¿SON RESCATABLES
LAS DIVISAS SAQUEADAS AL PAÍS?
Carlos Canache Mata
En el discurso que
pronunció en el Congreso Nacional el 13 de febrero de 1959, al asumir la
Presidencia de la República, Rómulo Betancourt recordó la frase de Martí de que “hay que poner de moda la honradez” y
que el Libertador Simón Bolívar le sugirió al Congreso del Perú que dictara
“penas terribles contra los agentes del Tesoro que contribuyan a defraudar las
rentas públicas”.
En su libro “Rómulo
Betancourt y la siembra del petróleo”, Gumersindo Rodríguez hace estimaciones
del costo social, en el corto y mediano y largo plazo, que representa la
corrupción en el sector público como factor “de dilapidación de los recursos soberanamente
rescatados de las transnacionales del petróleo”.
Rómulo Betancourt
sostuvo la tesis de que no sólo deben sancionarse los que atentan contra el
patrimonio público, sino que también los recursos financieros mal habidos o
usurpados podían y debían ser devueltos al país perjudicado, “en cualquier
lugar donde se encuentren”. Consecuente con esa prédica, el 23 de septiembre de
1963, ante el Primer Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras,
celebrado en Caracas, se expresó en los siguientes términos: “Convencido
nuestro gobierno de que este problema de la erradicación del peculado tiene
dimensión universal, se propone presentar en fecha próxima a la consideración y
debate de las Naciones Unidas un proyecto de convención multilateral…relativo a
las medidas que deben tomarse en el plano internacional contra las personas que
en el ejercicio de las actividades públicas se hagan culpables de
enriquecimiento ilícito. Al ser aprobada esa convención y al implementarse con
medidas prácticas, podrán rescatarse por las naciones los bienes mal habidos de
ex-gobernantes suyos incursos en el delito de peculado, cualquiera que sea el
país adonde hayan transferido esos bienes, amasados mediante la concusión y el
abuso de poder”.
Ignoro si ese
proyecto de convención llegó a ser presentado a la consideración de las
Naciones Unidas, pero, en todo caso, se puede leer en Internet que existe una “Convención
de Naciones Unidas contra la corrupción”, fechada en Nueva York el 31-10-2003,
que entró en vigor de forma general el 14-12-2005; y que la OEA, por su parte,
aprobó en 1996 una “Convención Interamericana
contra la corrupción”, que entró en vigor el 3 de junio de 1997. Ojalá
esos instrumentos sean útiles para recuperar las divisas saqueadas a Venezuela
durante estos 16 años del régimen chavista, ahora depositadas en los paraísos
fiscales que han sido denunciados nacional e internacionalmente. Pero el
problema es que cuando son personeros o amigos del gobierno los protagonistas
de las tropelías, desde el Estado no se promueve ninguna acción de rescate de
los recursos saqueados y, por el contrario se tiende la alfombra a los acusados
para que reine la impunidad.
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