Guerra anunciada
MIGUEL SANMARTÍN | EL UNIVERSAL
Todos, camarita, creen inminente el conflicto. Lo prevén de alta intensidad. El escarceo comenzó ya aunque por ahora se limita a los poderes del Estado. Pero con altas probabilidades de que coja calle y pueda, eventualmente, transformarse en una avalancha social de consecuencias impredecibles. Esta no es realidad virtual, es lo verdadero hoy.
El pueblo está agobiado por la crisis y enardecido porque considera que no se hace lo indicado para abatirla. Está afligido por múltiples necesidades que no tiene cómo satisfacer. Cansado de hacer colas, alarmado por la inseguridad y harto de patrañas "Made in Cuba" como el saboteo eléctrico, las guerras económica, sicológica y mediática, el bloqueo financiero internacional, el contrabando, la burguesía, los pelucones, el Imperio o el eje Madrid-Miami-Bogotá que serían, según la perorata del régimen, las causas del colapso vigente. Sin embargo el soberano se convenció que la raíz de todos los males está en el "modelo" comunista (Socialismo del Siglo XXI) aplicado en el país durante los últimos 17 años.
El conflicto previsible es la comidilla general. Es tema de conversación no solo entre entendidos sino también motivo de preocupación de todos los ciudadanos de este país, afectado por la más severa crisis económica y social de su historia (con el barril de petróleo que ronda los 30 dólares). Según afirman expertos, Venezuela registra hoy el más alto índice de escasez del mundo (55%), la mayor inflación (230%) y está considerado el más inseguro (90 homicidios por cada 100 mil habitantes al cierre de 2015).
La aceleración de la contienda entre el Gobierno y la Asamblea Nacional (ahora con mayoría calificada opositora) lo presienten los sectores sociales contrarios al régimen castrochavista y lo consideran "inevitable" los afectos rojo-rojitos (sobre todo los fundamentalistas ideológicos y los violentos integrantes de los denominados colectivos) que aúpan las pretensiones y los métodos de lucha utilizados por sus representantes para preservar (a rajatabla y con la conformidad evidente de otros poderes públicos que aún controla el Ejecutivo) lo que consideran derechos adquiridos, prerrogativas irrenunciables e intereses que deben retener como medio de subsistencia y para su sobrevivencia política.
La colisión la presagian especialistas de todas las ramas del conocimiento y lo alertan también con preocupación gobiernos y personalidades demócratas del mundo que hoy tienen su vista y su atención puestas en la desolada y convulsionada Venezuela. La certeza del enfrentamiento institucional asomó con la decisión de la Sala Electoral del TSJ de suspender la juramentación de los cuatro diputados electos por Amazonas. Esa hipótesis se reforzó debido a los incidentes suscitados durante la instalación de la nueva AN y, al día siguiente, con los discursos afrentosos, las maniobras obstructivas y las amenazas de desacato proferidas por algunos de los personeros de la bancada oficialista.
La percepción de la erupción social (algunos la vislumbran cercana) sobrevino tras la presentación del "remozado" tren ministerial. Un Gabinete mayormente dogmático, anacrónico, partidario del estatismo, la coerción del mercado, la regulación de precios, la limitación de la oferta y la restricción de la demanda. Incluso, uno de los investidos es conocido por ser partidario obcecado de mantener el control de cambio como estrategia política ("antigolpista") indispensable.
Todo ello genera más desconfianza, escepticismo, aprensión y resquemor entre los empresarios nacionales y los eventuales nuevos inversionistas que -según reconoce ahora el Gobierno revolucionario- son indispensables en esta fase para romper la dependencia del petróleo. No será con este mix de radicales que se produzca la tan esperada rectificación y necesaria reactivación económica para mejorar el abastecimiento de productos y frenar la inflación. Alcanzar estos objetivos motivó el voto mayoritario por los candidatos de la oposición democrática el 6D para que, en la Asamblea, aprobaran leyes racionales, equitativas, que respeten la inversión y que garanticen la propiedad privada. Leyes aperturistas con sentido social (sí, es posible), que induzcan al Ejecutivo a cambiar el rumbo desastroso que colapsó al país.
