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9 de febrero de 2016

UNA NECESIDAD NACIONAL, por: Carlos Canache Mata, EL NUEVO PAÍS, miércoles 10 de febrero de 2016 / pararescatarelporvenir.blogspot.com


UNA NECESIDAD NACIONAL


por: Carlos Canache Mata
   

Pasó el carnaval, pero siguen los disfraces. Estos aprendices de dictadores que acampan en el poder desde  hace 17 años esconden sus fracasos y debilidades tras la fachada de  desplantes bravucones.

   Maduro ha abierto aspilleras en las paredes de Miraflores para disparar insultos y amenazas contra adversarios reales o imaginarios. El pasado 4 de febrero, en el acto conmemorativo  de la intentona golpista de Chávez, dijo que la AN “es una Asamblea pirata” y que no permitirá que los enemigos del pueblo lleguen al poder “ni por una vía ni por la otra, ni por las buenas ni por las malas”. En el mismo acto, agredió groseramente al empresario Lorenzo Mendoza (¿desconoce que sin la Polar la escasez alimentaria sería más dramática?) y, como si fuera un boxeador desesperado y no el ocupante de Miraflores, lo desafió así: “aquí te espero, traidor, da la cara, oligarca, bandido, ladrón”. ¿Merece permanecer en la silla presidencial quien así habla?.

   A los ojos del mundo está claro que la clave de la barbarie imperante reposa en la alianza que existe entre el Gobierno y el TSJ. Ante esa realidad ¿qué hacer? .

   La AN puede modificar la integración del TSJ si ejerce su potestad de autotutela  revocando la designación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes que hizo el 23 de diciembre de 2015 la anterior AN, en fraude a los requisitos constitucionales y violando el procedimiento legal correspondiente. Esa designación fue un acto administrativo, no legislativo, y, como tal, revocable. Hay más: el artículo 90 del Reglamento Interior y de Debates de la AN (que tiene rango legal) faculta al Parlamento para revocar sus propias decisiones o actos viciados. Creo que, para lograr un TSJ decente, esta vía (ya utilizada por la AN chavista en dos oportunidades y con el aval de la Sala Constitucional del TSJ) es preferible a la de modificar la Ley del TSJ para aumentar el número de sus magistrados.

   Es este TSJ el que decidió la suspensión de los efectos de la proclamación de los diputados del Estado Amazonas, contrariando su propia doctrina de que “la proclamación de un candidato en un determinado cargo, no puede ser suspendida o controlada a través de una acción de amparo constitucional otorgada a favor de quien lo pretende”. Con toda razón, el Consejo Superior de la Federación de Colegios de Abogados de todo el país, ha dicho sobre esa desproclamación que “era obvio entender que mucho menos sería procedente en forma subsidiaria en una acción de nulidad y ello constituye un error grave e inexcusable” y, lo que es igualmente inaceptable, que se sustente en una grabación ilícita violatoria del artículo 48 de la Constitución, “al transformar un delito en una prueba”.



   La crisis institucional  y la crisis económico-financiera que nos tiene al borde de la cesación de pagos de la deuda externa  motivarán a la MUD para acelerar la selección de la vía constitucional que se seguirá para salir de Maduro. Esto último es una necesidad nacional.

27 de diciembre de 2015

EN VÍSPERAS DE LA AMNISTÍA, por: Carlos Canache Mata, EL NUEVO PAÍS, miercoles 30 de diciembre de 2015



