ALFREDO CORONIL HARTMANN
ITACA 15 de noviembre de 2014.
La tortura, práctica sistemática en Venezuela
Estamos ante actos que responden a los dos criterios que determinan el crimen de lesa humanidad
El desprecio por los derechos humanos y las libertades fundamentales ha sido una constante en los países en donde se imponen regímenes totalitarios. No escapa a esta apreciación, desde luego, el régimen militar-cívico venezolano que viola sistemáticamente los derechos de los ciudadanos. Esta afirmación la hacemos, no por un simple capricho o por la racional postura crítica ante la locura que nos invadió en 1998, sino por razones bien fundadas en conclusiones de órganos internacionales e información veraz de organizaciones no gubernamentales serias y responsables.
En su falso discurso afuera, los mal llamados "revolucionarios bolivarianos" se ufanan del "éxito sin precedentes" de las políticas que garantizan los derechos económicos y sociales. Pero la realidad es otra. Imponen medidas y controles absurdos e ilegales que se traducen en un mecanismo perverso muy bien estructurado para empobrecer y dominar. También irrespetan los derechos sociales de los venezolanos cuando acosan la educación privada y convierten el trabajo decente en dádiva, basada en una relación excluyente de contenido puramente ideológico. Ni hablar de los derechos civiles y políticos, cuando desde el poder se decreta la discriminación oapartheid político y la consecuente persecución, la confiscación de los espacios mediáticos, el aniquilamiento progresivo de la libertad de expresión y del derecho a la información, el derecho a protestar pacíficamente.
La comunidad internacional sigue con preocupación las políticas del régimen venezolano mucho más hoy ante las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, realizadas mediante torturas y prácticas humillantes y degradantes que conforman una política de Estado. Muy distinto a los "reconocimientos" de ayer, sus socios más destacados: Kirchner, Ortega y Morales se muestran distantes, mientras otros como Rousseff se presentan críticos ante los abusos revolucionarios, lo que pareciera ahora significar que después de tantos años de atropellos y juego de intereses, los vecinos y amigos de la revolución se percatan de la realidad que ocultaban los abultados precios del petróleo.
En días pasados, ante el silencio cómplice de la Fiscal General de la República y la Defensora del Pueblo se conocieron otros actos repugnantes de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes infligidos a Leopoldo López, Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Salvatore Luchesse, dirigentes opositores detenidos arbitrariamente por protestar o simplemente por disentir y condenar la barbarie, fueron hacinados, humillados con excremento en sus celdas y cuerpos, atormentados y encerrados en cuatro metros cuadrados, sin posibilidad de ver la luz del día.
Estos actos producto de la maldad y el odio se unen a las atrocidades cometidas en contra de estudiantes que ejercieron su derecho a protestar. Jóvenes golpeados, torturados, abusados sexualmente; todo ello recogido en Informes serios remitidos a los órganos internacionales, como el Comité contra la Tortura, que levantó su voz y exigió al régimen de Maduro que pusiera fin a tales prácticas.
No sólo estamos ante actos que constituyen el crimen de tortura, sancionado por las Convenciones y demás instrumentos internacionales, sino ante un crimen más grave aún, sancionado por el Derecho Internacional Penal: el crimen de lesa humanidad, que choca con la consciencia humana y que abre el ejercicio de la jurisdicción penal universal en tribunales nacionales de algunos Estados y la competencia de la Corte Penal Internacional.
Los actos de tortura física y mental en contra de los presos políticos en Venezuela no son hechos aislados, tampoco individualizados ni esporádicos, menos simplemente atribuibles a funcionarios de segundo rango, ejecutores de las órdenes superiores. Estamos ante actos crueles que responden a dos criterios que determinan el crimen de lesa humanidad: la generalidad y la sistematicidad, es decir, en contra de una parte de la población, por razones políticas o ideológicas, y ante una política de Estado, tal como se define en el Estatuto de Roma de 1998.
El régimen no investiga ni sanciona, menos condena a los responsables. Por el contrario, impera la más pura impunidad, esa que todos condenan con discursos elocuentes en los órganos internacionales. No hay voluntad de sancionar a los responsables, más bien se les trata de sustraer de la justicia. No hay un poder judicial imparcial, independiente y eficaz que responda a estas violaciones, lo que abre la aplicación del principio de la complementariedad que permite a la Corte Penal Internacional ejercer la jurisdicción que le confirieron los Estados al adoptar el Estatuto de Roma.