Ese propósito-necesidad no pareciera hoy factible. No sin mediación de terceros porque ambas partes enfrentadas están sumergidas en sus objetivos, razones, condiciones y principios. ¿Transigir? Ninguno si no surge un conciliador admisible para ambos sectores. ¿El Nuncio Apostólico? Pudiera ser uno. ¿Repetir la comisión tripartita de Unasur? Admisible también. ¿Por qué no incorporar un personero seleccionado por cada parte? ¿Uno de la Celac y otro de la OEA, por ejemplo? Seguro hay candidatos dispuestos a cooperar. ¿Pero habrá voluntad para avenirse? En el pasado se intentó sin resultados... ahora es imperiosa la concertación. El soberano está que pierde la paciencia.
msanmartin@eluniversal.com
El pueblo está agobiado por la crisis y enardecido porque considera que no se hace lo indicado para abatirla. Está afligido por múltiples necesidades que no tiene cómo satisfacer. Cansado de hacer colas, alarmado por la inseguridad y harto de patrañas "Made in Cuba" como el saboteo eléctrico, las guerras económica, sicológica y mediática, el bloqueo financiero internacional, el contrabando, la burguesía, los pelucones, el Imperio o el eje Madrid-Miami-Bogotá que serían, según la perorata del régimen, las causas del colapso vigente. Sin embargo el soberano se convenció que la raíz de todos los males está en el "modelo" comunista (Socialismo del Siglo XXI) aplicado en el país durante los últimos 17 años.
El conflicto previsible es la comidilla general. Es tema de conversación no solo entre entendidos sino también motivo de preocupación de todos los ciudadanos de este país, afectado por la más severa crisis económica y social de su historia (con el barril de petróleo que ronda los 30 dólares). Según afirman expertos, Venezuela registra hoy el más alto índice de escasez del mundo (55%), la mayor inflación (230%) y está considerado el más inseguro (90 homicidios por cada 100 mil habitantes al cierre de 2015).
La aceleración de la contienda entre el Gobierno y la Asamblea Nacional (ahora con mayoría calificada opositora) lo presienten los sectores sociales contrarios al régimen castrochavista y lo consideran "inevitable" los afectos rojo-rojitos (sobre todo los fundamentalistas ideológicos y los violentos integrantes de los denominados colectivos) que aúpan las pretensiones y los métodos de lucha utilizados por sus representantes para preservar (a rajatabla y con la conformidad evidente de otros poderes públicos que aún controla el Ejecutivo) lo que consideran derechos adquiridos, prerrogativas irrenunciables e intereses que deben retener como medio de subsistencia y para su sobrevivencia política.
La colisión la presagian especialistas de todas las ramas del conocimiento y lo alertan también con preocupación gobiernos y personalidades demócratas del mundo que hoy tienen su vista y su atención puestas en la desolada y convulsionada Venezuela. La certeza del enfrentamiento institucional asomó con la decisión de la Sala Electoral del TSJ de suspender la juramentación de los cuatro diputados electos por Amazonas. Esa hipótesis se reforzó debido a los incidentes suscitados durante la instalación de la nueva AN y, al día siguiente, con los discursos afrentosos, las maniobras obstructivas y las amenazas de desacato proferidas por algunos de los personeros de la bancada oficialista.
La percepción de la erupción social (algunos la vislumbran cercana) sobrevino tras la presentación del "remozado" tren ministerial. Un Gabinete mayormente dogmático, anacrónico, partidario del estatismo, la coerción del mercado, la regulación de precios, la limitación de la oferta y la restricción de la demanda. Incluso, uno de los investidos es conocido por ser partidario obcecado de mantener el control de cambio como estrategia política ("antigolpista") indispensable.
Todo ello genera más desconfianza, escepticismo, aprensión y resquemor entre los empresarios nacionales y los eventuales nuevos inversionistas que -según reconoce ahora el Gobierno revolucionario- son indispensables en esta fase para romper la dependencia del petróleo. No será con este mix de radicales que se produzca la tan esperada rectificación y necesaria reactivación económica para mejorar el abastecimiento de productos y frenar la inflación. Alcanzar estos objetivos motivó el voto mayoritario por los candidatos de la oposición democrática el 6D para que, en la Asamblea, aprobaran leyes racionales, equitativas, que respeten la inversión y que garanticen la propiedad privada. Leyes aperturistas con sentido social (sí, es posible), que induzcan al Ejecutivo a cambiar el rumbo desastroso que colapsó al país.
Ese propósito-necesidad no pareciera hoy factible. No sin mediación de terceros porque ambas partes enfrentadas están sumergidas en sus objetivos, razones, condiciones y principios. ¿Transigir? Ninguno si no surge un conciliador admisible para ambos sectores. ¿El Nuncio Apostólico? Pudiera ser uno. ¿Repetir la comisión tripartita de Unasur? Admisible también. ¿Por qué no incorporar un personero seleccionado por cada parte? ¿Uno de la Celac y otro de la OEA, por ejemplo? Seguro hay candidatos dispuestos a cooperar. ¿Pero habrá voluntad para avenirse? En el pasado se intentó sin resultados... ahora es imperiosa la concertación. El soberano está que pierde la paciencia.
msanmartin@eluniversal.com
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