Declaración de los investigadores venezolanos y venezolanistas en el congreso de LASA 2016
Latin American Studies Association (LASA) es un espacio académico plural y de excelencia abierto a distintas disciplinas, así como a distintas perspectivas epistemológicas y metodológicas. Esto es excepcional en el campo académico latinoamericano parcelado por sesgos ideológicos y cotos de caza de grupos académicos cerrados al debate.
Es por esto que en los congresos de LASA nos sentimos más a gusto que en otros eventos académicos de la región. Es por eso que insistimos en mantener y hacer crecer la presencia de los investigadores venezolanos y venezolanistas en LASA. Es así como hemos logrado, con mucho esfuerzo personal y colectivo, preservar el espacio del congreso de LASA para la participación de la comunidad académica venezolana y venezolanista, en un año en que prácticamente los investigadores venezolanos han dejado de asistir a los eventos que se realizan en la región.
Considerando la pluralidad imperante en LASA, un grupo de académicos venezolanos decidimos presentar ante los asistentes al congreso y para difusión a toda la comunidad académica latinoamericana esta declaración sobre la situación de Venezuela.
I
En primer lugar, debemos exponer el creciente autoritarismo que está caracterizando el régimen político venezolano. Tal como se refleja en los estudios más recientes, en la última década, el gobierno de Venezuela ha venido sustituyendo instituciones y formas de actuación democráticas por formas cada vez más autocráticas.
En este sentido destaca la amenaza de desconocimiento de facto de la Asamblea Nacional. Este proceso comenzó en enero, cuando se forzó a la desincorporación de los diputados representantes del estado Amazonas y los representantes de las comunidades indígenas de la región sur del país, por una decisión judicial que desconoce resultados electorales. Esta desincorporación dejó sin representación en el parlamento nacional a los ciudadanos del estado Amazonas y disminuyó la representación indígena en el cuerpo legislativo nacional. Su efecto político más importante fue quitarle así la mayoría calificada de dos tercios a la coalición opositora.
El proceso de desconocimiento de la Asamblea Nacional continuó en febrero cuando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia declaró vigente y válido un decreto de emergencia económica dictado por el Ejecutivo Nacional, a pesar de que en uso de sus atribuciones constitucionales el parlamento había rechazado dicho decreto.
Las acciones de los Poderes Ejecutivo y Judicial en contra del Poder Legislativo parecieran tender a agravarse. En el transcurso de este mes mayo, el Presidente Maduro ha declarado en 5 alocuciones oficiales que la Asamblea Nacional debe desaparecer y ha llegado a decir que para el venidero mes de octubre ya no debería existir.
La situación política se agrava con la más reciente declaración de estado de excepción. El 16 de mayo de 2016 fue publicado, en Gaceta Oficial Nº 6.227, el decreto N 2.323, mediante el cual el gobierno de Nicolás Maduro declaró el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica. Este nuevo decreto de emergencia: a) Despoja de sus atribuciones al parlamento con la suspensión de la posibilidad de sancionar políticamente a los funcionarios y le atribuye al Presidente de la República la posibilidad de tomar cualquier medida de manera unilateral y discrecional, sin ningún contrapeso o control institucional; b) da legalidad a una doctrina de seguridad nacional y califica de hecho a toda persona o grupo que se oponga al gobierno nacional como enemigo interno; c) suspende de manera indeterminada garantías constitucionales a derechos humanos como las libertades de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica; d) atribuye funciones de vigilancia y control para garantizar “la seguridad y soberanía del país” a grupos de filiación político-partidista (Comités Locales de Abastecimiento y Distribución-CLAP); d) desconoce pactos y tratados internacionales al permitir la adopción de “medidas especiales en el orden de la política exterior que garanticen el ejercicio de la soberanía e impidan la injerencia extranjera” en un párrafo que alude a la Organización de Estados Americanos; e) atribuye facultades discrecionales al Presidente de la República mediante la posibilidad de dictar cualquier medida, aunque no se encuentre en el actual marco jurídico venezolano, para resolver una situación calificada como “extraordinaria” y “excepcional”; f) prohíbe la cooperación internacional para labores calificadas como de “fines políticos” o “desestabilización de la República”, impidiendo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil de defensa de derechos humanos; y, g) militariza la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos, así como de las fuentes de agua y zonas boscosas del país.