EN VÍSPERAS DE LA AMNISTÍA

por: Carlos  Canache Mata
   

   Los que fuimos perseguidos por la dictadura de Pérez Jiménez sabemos lo que es pasar Navidad y Año Nuevo en la cárcel y en el exilio. De eso, nos queda la nostalgia. Ahora, bajo el régimen que detenta el poder desde 1999, muchos venezolanos también han vivido y viven esa experiencia. Se les ha quitado la libertad y se les niega el calor del hogar familiar y la magia de las celebraciones de estos días.
   Con Maduro ha aumentado la persecución política hasta el extremo de que, según se ha informado, actualmente en Venezuela hay más presos políticos (76) que en Cuba (60), a los que se suman las 3.800 detenciones  y los 1.861 procesados o con medidas restrictivas de libertad  que tuvieron lugar con ocasión de las protestas populares de febrero y meses subsiguientes del año pasado.
   Destacan, entre los presos políticos, Antonio Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos, a los que entrego mi abrazo de solidaridad. 
  Antonio Ledezma, a quien le crearon un gobierno paralelo a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, acaba de cumplir diez meses de haber sido sacado a la fuerza de sus oficinas por agentes del Sebin y llevado detenido sin orden judicial, y hasta ahora no se ha realizado la audiencia preliminar, diferida en nueve oportunidades por el tribunal en el que se le imputan los delitos que le inventaron de conspiración y asociación para delinquir. El Estado venezolano no ha cumplido la exigencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de que sea liberado, hecha hace más de cuatro meses, como lo acaba de recordar su activa y valiente esposa  Mitzy  Capriles.
   Leopoldo López está preso desde el 18 de febrero de 2014 y fue sentenciado a casi 14 años de prisión por una increíble y caprichosa interpretación de su discurso pronunciado el 12 de febrero de ese año, cuando se iniciaron protestas populares salvajemente reprimidas por el régimen, con un saldo de 43 muertos. En su famosa carta de 18 páginas dirigida a la presidenta del CNE (por cierto, ¿qué se ha hecho?), Luis Almagro, Secretario General de la OEA, dedica 5 páginas al análisis de la condena de Leopoldo y concluye diciendo que “este fallo pone en manos de interpretaciones judiciales muy subjetivas la interpretación de los discursos políticos opositores” y que “el vínculo entre lo dicho por el líder político y lo que ocurrió posteriormente como actos violentos se pueden poner en duda”.  La denuncia ante la comunidad internacional  del atropello, fruto de una especie de surrealismo judicial, que se cometió contra Leopoldo,  ha contado igualmente con la diligente y ejemplar  actividad de su esposa Lilian Tintori.
   Estos días de Navidad y Año Nuevo son propicios para ratificar que, como lo señaló el padre Luis Ugalde, “la dirigencia democrática ha propuesto con máxima urgencia y prioridad una amnistía que acabe con la escandalosa persecución de presos políticos y exiliados y la criminalización de toda actividad política opositora”.
   La nueva Asamblea Nacional ha pedido la palabra.

    

1 de diciembre de 2015

¡A VOTAR! por: Carlos Canache Mata, El Nuevo País, 2 de diciembre de 2015 / pararescatarelporvenir.blogspot.com



¡A VOTAR!


