El régimen en abierto desacato a la soberanía del pueblo.
por: Sergio Sáez
Auditor Social
El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición
republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores,
principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
Artículo 350, constitucional.
Esta Constitución no
perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere
derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de
autoridad, tendrá el deber de colaborar
en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 333, constitucional. De la Garantía de la
Constitución
El pasado 6 de Diciembre de
2015, el pueblo venezolano, único depositario de la soberanía,
en ejercicio democrático y constitucional del sufragio, y decisión personal,
directa y secreta, eligió sus representantes en la Asamblea Nacional,
otorgándole amplia mayoría a la representación democrática de la
sociedad civil, lo que a juicio de los entendidos, fue la “expresión más contundente de una pacífica rebelión
popular” que se manifestó contra el régimen autárquico que se
instaló en el país desde 1999.
El gran triunfo de esta jornada
de rebelión democrática fue que el pueblo venezolano mayoritariamente manifestó
su desconocimiento al régimen, su particular legislación, y su pretendida
autoridad, para continuar demoliendo el Estado Constitucional, democrático y
social, de Derecho y de Justicia,
descentralizado, sustentado sobre el pleno disfrute de los Derechos Económicos
de libre empresa y propiedad,
pretendiendo instaurar, a troche y moche, y en abierta violación de la
Constitución Nacional, un Estado Popular, llamado Estado Comunal, inexistente
en nuestra Constitución Nacional, totalitario, militar-militarista y policial,
centralizador, negador de la Democracia y de los Derechos Humanos, planificado
y dirigido desde Cuba por los hermanos Castro, semejante al que instauraron en
ese país hermano, y que ha mantenido sojuzgado a ese pueblo durante más de
media centuria. Contando para ello, por acción o por omisión, con la
complicidad de los restantes poderes públicos y de una facción militar,
apátridas, que le han sido incondicionales.
No valieron las artimañas del
CNE a las que nos había tenido acostumbrado, ni el abuso del régimen de hacer
uso indiscriminado de todos los bienes de la nación, sin excepción, para la
campaña política y su financiamiento, ni las descaradas amenazas a los
empleados, obreros de la Administración Pública, y a los compatriotas
beneficiarios de las diversas “misiones sociales”. Hechos, por cierto,
ampliamente documentados en diferentes medios de difusión, y denunciada ante
las correspondientes autoridades, sin que estos se sintiesen aludidos, y mucho
menos tomasen correctivo alguno.
De esta manera, el pueblo
eligió a sus representantes en el Poder Legislativo Nacional; y envió un claro
mensaje al poder ejecutivo, el otro que también elije directamente,
representado hoy por quien ocupa la presidencia de la República, Nicolás
Maduro, cuya legitimidad de origen siempre cuestionada, que también perdió su
legitimidad de desempeño, dada la desastrosa situación a la que han conducido
al país por la incapacidad e idoneidad para gobernar. De igual manera, el uso
abusivo y grosero de la figura y del “legado” del finado tte.cnel, Hugo Chávez
Frías para seguir cautivando el apoyo de “su Pueblo” al régimen y sus
candidatos a la Asamblea Nacional, quedó claramente disminuido ante la
apabullante derrota de que fue objeto los candidatos del régimen a todo lo
ancho y largo del país.
El régimen, y sus inmediatos
seguidores, han pretendido hacer caso omiso de este mandato popular, a pesar de
haber pregonado, Nicolás Maduro, que respetaría el resultado que dictase el
Consejo Nacional Electoral, sea cual fuese.
Ante la meridiana realidad que
la nueva bancada democrática sobrepasaba la “escuálida” representación del régimen y lograba la mayoría
absoluta, lo primero que hicieron fue solicitar de la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia, de manera orquestada y cómplice, y sin haber
agotado la instancia correspondiente del CNE, recursos contencioso electoral conjuntamente con medida
y/o amparo cautelar de suspensión de efectos contra las elecciones de diputados
y diputadas a la Asamblea Nacional, en
Circunscripciones Electorales de los estados Aragua; Amazonas; Yaracuy;
y, la representación indígena de la Región Sur. De los cuales solo prosperó,
viciada de nulidad,
con velocidad inusitada, la correspondiente a los cuatro diputados (constituida
por tres de la representación democrática y uno de la del régimen) del estado
Amazonas, y de la representación indígena, que cubría además el Estado Apure.