En relación con el proceso de militarización del control del orden público que se ha venido instrumentando desde 2013, el 20 y 21 de mayo se realizaron ejercicios militares denominados“Independencia II 2016”, en los cuales según el Ejecutivo Nacional participaron más 520.000 combatientes entre tropas militares y milicias civiles. Todas las hipótesis de conflicto usadas en estos ejercicios militares fueron de conflicto interno. Los ejercicios incluyeron específicamente prácticas de represión militar de protestas sociales, prácticas de control de centros de distribución de alimentos, prácticas de francotiradores en “áreas de resistencia” y prácticas de captura de “infiltrados” en protestas violentas.
El cariz represivo que ha tomado el gobierno venezolano también se expresa en el elevado número de presos políticos y en las violaciones a los derechos humanos de detenidos por causas políticas, algunos de los cuales han sufrido torturas e incomunicación. En la actualidad, la lista de presos políticos en Venezuela incluye a 96 personas: 37 detenidos por participar en manifestaciones, 3 detenidos por publicar mensajes políticos en la web social, 2 procesados por rebelión civil, 19 procesados por rebelión militar y 37 detenidos por causas varias, incluyendo denuncias anónimas de conspirar contra el gobierno y causas desconocidas (hay detenidos que aún no han asistido a audiencia judicial preliminar).
II
Aunque consideramos que las dimensiones políticas son centrales para comprender la situación de Venezuela, la crisis se manifiesta cotidiana y dramáticamente en sus efectos socio-económicos. La tasa de inflación interanual se ubica en 248% y se estima que la tasa de inflación de 2015 superará 500%. El índice de salarios reales se contrajo 36% en el último año. La contracción del PIB es de 9,2%, el consumo ha caído en 11% y las importaciones han descendido en 28%. La mayor parte del gasto público se está concentrando en el pago de los vencimientos de deuda externa.
Dado que la capacidad productiva del país se ha reducido en poco más de un tercio y las importaciones se han reducido en casi otro tercio es lógico que se esté produciendo la grave situación dedesabastecimiento de alimentos y desabastecimiento de medicinas. En enero de este año, la Federación Farmacéutica de Venezuela reportaba un déficit de 90% en la lista de medicamentos esenciales. La situación ha llegado a ser tan crítica que, desde el 22 de mayo, 10 médicos se encuentran en huelga de hambre demandando medicinas e insumos para poder atender a sus pacientes. En esta semana, dos niños que fallecieron por falta de medicinas para atender sus enfermedades acapararon la atención en la web social. Sus casos no son los únicos, sólo que estos niños y sus familiares habían participado en la manifestación convocada para respaldar un amparo para que el gobierno nacional acepte ayuda humanitaria internacional en forma de medicinas que hasta el momento se ha negado a recibir.
En noviembre 2015, se filtró un estudio de la vice Presidencia de la República que reportaba un índice de desabastecimiento de 71% en una lista de 15 rubros alimenticios básicos y 26 productos de limpieza o aseo personal. Según el CENDES de la Universidad Central de Venezuela, ya en 2015, 12% de los venezolanos hacía sólo 1 o 2 comidas al día. En el transcurso de 2016, esa situación sólo parece haber empeorado. Una encuesta de la consultora Venebarómetro, publicada el pasado mes de abril, reportaba que 30,3% de los encuestados asevera que en su casa sólo se comió dos veces al día en el último mes y 13,4% afirma que lo hizo sólo una vez al día. Durante el mes de abril se registraron 41 saqueos en procura de alimentos y en los primeros 20 días del mes de mayo la cifra se elevó a 34 saqueos. Las cifras son indicadores de la desesperación de la población ante la falta de opciones para obtener alimentos.