Carlos Canache Mata


   ¿Se atreverá el régimen a realizar un gran fraude electoral el 6 de diciembre? Es la pregunta que, a cuatro días de la crucial fecha, se están haciendo los venezolanos y la comunidad internacional. Es la preocupación que pende sobre la expresión de la soberanía  popular por todos esperada.
   A pesar del ventajismo sin precedentes desplegado por el oficialismo, a pesar de la utilización descarada de los recursos de la Administración Pública, a pesar del black-out  mediático decretado contra la oposición democrática por quienes con arrogancia hacen uso de su hegemonía comunicacional, a pesar del terrorismo de Estado traducido en intimidación y atropellos políticos de toda laya, a pesar de las triquiñuelas y maniobras dirigidas a confundir a los votantes, a pesar del control de un CNE incondicional,  el resultado electoral, urbi et orbi, está pronosticado unánimemente por las encuestas de modo irreversible:  no hay manera de que pueda ser favorable al gobierno.
   El acatamiento del inminente pronunciamiento de la voluntad del pueblo venezolano ha sido demandado por la ONU a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos,  por la OEA a través de la célebre carta de 18 páginas del Secretario General enviada el pasado 10 de noviembre a Tibisay Lucena  recordándole la transparencia y la justicia electoral  “que usted desde el CNE debería garantizar”, por cincuenta intelectuales españoles y latinoamericanos (encabezados por el Premio Nobel Mario Vargas Llosa y el filósofo Fernando Savater) que en comunicado público  exigen “que el actual gobierno (de Maduro) respete el resultado de las próximas elecciones”, y por varios gobiernos y organizaciones internacionales. Para completar las voces alzadas contra un eventual fraude, también la Iglesia venezolana , por boca del cardenal  Jorge Urosa  Savino, ha reclamado que “estas elecciones sean pacíficas y que todos respetemos los resultados”, y, a falta de la negada observación internacional  más creíble, ha instado a la Misión de Unasur a garantizar, con su “acompañamiento” tan cuestionado, “la transparencia del proceso electoral”.
   Ante la interrogante inicial de este artículo, algunos opinan que es una ingenuidad pensar que quienes no tienen ningún talante democrático y obedecen las órdenes de la Cuba de los Castro que necesita seguir beneficiándose con las regalías venezolanas que recibe, que quienes tienen que conservar el poder para tapar sus robos y el saqueo al tesoro público, que quienes tienen conexiones con el narcotráfico y el lavado de dinero en bancos ocultos o recién descubiertos en el exterior  y  temen perder sus inmensas fortunas, que quienes saben que pueden ser sometidos  al juzgamiento nacional e internacional  por haber cometido flagrantes violaciones de los derechos humanos, puedan desmontar el fraude que tienen montado y acepten la derrota.
   Sin despreciar ese punto de vista, cabría conjeturar que el pueblo en la calle y el gran sector de la Fuerza Armada no comprometido con la corrupción, harán respetar la Constitución e impedirán la burla, si es que se intenta,  a lo que digan las urnas electorales.

   ¡A votar!.

15 de septiembre de 2015

LEOPOLDO LÓPEZ, por: Carlos Canache Mata, El Nuevo País, 16 de septiembre de 2015 / pararescatarelporvenir.blogspot.com


LEOPOLDO LÓPEZ

por: Carlos Canache Mata
  

Después de un año y siete meses de prisión, en la que ha permanecido aislado y siendo objeto de maltratos y humillaciones, Leopoldo López fue condenado el 10 de este mes  a casi 14 años de reclusión en la cárcel militar de Ramo Verde.
  
Mediante una interpretación de su discurso del 12 de febrero de 2014, que parece salida de una sesión de espiritismo, se le acusó de que tuvo la intención subliminal de promover los hechos de violencia de ese día, los cuales se extendieron durante tres meses, con un saldo de 43 muertos, cientos de heridos y miles de presos. Se montó el tinglado de un juicio infame en el que hubo múltiples violaciones del debido proceso,  se obstaculizó a su defensa la presentación de pruebas y testigos, y no se aportó ni un solo elemento probatorio, que merezca tal nombre, en su contra. Simplemente, se cumplió la orden de condenarlo bajada desde el Palacio de Miraflores. Por eso, Leopoldo, en su intervención ante el tribunal, le dijo a la jueza: “si la sentencia no implica mi libertad, usted va a tener más miedo de leerla que yo de escucharla”.

   ¿Por qué el régimen tomó esta decisión, de tan elevado costo político, contra Leopoldo (adicionalmente, también se condenaron a tres jóvenes)? Porque le teme y cree que así lo invalida y transfiere a la oposición la responsabilidad gubernamental por las muertes de los sucesos ocurridos entre febrero y mayo del año 2014, al igual que antes creyó que se exculpaba de las 19 muertes del 11 de abril del año 2002 poniendo presos a los Comisarios y Policías Metropolitanos. 