Esta lamentable situación y los actos perpetrados impunemente por agentes del régimen, con el odio y la violencia aupados por la alta dirigencia oficialista, abultan los expedientes abiertos a todos aquellos que han cometido o participado en la realización de estos odiosos crímenes y abren el camino a la justicia que persigue la erradicación definitiva de la impunidad por tales conductas para que no se cometan más en el futuro, en ninguna parte del mundo.
En su falso discurso afuera, los mal llamados "revolucionarios bolivarianos" se ufanan del "éxito sin precedentes" de las políticas que garantizan los derechos económicos y sociales. Pero la realidad es otra. Imponen medidas y controles absurdos e ilegales que se traducen en un mecanismo perverso muy bien estructurado para empobrecer y dominar. También irrespetan los derechos sociales de los venezolanos cuando acosan la educación privada y convierten el trabajo decente en dádiva, basada en una relación excluyente de contenido puramente ideológico. Ni hablar de los derechos civiles y políticos, cuando desde el poder se decreta la discriminación oapartheid político y la consecuente persecución, la confiscación de los espacios mediáticos, el aniquilamiento progresivo de la libertad de expresión y del derecho a la información, el derecho a protestar pacíficamente.
La comunidad internacional sigue con preocupación las políticas del régimen venezolano mucho más hoy ante las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, realizadas mediante torturas y prácticas humillantes y degradantes que conforman una política de Estado. Muy distinto a los "reconocimientos" de ayer, sus socios más destacados: Kirchner, Ortega y Morales se muestran distantes, mientras otros como Rousseff se presentan críticos ante los abusos revolucionarios, lo que pareciera ahora significar que después de tantos años de atropellos y juego de intereses, los vecinos y amigos de la revolución se percatan de la realidad que ocultaban los abultados precios del petróleo.
En días pasados, ante el silencio cómplice de la Fiscal General de la República y la Defensora del Pueblo se conocieron otros actos repugnantes de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes infligidos a Leopoldo López, Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Salvatore Luchesse, dirigentes opositores detenidos arbitrariamente por protestar o simplemente por disentir y condenar la barbarie, fueron hacinados, humillados con excremento en sus celdas y cuerpos, atormentados y encerrados en cuatro metros cuadrados, sin posibilidad de ver la luz del día.
Muy distinto a los "reconocimientos" de ayer, sus socios más destacados— Kirchner, Ortega y Morales— se muestran distantes
No sólo estamos ante actos que constituyen el crimen de tortura, sancionado por las Convenciones y demás instrumentos internacionales, sino ante un crimen más grave aún, sancionado por el Derecho Internacional Penal: el crimen de lesa humanidad, que choca con la consciencia humana y que abre el ejercicio de la jurisdicción penal universal en tribunales nacionales de algunos Estados y la competencia de la Corte Penal Internacional.
Los actos de tortura física y mental en contra de los presos políticos en Venezuela no son hechos aislados, tampoco individualizados ni esporádicos, menos simplemente atribuibles a funcionarios de segundo rango, ejecutores de las órdenes superiores. Estamos ante actos crueles que responden a dos criterios que determinan el crimen de lesa humanidad: la generalidad y la sistematicidad, es decir, en contra de una parte de la población, por razones políticas o ideológicas, y ante una política de Estado, tal como se define en el Estatuto de Roma de 1998.
El régimen no investiga ni sanciona, menos condena a los responsables. Por el contrario, impera la más pura impunidad, esa que todos condenan con discursos elocuentes en los órganos internacionales. No hay voluntad de sancionar a los responsables, más bien se les trata de sustraer de la justicia. No hay un poder judicial imparcial, independiente y eficaz que responda a estas violaciones, lo que abre la aplicación del principio de la complementariedad que permite a la Corte Penal Internacional ejercer la jurisdicción que le confirieron los Estados al adoptar el Estatuto de Roma.
Esta lamentable situación y los actos perpetrados impunemente por agentes del régimen, con el odio y la violencia aupados por la alta dirigencia oficialista, abultan los expedientes abiertos a todos aquellos que han cometido o participado en la realización de estos odiosos crímenes y abren el camino a la justicia que persigue la erradicación definitiva de la impunidad por tales conductas para que no se cometan más en el futuro, en ninguna parte del mundo.
Víctor Rodríguez Cedeño es exembajador de Venezuela y exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.
sábado, 8 de noviembre de 2014
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