Análoga reacción de recurrir a acciones violentas e ilegales para suplir necesidades básicas ocurre en el caso de la seguridad personal. Los entes públicos de Venezuela dejaron de publicar estadísticas de delitos y de victimización a partir de 2012; sólo se conocen las tasas de muerte por homicidios. No obstante, diversos reportes coinciden en señalar que para 2015, Venezuela alcanzó las tasas de criminalidad más altas del continente. Los estimados del Observatorio Venezolano de Violencia señala que en 2015 se registraron en el país 27.875 muertes violentas (homicidios tipificados legalmente, averiguaciones de muerte violenta no tipificadas como homicidio y casos de resistencia a la autoridad) para una tasa de 90 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Con relación a los casos de resistencia a la autoridad, la organización de defensa de DDHH, PROVEA, registra en un informe presentado el pasado 24 de mayo, 460 personas fallecidas en razzias policiales-militares en los barrios populares del país, durante el año 2015. A principios de abril, la Fiscalía General de la República reconocía 24 casos de linchamiento en el primer trimestre del año. La Asociación Civil Paz Activa señala que en la actualidad podrían estar ocurriendo un promedio de 20 linchamientos mensuales. Saqueos, linchamientos y razzias policiales-militares son todos elementos del proceso de des-institucionalización y el debilitamiento del Estado de Derecho, combinado con una creciente anomia.
III
Este contexto político y económico, afecta directamente al campo académico. Las universidades nacionales se encuentran prácticamente bajo cierre técnico. El presupuesto asignado no alcanza a cubrir los gastos de funcionamiento. Al menos la mitad de los profesores de las universidades nacionales tienen sueldos por debajo de salario mínimo legal e incluso los profesores titulares a dedicación exclusiva devengan sueldos inferiores a la canasta básica. Hay profesores-taxistas, profesores-cocineros y profesores-coach. Lo que hay cada vez menos es profesores-investigadores. Sin acceso a bases de datos, sin internet en campus, con bibliotecas desactualizadas, sin partidas para compra de software, sin insumos para laboratorios. En ese contexto no es de extrañar la caída de las universidades venezolanas en los rankings académicos y la caída de la productividad de sus profesores en términos de publicaciones.
A esto hay que agregar que a partir de la toma del rectorado de la UCV en 2001, comienza
un nuevo período de violencia política en las ciudades universitarias. Ya no se trata, como en los '90s de la utilización por parte de estudiantes de la universidad como sitio de refugio para protestas políticas en contra del gobierno. Se trata de la presencia de grupos violentos, en algunos casos para-policiales, en otros casos grupos armados irregulares, que ejercen la violencia y el terror contra miembros de la comunidad universitaria y contra el patrimonio de la institución. La Universidad de los Andes y la Universidad del Táchira son las que más han sufrido este tipo de violencia en los últimos tres años.
La alternativa para los investigadores venezolano ha sido emigrar. ULA, UCV, USB y UCAB son las universidades venezolanas que más docentes han perdido por esta razón. Es una trágica descapitalización del país, que se registra a partir de 2012.
La situación de cerco presupuestario y de violencia política que sufren las universidades nacionales también se observa en otros espacios de generación de conocimiento y circulación de ideas. Punto a destacar es la política de “hegemonía comunicacional” que ha propulsado el chavismo desde 2002. Esta política tuvo sus hitos con la no renovación de la concesión del canal de televisión RCTV (2007), la revocatoria de concesión de 34 emisoras de radio (2009), el cambio de propiedad a capitalistas chavistas de los principales diarios del país (2012-2015) y del canal de noticias Globovisión (2014). La política de hegemonía comunicacional tiene aristas jurídicas, económicas y judiciales: una legislación que establece restricciones en la publicación de contenidos (Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos), el monopolio estatal de la importación de papel para imprenta y la persecución judicial a editores y periodistas.
A partir de 2013, el gobierno venezolano comienza a usar mecanismos de control político de internet como vigilancia masiva por inspección de paquetes de datos, ralentización o corte total de acceso a internet en momentos de alta conflictividad política. Como reacción al ciclo de protestas de 2014, se acentúa el uso de estos mecanismos de control de internet de segunda generación: se observa el uso sistemático de bloqueo just-on-time de páginas web o aplicaciones móviles, así como la ralentización de las conexiones a internet. También se registran cortes totales de acceso a internet en regiones en donde se producen protestas. Asimismo, en 2014 cuando se observa por primera vez en Venezuela el bloqueo de contenidos por razones estrictamente políticas. Luego de finalizado el ciclo de protestas, se adoptan controles no técnicos como los reportes policiales rutinarios de la actividad ciudadana en internet y la prisión para usuarios por expresiones políticas en Twitter. En 2015, se establece políticas sistemáticas de denegación de acceso a contenidos de la web por la vía de bloqueo de DNS. Esta práctica, conjuntamente con la prisión por expresiones en la web sobre asuntos políticos, es característica de regímenes autocráticos.