Por afinidades ideológicas, al régimen le es fácil seguir a Goebbels, ex-ministro de Hitler, que aconsejó, en materia de propaganda, aplicar el principio de la transposición, conforme al cual  había que “cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque”. Pero la historia, desde el fondo de sus designios inapelables, le grita al régimen chavista y sus causahabientes: ¡esos muertos son suyos!
   
El repudio internacional a la condena de Leopoldo López  ha sido impresionante. La ONU manifestó estar “consternada” por la sentencia; la Unión Europea (UE) resaltó que no hubo “las garantías adecuadas de transparencia y debido proceso legal”; Amnistía Internacional  declaró que la sentencia se emitió “sin ninguna evidencia creíble en su contra” y que tiene “una clara motivación política”; la organización defensora de derechos humanos HRW señaló que el juicio ha sido una “farsa”  y se preguntó “¿qué más necesitan los gobiernos latinoamericanos para, de una vez por todas, exigir al gobierno de Maduro que cese la persecución de sus opositores y críticos ?”. Ex-jefes de gobierno e intelectuales de América y Europa también reprobaron la sentencia y se solidarizaron con Leopoldo.


   El repudio interno, nacional, contra un régimen, ya sin pasamontañas y maquillajes, que pasa del autoritarismo a la dictadura, reivindicando a Pérez Jiménez, se patentizará en las elecciones del 6 de diciembre, las que, si el régimen anuncia un resultado fraudulento, serán el detonante de su perdición. 

18 de agosto de 2015

¿ HALLARÁ EL RÉGIMEN UN SALVAVIDAS ? Carlos Canache Mata, El Nuevo País, 19 de agosto de 2015

¿ HALLARÁ  EL RÉGIMEN UN SALVAVIDAS ?


por: Carlos Canache Mata
   

El CNE y el TSJ, en dos momentos cruciales, impidieron que, primero Chávez y después Maduro, perdieran el poder.
   
En su “Historia Inconstitucional de Venezuela 1999-2012”, Asdrúbal Aguiar cuenta cómo las dos instituciones mencionadas salvaron a Chávez al transformar en plebiscito el referendo revocatorio presidencial del  15 de agosto de 2004. La Constitución en su artículo 72 establece que “cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria”, se considerará revocado su mandato. Por la revocatoria de Chávez votaron, según la información oficial del propio CNE, 3.989.008 electores, cifra muy superior a los 3.757.774 que lo habían elegido. Es decir, había cesado ipso jure su mandato y debía convocarse a nuevas elecciones. El TSJ y el CNE, contrariando la Constitución, avalaron que Chávez siguiera en la presidencia porque hubo más “no” que “sí” (conversión del referendo en plebiscito), contabilidad ésta que también tuvo una manipulación fraudulenta.
   
A Maduro lo salvaron el CNE y el TSJ al convalidar el fraude electoral del 14 de abril de 2013. Ese día había sido derrotado por Capriles. El CNE negó la auditoría integral del resultado electoral para revisar los cuadernos de votación, verificar la duplicidad de las huellas dactilares y la usurpación de identidad de 200.000 muertos que, gracias a la resurrección, tenían derecho a votar en esa cita electoral que el CNE dice ganó Maduro por apenas poco más del 1% de los sufragios. Por su parte, el TSJ decidió no admitir los 10 recursos interpuestos contra la fraudulenta votación que el CNE le asignó a Maduro porque se sabía que, al ir al fondo de la demanda, la trampa quedaría al descubierto.

Ahora, el régimen afronta un nuevo momento crucial ante las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Esta  jornada comicial se realizará en un entorno político cuestionado nacional e internacionalmente y en medio de una crisis económica asomada al colapso, agravada por la nueva y fuerte recaída de los precios petroleros.
  
