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7 de enero de 2016

Piden investigar a Venezuela por violación de la Carta Democrática, EL NACIONAL, EFE-AFP, 7 de enero de 2016


Piden investigar a Venezuela por violación de la Carta Democrática


El Senado de Chile aprobó un proyecto de acuerdo en el que reitera el llamado a liberar los presos políticos en el país
El ex presidente de Colombia Andrés Pastrana abogó para que cualquier país de América solicite a la Organización de Estados Americanos investigar si Venezuela viola la Carta Democrática Interamericana. Consideró “muy curioso” que luego de la crítica del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a la crisis que vive Venezuela "ni siquiera un presidente haya levantado su voz" para que el organismo hiciera un análisis de lo que está sucediendo.
"Hemos dicho que solo se necesita un gobierno, un presidente, que simplemente le pida al Consejo Permanente de la OEA que se estudie la situación, no que se condene, solo que se haga un análisis”, dijo.
El ex mandatario aseguró que en el país ocurren “violaciones de derechos humanos” y hay un severo desabastecimiento de alimentos y medicinas capaces de desatar una crisis humanitaria, que afectará no solo a los venezolanos, sino también a los colombianos. "Debemos evitar una crisis humanitaria de mayores proporciones. ¿Qué tal un desplazamiento masivo de colombianos que viven en Venezuela?", se preguntó al recordar que entre 4 y 6 millones de sus connacionales residen en el país.
Sugirió a la Mesa de la Unidad Democrática “concentrarse en buscar el consenso necesario para afrontar la crisis económica” y exhortó a Maduro a "tener el liderazgo de convocarlo".
Entretanto, el presidente del Senado de Chile, Patricio Walker, extendió una invitación al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, para que los visite y converse con la Cámara de ese país sobre la situación venezolana, reseñó el diario La Tercera.
Walker felicitó a Ramos Allup y a los nuevos diputados mediante una carta. Mencionó su preocupación por la suspensión de la juramentación de tres diputados opositores por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Calificó la medida de “maniobra del régimen de Nicolás Maduro para evitar que la oposición tenga los dos tercios en el Parlamento y evitar que se puedan tomar decisiones como remover jueces que han sido nombrados por el gobierno de Maduro, que son controlados por el Ejecutivo".
“Venezuela tiene muchos desafíos como liberar a los presos políticos, entre los que se cuentan Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos”. Informó que el Senado de Chile aprobó un proyecto de acuerdo en el que reitera el llamado a liberar los presos políticos. "En esta ocasión privilegiada, que marca el inicio de esta nueva legislatura, se pueda dar un paso significativo de reconciliación y buena voluntad, liberando a los presos políticos venezolanos", puntualiza el documento.

Diálogo democrático. El gobierno de Uruguay desea que "prevalezca el espíritu democrático" en la Asamblea Nacional que se instaló el martes en Venezuela y se inicie un trabajo de "conformidad con la voluntad soberana del pueblo".
El gobierno de Argentina indicó que "está convencido de que el respeto absoluto de la voluntad de los pueblos expresada libre y democráticamente en las urnas, al igual que la estricta observancia de las atribuciones, prerrogativas y garantías constitucionales, son condiciones insoslayables para afianzar las democracias en América Latina".

Respuesta a Estados Unidos.  La canciller Delcy Rodríguez tildó de “injerencismo” la exhortación de Estados Unidos a resolver de manera transparente la impugnación de cuatro diputados electos en diciembre por parte del Poder Judicial, y demandó respeto a la soberanía venezolana.
Los ojos de Washington siguen fijos en Venezuela. En esta oportunidad el llamado lo hizo el precandidato republicano a la Casa Blanca Marco Rubio, que solicitó al presidente Barack Obama aplicar sanciones a los que intentan vulnerar el resultado de los comicios del 6 de diciembre. La medida incluiría sanciones a quienes planteen, ordenen o efectúen acciones que violen los derechos humanos y "asfixien más" la democracia venezolana.
"Hay una creciente evidencia de que el régimen de Maduro no tiene intención de aceptar los resultados de las legislativas. Primero manipulando el sistema judicial para bloquear a algunos parlamentarios electos y después intimidando a otros al impedir su entrada a la Asamblea Nacional. Las marionetas de Maduro están intentando sabotear la voluntad del pueblo de Venezuela", afirmó en un comunicado.