IV
El propósito de hacer pública esta declaración en el congreso de LASA es solicitar a los miembros de esta asociación y por extensión a la comunidad académica internacional:
- Apoyo para las luchas de la comunidad universitaria venezolana, que demanda un presupuesto de funcionamiento suficiente.
- Apoyo para la realización de eventos académicos en Venezuela, como el encuentro de la Sección de Estudios Venezolanos previsto para el próximo mes de diciembre.
- Apoyo para la asistencia de académicos residentes en Venezuela a LASA, con el establecimiento de una partida de becas específicas para quienes hacen grandes esfuerzos para realizar trabajos de investigación en el país y teniendo ponencias aceptadas en el congreso 2017 puedan efectivamente asistir.
- Apoyo para la asistencia al congreso de LASA de investigadores venezolanos recientemente emigrados, dado que también enfrentan restricciones económicas en el período de establecimiento en un nuevo país.
- Difusión de los trabajos académicos referidos a la situación actual de Venezuela en los espacios y publicaciones de LASA y en redes académicas interamericanas.
- Proponemos que se considere una edición especial sobre Venezuela de la revista Latin American Research Review, que comprenda una selección de estudios presentados en LASA 2015.
- Solicitamos de manera especial que la comunidad de LASA, se torne vigilante de las reacciones del gobierno encabezado por Nicolás Maduro ante la posibilidad de activar la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela, que ha sido planteada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
- Finalmente, proponemos que se organicen foros especiales en el próximo congreso de LASA para la discusión académica sobre los retos de la reconstrucción de Venezuela.
Agradecemos el apoyo de la comunidad académica latinoamericana.
New York, Mayo 27, 2016
Firmas
Iria Puyosa
Profesora Asociada - Fac. Cs. Económicas y Sociales - Universidad Central de Venezuela
Directora de Maestría en Periodismo y Maestría en Comunicación - UDLA Ecuador.
Angel E. Alvarez
Profesor Emeritus de la Universidad Central de Venezuela
Consultor en Políticas Públicas. Toronto, Canada.
Luis Gómez Calcaño
Profesor Emeritus de la Universidad Central de Venezuela
Carlos Delgado Flores
Profesor - Universidad Católica Andrés Bello
Director del Centro de Investigación de la Comunicación
Raisa Urribarri
Profesora Emérita, Universidad de Los Andes.
María José Calderón
Profesora Asociada- Universidad de Las Américas- Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
José Luis Fuentes
Profesor Titular Universidad de Las Américas y Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Natalia Brandler
Profesora jubilada de la Universidad Simón Bolívar
Directora del Groupe d’études politiques sur l’Amérique latine. Francia
María Gabriela Colmenares
Profesora Agregada Universidad Central de Venezuela
Víctor Carreño
Profesor Asociado de la Facultad Experimental de Arte, Universidad del Zulia
Armando Chaguaceda
Profesor Investigador, Universidad de Guanajuato
Luis M. Romero-Rodríguez.
Investigador Principal de la Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación en Competencias Mediáticas para la Ciudadanía (Alfamed). Universidad de Huelva, España.
María Isabel Puerta Riera
Profesora Asociada - Investigadora
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad de Carabobo
Magaly Sanchez R
Senior Researcher .OPR
Princeton University
Arturo Serrano Álvarez
Universidad de las Artes del Ecuador
Matías Ponce
Universidad Católica del Uruguay.
José Manuel Puente
IESA - Oxford University
Thais Maingon
Profesora Titular, Coordinadora de Investigaciones del Centro de estudios del Desarrollo
Universidad Central de Venezuela
Nelly Arenas
Profesora investigadora. Cendes-Universidad Central de Venezuela
Carlos Walter.
Director del CENDES - UCV
Raquel Gamus
Profesora titular jubilada UCV
Rebeca Castellanos
Profesora titular jubilada UNEG
Humberto García Larralde
Economista, Profesor Titular, UCV
Presidente Academia Nacional de Ciencias Económicas
