Justicia dictatorial y sentencias infames, por: CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN* , Publicado por Diario las Américas el Lunes 4 de Abril, 2016. / pararescatarelporvenir.blogspot.com 5-04-2016

Publicado por Diario las Américas el Lunes 4 de Abril, 2016.  http://www.diariolasamericas.com/4962_carlos-sanchez-berzain/3726531_justicia-dictatorial-y-sentencias-infames.html Justicia dictatorial y sentencias infames CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN*  Los gobiernos del socialismo del siglo XXI han convertido el poder judicial en su instrumento de represión política para el control de las sociedades que oprimen.  La persecución política en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua se ejerce por medio de acusaciones oficiales contra opositores y ciudadanos en general, a los que han marcado como objetivos, procesándolos por hechos falsos o por delitos que han sido cometidos por el propio acusador.  Los fiscales y jueces proceden con la farsa de formalizar decisiones previamente indicadas -incluso públicamente- por el dictador.  Las determinaciones de esta justicia dictatorial no pueden tener ningún efecto en los países con democracia porque se trata de "sentencias infames", nulas de pleno derecho. En un anterior trabajo he planteado como definición de "ley infame", "la norma que elaborada y establecida, siguiendo el procedimiento formal para su creación, viola en su objeto y contenido los derechos humanos o las libertades fundamentales".  Se trata de normas que no deberían existir,  porque ninguna disposición "legal" puede atentar contra los derechos humanos. La ley en su básica concepción jurídica es el "precepto dictado por la autoridad competente, en el que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados". Una ley que viola un derecho fundamental no tiene nada que ver con la justicia, es una prueba de violación de los derechos humanos y de la inexistencia del estado de derecho, por lo que no debe tener efecto alguno y sus autores merecen proceso y sanción. Si recordamos que infame es lo "muy malo y vil", lo que "carece de honra, crédito y estimación", encontraremos que precisamente de eso se trata el mecanismo de persecución y represión que los gobiernos no democráticos de las Américas han institucionalizado como parte de su "institucionalidad política" para controlar, intimidar, atemorizar, neutralizar, privar de libertad, confiscar y usurpar bienes, exiliar, asesinar la reputación, destrozar familias y en suma anular civil y políticamente a opositores políticos, líderes cívicos, empresarios, periodistas, indígenas, mujeres y hombres que consideren amenaza a su ejercicio dictatorial y su permanencia indefinida en el poder. Cuando es necesario usan lo mismo contra miembros del régimen con el fin de forzar lealtades, presentar un chivo expiatorio para encubrir los delitos del caudillo, castigar, purgar o deshacerse de personajes que ya no son útiles, que saben mucho o que representen amenaza interna. Nada de esto es nuevo en la historia de la barbarie humana pre y anti democrática.  Fueron leyes infames las leyes racistas y de exterminio en el régimen nazi; fueron justicias dictatoriales las de la inquisición, del fascismo italiano, del nazismo alemán, del estalinismo soviético.....; fueron sentencias infames de "jueces competentes" que mandaron a la muerte a miles de inocentes en las dictaduras de Mao Tse Tung, Hitler, Stalin, Castro......  Lo que ha venido pasando y sucede ahora mismo en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua -los países del socialismo del siglo XXI- es que con el control total del poder legislativo han aprobado centenas de leyes infames; que con los jueces que cada dictador nombra, condiciona y somete, han construido y mandan sobre una justicia dictatorial; y que esos jueces, sus jueces, han emitido y preparan miles de sentencias infames sobre las que no existe mecanismo alguno de defensa. Una "sentencia infame es aquella en cuyo trámite, texto o determinaciones se han violado lo derechos humanos" (presunción de inocencia, debido proceso legal, irretroactividad, garantías judiciales, igualdad de las partes, juez natural, etc.).  Lo extraordinario de las sentencias infames del socialismo del siglo XXI es que pretenden que se les reconozca vigencia universal; los gobiernos que las producen reclaman su ejecución en países con democracia y usan esos fallos, e incluso las simples acusaciones o demandas, para perseguir a sus víctimas mas allá de las fronteras, reclamando la aplicación de convenios internacionales.  La justicia dictatorial y sus sentencias infames permiten que los dictadores se disfracen encubriendo sus crímenes como decisiones de la justicia: Raúl Castro en la visita del presidente Obama dijo que en Cuba no hay presos políticos, "dame la lista de los presos políticos y antes de la noche estarán sueltos...", porque los tiene como condenados por su justicia; Chávez y Maduro con miles de exilados por la persecución judicial y decenas de presos políticos, tienen como estandarte la sentencia contra Leopoldo López, sosteniendo que "no hay presos políticos sino políticos presos por delitos comunes"; Rafael Correa, en Ecuador, tiene sentencias con montos millonarios a su favor, ha forzado al exilio a políticos, periodistas y empresarios, además de los presos políticos que contabiliza como reos comunes; Evo Morales se presenta como acusador por los crímenes  que cometió en octubre de 2003, amparado en una amnistía firmada por Carlos Mesa para él y sus cómplices, y ha hecho sentenciar con cárcel a los miembros el Alto Mando Militar de la Democracia, hoy presos políticos, y ahora ha mandado a preparar una sentencia de 30 años de cárcel contra el gobernador de Pando, que es su preso político desde hace años; Daniel Ortega en Nicaragua que con su justicia ha cambiado el mapa económico y político del país a su favor, se ha perpetuado indefinidamente en el poder, encubre sus crímenes, reprime y silencia al que quiere. Todo lo anterior y más, sin olvidar que el sistema descrito y denunciado, es hoy el medio perfecto de "encubrimiento e impunidad" de los crímenes y corrupción, narcotráfico incluido, de los gobernantes del socialismo del siglo XXI, que siguen simulando democracia con su justicia dictatorial y las sentencias infames. *Abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy  www.carlossanchezberzain.com Interamerican Institute for Democracy 4141 N. Miami Ave. Suite 211, Miami FL 33127 T: 786 507 5214   F: 786 507 5218   iid@intdemocratic.org/www.intdemocratic.org