Para la instalación de la
Asamblea Nacional se dejaron sin juramentar los diputados cuestionados
integrantes de la oposición al régimen, Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y
Romel Guzamana. No obstante, la Junta Directiva de la AN los juramentó en la
primera sesión formal. Por lo cual, la Sala Electoral del TSJ ordenó a la Junta
Directiva de la Asamblea Nacional dejar sin efecto la referida juramentación y
en consecuencia proceder con la desincorporación inmediata, lo cual deberá
verificarse y dejar constancia de ello en Sesión Ordinaria de dicho órgano
legislativo nacional. Ante la negativa de la Junta Directiva de la AN de acatar
el pedimento, la SE del TSJ declaró procedente el desacato de la sentencia antes
mencionada, por parte de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea
Nacional, Diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla
y por los diputados de la representación democrática antes mencionados; y, nulos
absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se
dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos del
presente fallo de la SE del TSJ. Al final quedaron desincorporados los
diputados por el estado Amazonas, a la espera del correspondiente proceso
judicial.
Tal decisión de la SE del TSJ
no afecta la mayoría absoluta en la correlación de fuerzas en la AN, el PSUV y
los partidos que lo secunda, se han dado a la tarea de motorizar el
parlamentarismo de calle y la exaltación de la Asamblea Comunal, como órgano
legislativo paralelo, para tratar de boicotear la labor de la Asamblea
Nacional, y para crear un clima político adverso, propiciando una confrontación
de poderes en abierto desacato a la decisión mayoritaria del pueblo.
Otro punto de roce entre el
poder legislativo y el ejecutivo lo constituyó el desacato y violación de la
Constitución Nacional por parte de los ministros del área económica, Eulogio
del Pino (ministro de petróleo y Minería y presidente de PDVSA), Nelson
Merentes (presidente del BCV), José David Cabello (Seniat) y Rodolfo Marco
Torres (ministro para la Alimentación), ), Rodolfo Medina del Río (ministro
para la Banca y Finanzas), Miguel Pérez Abad (ministro para la Industria y
Comercio), al negarse a comparecencia pública ante esta. Al respecto es
importante señalarle a estos funcionarios públicos que el Artículo 139,
constitucional, establece que “El ejercicio del Poder Público acarrea
responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por
violación de esta Constitución o de la Ley”. Y el Artículo 143,
constitucional establece “Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen
derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la
Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que están directamente
interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se
adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros
administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad
democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a
investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con
la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido
confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios
públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su
responsabilidad.”. Y el Artículo 187 “Corresponde a la Asamblea Nacional:”,
en su Numeral 10 “10. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva y a los Ministros o Ministras. La moción de
censura sólo podrá ser discutida dos días después de presentada a la Asamblea, la
cual podrá decidir, por las tres quintas partes de los diputados o diputadas,
que el voto de censura implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva o del Ministro o Ministra.”. Y el Artículo 222,
constitucional, establece “La
Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes
mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas,
las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta
Constitución y en la ley y cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y
su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la
responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y
solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para
hacer efectiva tal responsabilidad.”.
De la lectura de estos
artículos se infiere que esos funcionarios públicos incurrieron en desacato de
la Constitución Nacional, máxime que la mayoría de ellos habían manifestado a
la Junta Directiva de la AN su aceptación de comparecencia. Pero por
instrucciones emanadas del Ejecutivo, comunicada por el Vicepresidente,
Aristóbulo Isturiz al presidente de la AN, Ramos Allup, aduciendo que las
interpelaciones no debían ser públicas para no revelar asuntos estratégicos del
Estado. Como dice el vulgo, la mentira tiene patas cortas, para el régimen
cubano nada es secreto, por el contrario, estan entronizado en todas las áreas
sensibles y estratégicas. Han desarrollado todo el sistema de identificación de
los venezolanos, registros civiles, entrenamiento y estrategias militares,
comunicaciones, salas situacionales, compra de equipos, bienes, medicinas,
alimentos.
La Junta Directiva de la AN no
ha tomado acciones individuales contra cada uno de los funcionarios, incluyendo
al Vicepresidente, toda vez que la responsabilidad por sus actos, cumplidos o
dejados de cumplir, son individuales. Habrá que llamarlos a una segunda
comparecencia, y actuar en consecuencia.