Los actuales gobernantes, con la Constitución destrozada a sus pies, han mutado la democracia en farsa. Sus fechorías y desencuentros internos los tapan porque se necesitan mutuamente: unos, para no poner en riesgo las inmensas fortunas amasadas a la sombra de la corrupción, y otros, porque temen salir de Miraflores a causa de la desestabilización política que traería  el estallido de una división interna. El desastre económico toca fondo y, si no se toman las medidas cambiarias, monetarias y fiscales que se requieren con urgencia, junto con un refinanciamiento de la deuda externa y una revisión del precio de la gasolina y de los regalos que se hacen a través de Petrocaribe, la inflación de más de tres dígitos y la escasez y el desabastecimiento, más la carestía de divisas para importar lo que no producimos, nos empujarán hacia el abismo. Con ese escenario ante sus ojos, Maduro, sin saber lo que dice, no anuncia un cambio de modelo económico, sino que “tenemos que prepararnos para una revolución más radical”.

  
Esta vez ¿hallará el régimen un salvavidas?.

7 de julio de 2015

LAS 3 CARAS DE LA CRISIS Carlos Canache Mata, El Nuevo País, 8 de julio de 2015

LAS 3 CARAS DE LA CRISIS

  Carlos  Canache Mata

   La crisis que atraviesa Venezuela es obra de Chávez, que a diario recibe el sahumerio de un extraño culto funerario, y de Maduro.
   La crisis política. El 5 de julio se recordó en la Asamblea Nacional que hace 204 años nos independizamos de España. Pero lo que no se dijo en la conmemoración de nuestra gran fecha histórica es que desde hace 16 años tenemos una soberanía compartida, aunque en Derecho es indivisible, con Cuba. Las órdenes de Fidel y Raúl Castro, cada vez que lo estiman necesario, llegan a Miraflores, incluyendo la capitulación ante el otrora odiado “imperio”.
    Agonizan las instituciones del Estado, se hostigan los partidos políticos de oposición, se manipulan las elecciones para asaltar el poder, la hegemonía comunicacional cerca la libertad de expresión y encadena la información, se ha criminalizado la disidencia política, se irrespetan los derechos humanos, y la represión anda desatada por todo el territorio nacional. Se ha amenazado con acciones de calle para desconocer el triunfo de la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
   Para ocultar esa realidad, el gobierno se puso un pasamontañas que tapaba su rostro autoritario, pretendiendo engañar al Comité de Derechos Humanos de la ONU que evaluaba el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El ardid fue descubierto. Así quedó evidenciado ante el mundo.
   La crisis económica. Mientras escribo este artículo, oigo a Maduro que, en el discurso incendiario que pronuncia en el desfile militar del 5 de julio, vuelve a decir por enésima vez que la crisis, la mayor en la historia económica del país, está causada por la famosa “guerra económica” promovida por Fedecámaras y el empresariado nacional.
   Una simple lección de economía elemental, que ojalá Maduro pudiera entender, le haría saber que hay escasez porque se ha contraído la producción interna (el PIB cayó 4% en el 2014 y caerá entre 7 y 10% este año) y no hay divisas suficientes (no se ahorraron y han caído los precios del petróleo) para importar lo que no se produce; hay inflación porque una demanda catapultada por la emisión de dinero sin respaldo sobrepasa con creces una oferta de bienes y servicios insuficiente; y hay un caos cambiario, con cuatro cotizaciones del dólar en relación al bolívar, porque, como señaló el economista Francisco Rodríguez, del Bank Of América, se requiere un programa de estabilización macroeconómica que Maduro y sus acólitos no implementan,  ante la cercanía electoral, por “tener miedo a los costos políticos”. Eso se llama irresponsabilidad.
   La crisis social. Se manifiesta en el desastre del sistema de salud, en una educación ideologizada y de baja calidad, en el fracaso de la política de vivienda, en la destrucción del salario, en el desempleo, etc, lo que se resume en el dato de que 10,9 millones de venezolanos, equivalente al 36,3% de la población, viven bajo la línea de pobreza.

   Un aborrecible emperador romano, Tiberio, atinó a decir que “a las ovejas se las puede esquilar pero no despellejar”.