5 de enero de 2016

¿Diputados “desproclamados”? por. Alberto Arteaga Sánchez, EL NACIONAL, / pararescatarelporvenir.blogspot.com 5 de enero de 2016


por: Alberto Arteaga Sánchez 

En estos días, hemos presenciado el lamentable y bochornoso espectáculo de un Tribunal Supremo de Justicia, elegido con francas e inocultables motivaciones políticas, utilizado, una vez más, como instrumento para golpear a la nueva Asamblea Nacional elegida por el pueblo.

Con justificado asombro hemos visto cómo se habilita una Sala del Tribunal, que se encontraba de vacaciones, para conocer, en forma apresurada, las impugnaciones contra los diputados de la unidad democrática y, lo más grave, en un sistema de justicia en el cual los recursos duermen el “sueño de los justos” o padecen el limbo de la “ley del diferimiento”, en el lapso preciso de horas para decidir, se admite un amparo y se ordena suspender los efectos de la proclamación de unos diputados, que ya se cumplió y que le otorga inmunidad a los parlamentarios electos, decidiendo el asunto planteado magistrados recién designados que hace apenas algunos días hacían vida activa en el partido de gobierno.

Un tribunal, por más supremo que sea, no puede desconocer la voluntad del pueblo que ha elegido a sus representantes y le ha otorgado, con la proclamación, la investidura parlamentaria, con la coraza de protección de la inmunidad, que lo sustrae, precisamente, de cualquier acción temeraria o aventurada de desconocimiento de su condición y que pueda intentarse desde el Gobierno o por cualquier otro francotirador, destinada a provocar una decisión que, por vía provisional o cautelar, pretende dejar sin efecto la expresión de la voluntad soberana.

Una vez proclamado un diputado, goza de inmunidad, prerrogativa funcional y no personal que no permite que sea coartado en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, no puede ser impedida la formalidad de la juramentación y posterior asunción de todas sus obligaciones y derechos.
A tal punto es trascendente esta inmunidad, que lo coloca a salvo de decisiones del máximo tribunal que, inclusive, en el caso en que el Tribunal Supremo de Justicia declare, en un antejuicio, por la presunta comisión de un delito, que hay mérito para el enjuiciamiento penal de un diputado, no se puede proceder ni llevar a cabo el juicio si la Asamblea no lo autoriza o allana la inmunidad, decisión de naturaleza política en salvaguarda de la representación popular que podría resultar afectada.

Corresponde a la Asamblea y no al Tribunal Supremo de Justicia la calificación de sus miembros y, eventualmente, su separación, pero no puede admitirse que por una maniobra leguleyesca o componenda procesal, mediante una decisión evidentemente sin fundamento, se pretenda afectar el funcionamiento del poder más importante en un Estado de Derecho.

El pueblo, el 6-D, decidió cómo debía ser la conformación de la Asamblea Nacional, a pesar de las amenazas, de la coacción ejercida y del manifiesto ventajismo del Gobierno, expresándose, sin duda alguna, a favor de los candidatos de la unidad democrática y en contra del sistema impuesto, al margen de la Constitución, generador de la más grave crisis económica, social, política y, sobre todo, moral, que haya padecido el país. Los parlamentarios así electos y proclamados no pueden ser “desproclamados” sin más e impedidos en el ejercicio de sus funciones.

Esta situación no tiene precedentes, con las características actuales, después de una elección y proclamación parlamentaria, salvo por lo que respecta, por supuesto, a las aberrantes decisiones que llevaron a la separación de diputados en ejercicio en la legislatura que termina, pudiendo señalarse que nuestra tradición sí fue del más absoluto respeto a la investidura parlamentaria, a tal punto que no fueron pocos los casos de presos, exiliados o perseguidos políticos de otras épocas -muy cercanos a funcionarios del actual Gobierno- que alcanzaron la libertad con la elección y proclamación como diputados, auténtico” indulto popular”, reconociéndoseles su inmunidad como garantía para el ejercicio de la representación y defensa de los intereses encomendados al Parlamento.