Ayer, la Asamblea Nacional, aprobó
en primera discusión de la LEY DE OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE
PROPIEDAD A BENEFICIARIOS DE LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA, iniciativa bandera de los candidatos
de la representación democrática durante la campaña, que persigue dotar a
quienes se les ha asignado vivienda dentro de esta misión, de un documento
protocolizado ante la Oficina de Registro Inmobiliario correspondiente, que
acredite realmente como verdadero e indiscutible titular del derecho legítimo
de propiedad sobre el apartamento o la casa que, por ahora, simplemente ocupa
en calidad de beneficiario, más no de propietario, y que le confiera la
titularidad de la propiedad de los inmuebles ocupados se desarrolla el sentido
de pertenencia, de seguridad familiar y los deberes con responsabilidad hacia
el entorno y lo social, fomentando nuevos valores en el ciudadano. La posesión
de los inmuebles en cuestión ya fue transferida a los actuales adjudicatarios y
eso es un hecho consumado, faltando por definir la titularidad sobre esos
inmuebles; y en dicha ley se crea una Comisión
Parlamentaria Especial, integrada por el Presidente de la Comisión
Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, quien la presidirá,
así como por un representante de la Comisión Permanente de Finanzas y por otros
5 parlamentarios electos en el seno de la plenaria, la cual tendrá a su cargo
la ejecución de, entre otras, la tarea de levantar dentro de un plazo de noventa (90) días hábiles,
contados a partir de la suscripción del Acta de Instalación, con la
colaboración de los distintos órganos y entes del Ejecutivo Nacional con
competencia en la materia, un inventario detallado de los distintos proyectos
habitacionales ya ejecutados y en ejecución en el marco de la Gran Misión
Vivienda Venezuela, que sin duda alguna, revelará el verdadero resultado
de la Gran Misión Vivienda, que de concretarse, seguro dejará mal parado al
régimen sobre las exorbitantes cifras que ha manipulado. Ante esta realidad
Nicolás Maduro expresó "Es una amenaza privatizar la Misión
Vivienda"…. "Esta ley aprobada en primera discusión en la Asamblea
Nacional es una doble amenaza porque pretende acabar con la Gran Misión Vivienda
y le negará el derecho al pueblo de vivir en la ciudad y en vivienda digna y lo
lanzará a la quebrada. Así lo alerto y así se lo explico a nuestro pueblo".
Por otra parte, para boicotear la iniciativa parlamentaria, creó “un ente que
denominó "Registros Públicos
Inmobiliarios", cuyo objetivo sería avanzar en los pasos del protocolo
para la adjudicación de las viviendas. "Estoy creando los Registros
Públicos Inmobiliarios especiales de la Gmvv, y estableciendo las directrices para impulsar
y acelerar los procesos de protocolo de la Misión Vivienda”.
Por su
parte, Pedro Carreño y la bancada del
régimen han manifestado que esta ley es inconstitucional.
Tenemos así un panorama que en lo político se caracteriza por la
pacífica rebelión popular, la pérdida de la legitimidad de origen y desempeño
del régimen, y su desacato a la decisión soberana del pueblo; en lo económico, por la desastrosa
situación en que el régimen ha sumido al país, agotadas sus reservas
internacionales, completo desabastecimiento de alimentos, medicinas e insumos
básicos, una hiperinflación desbocada; y, en
lo social, innumerables contratos colectivos sin siquiera ser discutidos,
evidencia del empeño del régimen de acabar con todo vestigio de libertad
sindical, desempleo galopante que se verá agravado por la quiebra inminente de
empresas, carencia de suficientes medios de subsistencia de la clase pobre (que
sobrepasa el 75% de la población) y de carencia absoluta en los de pobreza
extrema (que supera el 50% de la pobreza), el creciente descenso de la clase
media que ha visto mermado sus ingresos, deserción escolar por alimentación
inadecuada y carencia de medios de vida, galopante inseguridad que enluta a
numerosas familias, la carencia de plazas de trabajo para la juventud emergente,
el alto índice de embarazos precoces, la aparición y desarrollo de enfermedades
que se consideraban erradicadas, la carencia de atención de salud,
hospitalaria, de equipos, medicinas, insumos, personal médico y auxiliar
competente, salarios mínimos muy bajos que no alcanzan para cubrir la sexta
parte de la canasta básica alimentaria, y que afecta a la clase más necesitada
y vulnerable del país, ancianos y desvalidos, viud@s, madres del barrio,
jóvenes madres, becarios, beneficiarios de las misiones sociales, deportistas,
personal no capacitado, a destajo, tercerizados, hogares en pobreza extrema. En
fin, más de las tres cuartas partes de la población venezolana, e “in crescendo”.
