrucción nacional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como el respeto a los derechos humanos.
La Asamblea Nacional, órgano representativo de la voluntad popular y a la que ofrecen su respaldo los ex presidentes reunidos en la IDEA, rechaza el activismo político partidista del Tribunal Supremo de Justicia, que pretende desconocer la autoridad del Poder Legislativo mediante limitaciones y condiciones al ejercicio de sus funciones, entre otras las amenazas de acciones penales contra los diputados que han acudido ante las organizaciones internacionales a denunciar las violaciones al estado de derecho, a quienes el gobierno a tildado de “traidores a la patria”.
El comunicado en cuestión se dirige asimismo al Consejo Nacional Electoral, exigiéndole que asuma su obligación constitucional de generar condiciones favorables para el ejercicio del derecho fundamental a la participación política de los venezolanos, a través de los mecanismos constitucionales del referendo, consulta popular y revocatoria de mandato, pero por sobre todo, que actúe como un órgano imparcial de modo que, en 2016, el pueblo de Venezuela pueda expresar libremente su voluntad de cambio democrático a través de un referéndum revocatorio presidencial.
Finaliza el documento con un llamado a las instituciones internacionales para que se pronuncien al respecto y adopten las medidas tendientes a exigir al gobierno y los poderes públicos a su servicio, garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en Venezuela, recordándoles que la separación de poderes constituye un principio fundamental de funcionamiento del Estado y que las reglas del buen gobierno democrático les imponen la obligación de respetar las decisiones que la Asamblea Nacional adopte en el ámbito de sus competencias. De allí que firmemente denuncia el desconocimiento por el Ejecutivo Nacional y por el Tribunal Supremo de Justicia, de la autoridad de la Asamblea Nacional, cuerpo representativo del pueblo venezolano, cuya legitimidad deriva de la expresión mayoritaria del electorado y de la soberanía popular.
IDEA y los ex presidentes hacen constar que Venezuela atraviesa la peor crisis económica, social y de gobernabilidad de su historia republicana. En medio de esta delicada situación, el Poder Ejecutivo, en lugar de dar muestras de buena voluntad para superarla, mantiene un discurso de conflictividad institucional, promoviendo y desarrollando acciones de persecución política contra los diputados a la Asamblea Nacional y dirigentes de la oposición, así como continuas violaciones a los principios fundamentales del Estado de Derecho y de la democracia, atentando contra la estabilidad y la paz en el país. Dado ello hacen un llamado urgente a los gobernantes de la región y a las organizaciones internacionales, para que den muestras de solidaridad activa con el pueblo venezolano, a fin de que supere sus graves padecimientos y restablezca las libertades democráticas.
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