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29 de diciembre de 2015

La Asamblea Nacional como cuerpo electoral, por: JUAN MARCOS COLMENARES, EL NACIONAL, Caracas 29 de diciembre de 2015

OPINIÓN

    AL INSTANTE

    La Asamblea Nacional como cuerpo electoral

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    El voto es el arma principal que tienen los pueblos para participar en política, defender y reforzar la democracia; y ese derecho se ejerce a través de elecciones, donde los ciudadanos manifiestan su voluntad de gobernarse. Existen dos tipos de elecciones: a) Elecciones directas o de primer grado: Donde los ciudadanos eligen a sus representantes en forma directa, universal y sin intermediarios. b) Elecciones indirectas o de segundo grado: Aquellas donde los electores eligen unos representantes que se constituyen en cuerpo o colegio electoral, que se encarga de elegir o designar a los titulares de otros poderes públicos. En Estados Unidos la elección del Presidente de la República se hace a través de elecciones de segundo grado. Los ciudadanos eligen primero a sus representantes a los colegios electorales, quienes posteriormente eligen al Presidente.
    En Venezuela utilizamos ambos tipos o grados de elecciones: De primer grado, para elegir al Presidente de la República, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y de segundo grado, cuando los diputados de la Asamblea Nacional constituidos en Cuerpo Electoral designan a los titulares de los otros poderes públicos: poder judicial, poder electoral y poder ciudadano. Hasta hace 70 años nuestros presidentes eran designados mediante una elección de tercer grado. Fue en 1947, cuando se celebraron las primeras elecciones presidenciales libres a través del sufragio directo, universal y secreto. Esas elecciones representaron un hecho histórico en el país porque todos los venezolanos mayores de 18 años, inscritos en el CNE y sin ningún tipo de distinción, ejercieron por primera vez el derecho al voto.
    También las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre deben ser consideradas como un importante hecho histórico, porque no han sido una elección legislativa más. Lo que allí se produjo fue la elección de unos diputados con un mandato claro y definido que es la “reconstrucción de la democracia” y el repudio al régimen totalitario que asaltó el poder en 1999. De esta forma es como se debe evaluar y calificar este triunfo de la oposición para que sea debidamente administrado: La participación de los electores fue de 74,45%, con una votación mayoritaria a favor de la opción de la MUD, que recibió una mayoría calificada de 112 diputados.
    Ese es el primer paso para la reconstrucción de la democracia. Ahora la responsabilidad recae en esos nuevos diputados y en la nueva Asamblea Nacional que como “Cuerpo Electoral” debe ejecutar el mandato popular que recibió y asegurar la misma legitimidad respecto a la elección de los demás poderes: Magistrados del TSJ, rectores del CNE y poder ciudadano (Fiscal General, Contralor General y Defensor del Pueblo). Según la Constitución, estos funcionarios son electos por el pueblo en forma indirecta o de segundo grado cuando los diputados de la AN actúan como cuerpo elector y no como poder legislativo.
    En consecuencia, cuando el 5 de enero se instale la Asamblea Nacional los nuevos diputados tienen la obligación de ejecutar ese mandato popular: a) Actuar como Cuerpo Electoral con mayoría calificada de las 2/3 partes; b) Revocar los írritos actos efectuados en 2014 y hace unos días, cuando la anterior AN los eligió como cuerpo legislativo y con simple mayoría; y c) Designar en elección de segundo grado a los otros titulares de los poderes públicos: Magistrados del TSJ, rectores del CNE y poder ciudadano (fiscal general, contralor general y defensor del pueblo).
    La Asamblea Nacional tiene que tomar conciencia de su poder en la estructura general del Estado, concentrar ese poder político y asumirlo con firmeza y sin temor. Se trata del órgano político de representación popular, con funciones electorales, de control y legislativas; y uno de los órganos de mayor relevancia del Estado, si no el más relevante.