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Gobiernos de delincuencia organizada, por: CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN* , DIARIO LAS AMÉRICAS / pararescatarelporvenir.blogspot.com 8 de marzo de 2016

Publicado por Diario las Américas el Lunes 07 de Marzo, 2016. 

http://www.diariolasamericas.com/4962_carlos-sanchez-berzain/3669908_gobiernos-de-delincuencia-organizada.html

Gobiernos de delincuencia organizada

Que Venezuela está gobernada por una dictadura es una realidad que ni el propio régimen del socialismo del siglo XXI puede desmentir, pero además, los acontecimientos recientes con la comisión de delitos desde el Gobierno, verifican que el grupo de poder delinque a título de actos de gobierno con el propósito de obtener beneficios directos en el ejercicio de una autoridad tan dañina como ilegítima. Los hechos llevan a constatar que el Gobierno de Nicolás Maduro ejerce el poder como un grupo de delincuencia organizada.

Un gobierno es el encargado de dirigir al país, de mandar con autoridad y de administrar un estado en  busca del mejor interés y beneficio de sus ciudadanos. En democracia el gobierno está sometido a la vigencia de la ley, al estado de derecho, a la división e independencia de poderes, obligado al respeto a los derechos fundamentales. Los individuos que lo integran son servidores públicos, tienen periodos limitados y preestablecidos de gestión como administradores y gestores de los bienes y recursos públicos, con la ineludible obligación de rendir cuentas y de responder por sus actos. Está establecido y se espera que los gobernantes cumplan sus funciones respetando la ley y sin cometer delitos, pero la realidad enseña que existen regímenes en los cuales todos estos elementos de normalidad han sido reemplazados por una "organización criminal" o por un "grupo delictivo organizado".

La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, en su artículo 2 inciso a, define "grupo delictivo organizado" como "un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material". La misma Convención define "delito grave" como "la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave".

Si aplicamos los conceptos transcritos y otras definiciones de la Convención, como la de "grupo estructurado", a los gobiernos no democráticos de América Latina, a los gobernantes del socialismo del siglo XXI, a sus prácticas habituales de gestión, podremos constatar que existen países dirigidos y bajo el control de "grupos delictivos organizados". Que tienen agenda, procedimientos y acciones con los que luego de llegar a la jefatura del estado por medio de elecciones, han suplantado el orden legal, han terminado con la democracia, controlado todo el poder sometiendo a los demás órganos e incluso creado su propia legalidad. Peor aún, en su propio sistema legal, casi cada acto de gobierno equivale a una acción criminal, a un delito.

En Venezuela los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, indican haber incurrido en casi todos los tipos del Código Penal de su país sancionado por el propio régimen el 20 de octubre de 2000. La enumeración de cuántos y qué delitos han cometido resulta un trabajo interminable, que puede cansar al lector, pero para sostener este análisis resultan suficientes recordar algunos: el sometimiento a poder extranjero respecto a la dictadura cubana y la entrega de bienes y recursos nacionales que están comprendidos como "delitos contra la independencia y la seguridad de la nación", la decisión que acaba de emitir la Tribunal Supremo de Justicia respecto a la Asamblea Nacional, que cae en el ámbito de "los delitos contra los poderes nacionales" agravados por el interés propio, para cometer y encubrir más crímenes; la organización o tolerancia de grupos armados irregulares, los "delitos contra las libertades políticas" como el cometido contra venezolanos que, como Leopoldo López, son presos políticos con acusaciones y denuncias falsas y procesos manipulados con condena pre establecida, como medio de represión política judicializada.

Cada ciudadano puede aportar su propio ejemplo o caso de acciones del gobierno que constituyen delitos contra la libertad individual, contra la propiedad, contra la libertad de trabajo, delitos de abuso de autoridad, de violencia, de ultraje, contra el honor, delitos de orden público cometidos por funcionarios en ejercicio de poder público, con agravantes, con premeditación, alevosía y ensañamiento. Y todo esto sin mencionar los delitos vinculados con el narcotráfico que ha llevado a medios de comunicación e investigadores internacionales a mencionar a la Venezuela de hoy como un narcoestado.

El inconveniente actual es que no existe la posibilidad real de investigar, acusar y sancionar a los autores en la justicia venezolana, porque ésta simplemente no existe, está reducida a la condición de una tecla más del aparato dictatorial del poder, es parte de los ilícitos. Sin embargo, tratándose de un "grupo delictivo organizado", que tiene bajo su control el poder ejecutivo, el poder judicial y otros órganos del estado, es importante poner a los miembros y beneficiarios de esta delincuencia organizada en la competencia internacional, en los parámetros y bajo los principios y definiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que sin duda los alcanza.  Esta tarea es extensible a los grupos delictivos organizados establecidos, como gobiernos en Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, con casos similares o más graves en los que sus ciudadanos y víctimas tienen la palabra.

*Abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

 www.carlossanchezberzain.com