Lo más triste, cruel, criminal
y vergonzoso de todo esto, es que por el despilfarro de los ingentes recursos
recibidos por este régimen, cientos de venezolanos se mueren por falta de
medicinas básicas para continuar los tratamientos médicos, o por falta de
insumos y equipos para los tratamientos e
intervenciones quirúrgicas de emergencia, y peor aún, miles de venezolanos,
conformados por lo más necesitados y vulnerables del país, ancianos,
desvalidos, madres e hijos, se acuestan sin haber probado bocado alguno; y se
levantan, si es que han podido conciliar el sueño ante el agobio, sin la
esperanza que puedan comer algo ese nuevo día. Mientras un régimen
con su banda de burócratas y la boliburguesía que ayudaron a crear, dilapidaron la más grande fortuna, constituida por los ingresos de más
de dos millones de millones de dólares. Cifra que supera por mucho a
todos los ingreso recibidos por todos loa gobiernos desde que se instauró la
República en 1830.
Nada puede hacer este régimen
de oprobio, para sacar al país del barranco al cual lo precipitaron. Han
demostrado hasta la saciedad la carencia absoluta de capacidad, idoneidad,
conocimiento, y recursos gerenciales para gobernar. Sería vergonzoso y
suicida, permitirles que sigan gobernando en abierta contradicción y rebeldía
al mandato supremo popular.
Tienen ahora la posibilidad el régimen
y sus jerarcas, de renunciar en masa, y deben hacerlo.
Acompañado de un sincero acto de constricción. Pedirle perdón a todos esos
venezolanos de los que se burlaron y sepultaron sus sueños y esperanzas de
redención, y que siguieron el llamado falso y engañosos, de un militar que
traicionó su “juramento a la bandera”,
movido por su resentido social, y truncado en “encantador de serpientes”.
Suerte del “Melquiades”, y de su ungido, hasta ahora “indocumentado”, salvo que
pruebe lo contrario, que muy bien pudieran ambos haber tenido cabida, como
personajes de la picaresca criolla, en las geniales obras del realismo mágico
tropical de García Márquez.
Corresponde ahora a la nueva
Asamblea Nacional de mayoría demócrata, como paso previo e impostergable para
el restablecimiento de la institucionalidad democrática del país, proseguir con la revocatoria inmediata de todos los cargos del Poder
Ciudadano (Fiscal General, Contralor General, y Defensor del Pueblo), de los
miembros del Consejo Nacional Electoral, y de magistrados de la Sala Electoral
y suplentes del TSJ, efectuada inconstitucionalmente por la bancada
del régimen en la Asamblea Nacional, y proceder como lo establece la
Constitución Nacional y las Leyes. Toda vez que burló la soberanía
del pueblo, que delegó en ella para que actuara como Cuerpo Electoral de
segundo grado,
en la selección, indelegable e impostergable y por mayoría calificada,
de esos funcionarios públicos,
entre individuos probos, de comprobada e irreprochable honestidad, competencia,
y sin participación política, para poder actuar a su entera libertad de
conciencia, libre de ataduras y compromisos, para que sus actos administrativos
y/o la justicia que impartan, esté ajustada y sean verdaderos garantes de la
correcta interpretación de la Constitución Nacional y las Leyes.
Para poder contribuir con la
labor encomendada a la naciente Asamblea Nacional, se requiere el concurso de
todos las fuerzas vivas de la sociedad civil democrática, las ONG’s, y de los ciudadanos, el cumplimiento de los deberes que
nos impone la Constitución Nacional, fieles a nuestra tradición republicana, a nuestra
lucha por la independencia, la paz y la libertad, para oponernos a
los designios de los poderes públicos que pretenden desconocer, a ultranza, la voluntad
popular. Demos pues el apoyo irrestricto a la representación
democrática de la Asamblea Nacional para que tome todas las medidas necesarias
para la reconstrucción de la democracia plena en nuestro país, y erradique la
barbarie imperante que pretende seguir implantando este moribundo régimen.