29 de junio de 2015

A LA MEMORIA DE LA DEMOCRACIA, por Carlos Canache Mata, El Nuevo País, 1º de julio de 2015




A LA MEMORIA DE LA DEMOCRACIA


Carlos Canache Mata
  

  ¿ Cómo definir al régimen político que desde hace 16 años existe en Venezuela ? Unos dicen que estamos en presencia de un autoritarismo, algunos lo caracterizan como una dictadura con apariencia formal de democracia, y otros creen que es una autocracia militar-civil con ostensibles rasgos totalitarios. De lo que sí no cabe duda es que no es una democracia.
   Conceptualmente, la democracia no ha tenido una única expresión en el curso de la historia. Se admite que la democracia fue inventada por los griegos, específicamente por los atenienses en el siglo V antes de Cristo. La Grecia antigua o clásica no era un Estado-nación, sino un conjunto de cientos de ciudades independientes  que eran Estados soberanos. En las otras ciudades griegas también había democracias, pero la de Atenas fue la más famosa e importante. Su gobierno, que era complejo, tenía como pieza central una asamblea popular que elegía a los magistrados y aprobaba las leyes. Pericles fue el más notable de sus estadistas.
   En Atenas, al igual que en la república de la Roma antigua, el derecho a votar en las asambleas se otorgaba sólo a los hombres. Esa restricción se prolongó durante las diversas formas evolutivas de la democracia hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918, cuando las mujeres, la mitad de la población adulta del planeta, todavía seguía excluida del derecho al sufragio. En lo que respecta a Venezuela, nadie puede regatearle a la Junta Revolucionaria de Gobierno que presidió Rómulo Betancourt el inmenso mérito histórico de haber promulgado en 1946 el Estatuto Electoral que, al consagrar el sufragio universal, incorporó a las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. Es con ese voto femenino que ahora el CNE, obedeciendo órdenes de Miraflores, ha maniobrado a última hora para que la MUD tenga que rehacer, como va a ocurrir, sus planchas de candidatos a la Asamblea Nacional.
  En la doctrina, al igual que en el derecho positivo de la mayoría de las Constituciones de los países, se establece qué es y cómo funciona la democracia. En el área internacional, la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la OEA el 11 de septiembre de 2001, precisa en su artículo 3° cuáles son los elementos esenciales de la democracia, entre los que destacan, además del sufragio universal como expresión de la soberanía del pueblo, la separación e independencia de los poderes públicos, el respeto a los derechos humanos, y la sujeción del ejercicio del poder a las reglas del Estado de Derecho.

   A la luz de esa identificación de la democracia, es evidente que ésta ya no existe en nuestro país. No le vamos a poner coronas de flores a la memoria de la democracia perdida, sino que vamos a reinstaurarla con el triunfo popular avasallante y la derrota del oficialismo, como lo pronostican todas las encuestas, en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de este año. Será una resurrección.

27 de junio de 2015

" Guyana: el gobierno implora un cheque en blanco", articulo publicado el dia de hoy en el BALCON DEL CIUDADANO, Nuevo Pais, por: J.Gerson Revanales M.

GUYANA: EL GOBIERNO IMPLORA UN CHEQUE EN BLANCO.


por: J. Gerson Revanales



EL Sr Maduro con sus arengas, pretende que el país le dé un cheque en blanco frente a un conflicto que el mismo ha inventado, como la guerra económica. Puro boxeo de sombra



El pasado 18 de junio se cumplieron 200 años de la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, al enfrentarse a la vez al ejército aliado integrado por una coalición formada por Austria, Rusia, Gran Bretaña y Prusia. La agenda internacional del gobierno al igual que Napoleón ha abierto múltiples frentes y ni la Sra. Rodríguez ni Maduro, a pesar de haber pasado más de seis largos años al frente de la Cancillería, son Napoleón.

