RECONCILIACIÓN NACIONAL CON JUSTICIA

por: Victor Rodriguez Cedeño

La erradicación de la impunidad es uno de los grandes retos de las sociedades de hoy. Los delitos deben ser sancionados y sus autores procesados y castigados, más aun cuando se trata de delitos de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad que, como sabemos, “desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”, como se señala en el Preámbulo del Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional. Estos crímenes no deben quedar sin castigo y, como dice el mismo Estatuto, “…hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”.

La comunidad internacional está decidida a poner fin a la impunidad, lo que es además fundamental para prevenir que hechos de la misma naturaleza se cometan de nuevo en el futuro, una tendencia de la que lamentablemente algunos regímenes se separan.

Todos sabemos lo que ha ocurrido en Venezuela los últimos años, aunque todavía hay mucho detrás de nuestro derecho a la verdad que algún día ejerceremos. Una persecución política sin precedentes, procesos judiciales politizados y arbitrarios sin garantías de ningún tipo, prácticas de tortura y de otros tratos inhumanos y degradantes en contra de una parte de la población que disiente de las políticas y prácticas criminales de un régimen que insiste por todos los medios en imponer un nefasto sistema político, social y económico que los venezolanos decidieron no aceptar.

Durante estos años no se han iniciado las investigaciones correspondientes, menos aún se ha castigado a los autores de tales delitos y crímenes. Por el contrario, los presuntos responsables gozan de beneficios oficiales que muestran el apoyo del Estado a la impunidad, mientras se persigue política y judicialmente a quienes ejercen su derecho a la protesta, a quienes expresan sus posturas políticas, acusándoles incluso de terroristas un término difícil de definir pero que en todo caso justifica la persecución.

Un sistema judicial que no funciona, porque no es imparcial y menos aún independiente, no puede garantizar la lucha contra la impunidad, lo que abre el espacio a las jurisdicciones internacionales para conocer esos crímenes que más temprano que tarde ejercerán sus competencias para reprimirlos.

La impunidad es una lamentable realidad y no sólo en Venezuela, también en países que siguen el mismo modelo, como Ecuador. El pasado 30 de setiembre se cumplieron cinco años del ataque militar al Hospital de Quito por fuerzas armadas leales al Presidente Correa para someter, según el montaje oficial de entonces, a un grupo de policías que preparaban un “golpe de Estado” e incluso, un atentado contra la vida de Correa, léase un magnicidio, siguiendo el guion de Chávez, cuando en realidad los hechos se iniciaron como una insubordinación policial, por la aprobación de la Ley de Servicio Público, por la Asamblea que afectaba sus derechos como funcionarios públicos. El régimen correista, que promueve la “revolución ciudadana”, una versión del “socialismo del siglo XXI”, procedió entonces con violencia, recurriendo a la intervención desmedida de las fuerzas armadas para reprimir al grupo de policías que protestaba, lo que produjo muertes innecesarias además de haber puesto en peligro la vida y la seguridad de la población civil, mujeres, niños, enfermos que estaban en el recinto hospitalario.

Hasta la fecha, ninguna investigación seria, ningún señalado. Los tribunales ecuatorianos no han actuado como tenían que hacerlo para castigar a los responsables de esos hechos que conmocionaron a ese país. Paradójicamente, los señalamientos y las acusaciones afectaron a opositores. Hoy, más de 40 detenidos y 600 procesos abiertos, pero ninguno de los responsables en prisión.

Más cercano y en otro contexto, el fantasma de la impunidad en las negociaciones de paz en Colombia. Hay dudas en cuanto a la eficacia de lo acordado que pareciera promover la impunidad al otorgar, a los miembros del grupo terrorista de las FARC que se sabe cometieron innumerable crímenes internacionales, “inmunidades especiales, aunque ello es negado por representantes del grupo que dicen que tal afirmación responde a los intereses de los enemigos del proceso de paz que desvirtúan los acuerdos para atacarlos.

Sin embargo, la opinión del jefe del equipo de gobierno Humberto de la Calle asoma dudas sobre el sentido del acuerdo al reconocer que el documento aún tiene temas pendientes, como el de la restricción efectiva de la libertad para miembros de las FARC. La expresión “restricción efectiva de la libertad”, aún sin precisar, pareciera favorecer en la negociación el no castigo de los responsables de los crímenes cometidos estas décadas.

Pareciera que no hay en la región la voluntad de erradicar la impunidad de una vez por todas y que en consecuencia de nuevo, se nada contra corriente. Es bueno recordar que los delitos relacionados con los derechos humanos y los crímenes internacionales, como los de lesa humanidad y los de guerra, no prescriben ni acá, ni en Ecuador ni en Colombia ni en ninguna parte. Los hechos serán tarde o temprano investigados y sus autores procesados y castigados, incluso en tiempos de transición, de reconciliación, de paz, pero sobre todo de justicia.

No hay acuerdo que justifique la exoneración de la responsabilidad penal de los autores de tales crímenes, como tampoco leyes de amnistía o de perdón de cualquier otra naturaleza que busquen proteger a los autores y que sustituya una decisión que corresponde a las víctimas y a sus familiares.

Algún día estos delitos y crímenes serán investigados y sus autores castigados incluso dentro del marco de un proceso de justicia transicional que como sabemos se traduce en un conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales que buscan establecer la verdad, castigar a los responsables, reconocer la dignidad de las víctimas y reparar los daños causados puede garantizar la no repetición de esos hechos.