El Sr Maduro, esta semana ha pretendido pedirle al país un cheque en blanco explotando el nacionalismo, a lo Cipriano Castro, con la histórica arenga de la “planta insolente del invasor ha osado profanar el suelo patrio”; pero resulta que él y su mentor político, nunca han gobernado para todo el país, nunca se han sentido como el presidente de todos los venezolanos; y a la hora de la chiquita, quiere se le respalde en esta aventura “galteriana”, que ya sabemos el resultado en la historia Argentina; por lo que requiere solicitar el respaldo incondicional del país a una dislocada política exterior de confrontación con vecinos amigos, socios y aliados. Está claro que en esta oportunidad al caer su popularidad a un mínimo de 22%, producto de la recesión, de una alta inflación y precios del petróleo en mínimos de cinco años, no le ha quedado otra brillante idea que dar un nuevo Dakaso, levantando las banderas del nacionalismo; olvidando que durante su visita a Guyana en septiembre de 2013 declaró que el "acuerdo de Ginebra era una herencia del viejo imperio británico y un viejo gobierno de Acción Democrática en Venezuela”.

La política económica nos conduce a la quiebra técnica de nuestras finanzas; la política de integración social nos ha dividido por colores entre negros, blancos, amarillos y la política exterior no lleva por caminos incierto en nuestras relaciones hemisféricas; el reciente decreto 1787 que crea y activa las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítimas e Insulares (ZODIMAIN), el cual incluye áreas marítimas pendientes por delimitar con Colombia" pudieran traer consecuencias lamentables en nuestras relaciones hemisféricas.


Los agravios personales a ex presidentes como Pastrana o Felipe González, con una altísima influencia y credibilidad en los medios financieros, políticos y económicos, son una cosa; pero además, chocar con presidentes en ejercicio como Santos, Rajoy u Obama son otra, que abren múltiples frentes sin tener los recursos financieros para enfrentar un hipotético conflicto, y sin ser ni Napoleón, ni Alejandro Magno.

20 de mayo de 2015

"NI DEMOCRACIA, NI ESTADO DE DERECHO" por Carlos Cannache Mata, El Nuevo País, 20 de mayo de 2015



NI DEMOCRACIA, NI ESTADO DE DERECHO
Carlos Canache Mata
   Así como es fundamental, para que exista la democracia política, que la voluntad del Estado se forme por la voluntad del pueblo expresada a través del sufragio, también es esencial, para que exista el Estado de Derecho, que se haga efectivo el principio de la separación de poderes. Sólo así, como lo exigía Montesquieu, se logra que “el poder detenga al poder” y se asegura la vigencia de la libertad. Por eso, el principio de la separación de poderes pasó de la teoría jurídica al derecho constitucional positivo.
   En Venezuela, bajo los gobiernos autocráticos de Chávez y Maduro, la división en cinco ramas del Poder Público Nacional  prevista en el artículo 136 de la Constitución de 1999, ha sido una ficción. Los órganos que ejercen la titularidad nominal de las funciones correspondientes a los poderes legislativo, judicial, Ciudadano y Electoral, están realmente subordinados a las órdenes que les imparte el Poder Ejecutivo. Prueba de ello es que la Asamblea Nacional haya aprobado 20 leyes que cercenan la libertad de expresión mediante restricciones y control de los medios de comunicación y que haya obedecido la instrucción gubernamental de despojar inconstitucionalmente a María Corina Machado de su investidura de diputada; que unos tribunales hayan acatado la decisión del gobierno de mantener arbitrariamente presos a Leopoldo López y el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma; que también por vía judicial se le haya impedido a Teodoro Petkoff viajar a Madrid para recibir el Premio de Periodismo Ortega y Gasset 2015 (en su nombre, lo recibió el gran líder Felipe González);  que una juez de juicio haya impuesto un régimen de prohibición de salida del país y presentación semanal a 22 directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla; que el Ministerio Público se cruce de brazos ante la violación de los derechos humanos y el desbordamiento de la corrupción; y que, en fin, el CNE patrocine fraudes para poner a ganar al gobierno y todavía espera órdenes de éste para fijar la fecha de las elecciones parlamentarias de este año.
   Si esa es la realidad que vivimos, confirmada por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) al declarar en su último Informe Anual que en Venezuela es una amenaza “la falta de contrapesos institucionales”, llama la atención que la OEA no aplique el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana (CDI), que dispone que, “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, procede la convocatoria del Consejo Permanente  para analizar la situación “y adoptar las decisiones que estime convenientes”. Si las gestiones diplomáticas del Consejo para restablecer la normalidad institucional son infructuosas, se debe convocar la Asamblea General, la cual, según el artículo 21 de la CDI, “tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros”.
   ¿Por qué no se le ha puesto el cascabel al gato?.




28 de abril de 2015

CARLOS CANACHE MATA: "¿ SON RESCATABLES LAS DIVISAS SAQUEADAS AL PAÍS ?", El Nuevo País, 29 de abril de 2015



¿SON RESCATABLES LAS DIVISAS SAQUEADAS AL PAÍS?


Carlos Canache Mata

 

En el discurso que pronunció en el Congreso Nacional el 13 de febrero de 1959, al asumir la Presidencia de la República, Rómulo Betancourt recordó la frase de Martí  de que “hay que poner de moda la honradez” y que el Libertador Simón Bolívar le sugirió al Congreso del Perú que dictara “penas terribles contra los agentes del Tesoro que contribuyan a defraudar las rentas públicas”.
En su libro “Rómulo Betancourt y la siembra del petróleo”, Gumersindo Rodríguez hace estimaciones del costo social, en el corto y mediano y largo plazo, que representa la corrupción en el sector público como factor “de dilapidación de los recursos soberanamente rescatados de las transnacionales del petróleo”.
Rómulo Betancourt sostuvo la tesis de que no sólo deben sancionarse los que atentan contra el patrimonio público, sino que también los recursos financieros mal habidos o usurpados podían y debían ser devueltos al país perjudicado, “en cualquier lugar donde se encuentren”. Consecuente con esa prédica, el 23 de septiembre de 1963, ante el Primer Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras, celebrado en Caracas, se expresó en los siguientes términos: “Convencido nuestro gobierno de que este problema de la erradicación del peculado tiene dimensión universal, se propone presentar en fecha próxima a la consideración y debate de las Naciones Unidas un proyecto de convención multilateral…relativo a las medidas que deben tomarse en el plano internacional contra las personas que en el ejercicio de las actividades públicas se hagan culpables de enriquecimiento ilícito. Al ser aprobada esa convención y al implementarse con medidas prácticas, podrán rescatarse por las naciones los bienes mal habidos de ex-gobernantes suyos incursos en el delito de peculado, cualquiera que sea el país adonde hayan transferido esos bienes, amasados mediante la concusión y el abuso de poder”.
Ignoro si ese proyecto de convención llegó a ser presentado a la consideración de las Naciones Unidas, pero, en todo caso, se puede leer en Internet que existe una “Convención de Naciones Unidas contra la corrupción”, fechada en Nueva York el 31-10-2003, que entró en vigor de forma general el 14-12-2005; y que la OEA, por su parte, aprobó en 1996 una “Convención Interamericana  contra la corrupción”, que entró en vigor el 3 de junio de 1997. Ojalá esos instrumentos sean útiles para recuperar las divisas saqueadas a Venezuela durante estos 16 años del régimen chavista, ahora depositadas en los paraísos fiscales que han sido denunciados nacional e internacionalmente. Pero el problema es que cuando son personeros o amigos del gobierno los protagonistas de las tropelías, desde el Estado no se promueve ninguna acción de rescate de los recursos saqueados y, por el contrario se tiende la alfombra a los acusados para que reine la impunidad.

Sin ese saqueo, hubiera sido más llevadera la crisis que se ha profundizado por la caída de los precios del petróleo.