LUIS UGALDE, ¿Y LOS MILITARES QUÉ?, El Nacional 24 de octubre de 2015

LUIS UGALDE, ¿Y LOS MILITARES QUÉ?

El siguiente gobierno no debe ser antimilitar por el hecho de que el actual es militarista. Todo lo contrario, son los militares los que deben demostrar su civilidad democrática en correspondencia a una sociedad que les confía en exclusividad las armas para ser guardianes del bien común. Armas que no son de ellos, ni de los policías, como las de cualquier matón que abusa del vecino desarmado, sino de la sociedad cuya vida garantizan y cuya confianza y gratitud ganan por sentirse seguros y liberados del asalto traidor.

Los militares no son extraterrestres, sus esposas e hijos sufren las mismas penurias del venezolano cuyo bolívar de ayer hoy vale menos de un real, con la locura de que un cartón de huevos o una lata de atún -cuando se consigue- cuesta más que 10.000 litros de gasolina. Serán unos centenares los altos militares que disfrutan de modo privilegiado y escandaloso de la apropiación privada del bien público de todos los venezolanos. Por las manos de una minoría corrupta han pasado más de un millón de millones de dólares, sin recibo ni obra realizada: enormes recursos públicos de pertenencia común, apropiados por unos pocos, en un “socialismo” al revés, que convierte lo público de todos en botín privado de unos pocos. Mientras decenas de miles de familias de militares honestos pasan penurias, por ejemplo, con  un seguro de salud de pobre cobertura y con ingresos, que no alcanzan para las necesidades básicas de su vida.

Todo venezolano -también los militares- tiene derecho a soñar con una Venezuela mejor y a haberse ilusionado con un cambio que prometía el paraíso. Lo imperdonable sería  aferrarse al error evidente y no querer contribuir a enderezar el disparate actual que tanto sufrimiento está produciendo a treinta millones de venezolanos, con excepción de una “cúpula podrida” en el privilegio mal habido. Está clara la falsedad de la propaganda oficial que contradice a la dura y evidente realidad cotidiana. Causas del desastre: el estatismo en economía y la concentración anticonstitucional del poder, que ha fracasado aquí y en todos los países donde se ha intentado. En Cuba, luego de 65 años de dominio total, es evidente la incapacidad de producir prosperidad económica y vida civil digna en libertad con pluralidad de opiniones y de iniciativas. Décadas antes en decenas de países de otros continentes, el partido único convertido en “dictadura del proletariado” mostró su verdadera naturaleza de dictadura sobre la sociedad sometida a la penuria y al terror policial. Hoy es necesario hablar - también en los cuarteles- con plena libertad de ese hecho evidente, con ánimo de liberación, de superación y de unión.

Tenemos en nuestra América ejemplos de salidas razonables y pacíficas de dictaduras diversas. En Brasil luego de 20 años de dictadura (1964-1984); en Perú cuando Fujimori  o años antes cuando Velasco Alvarado - luego de haber creído que la vía militarista era el camino para superar exclusiones seculares y agravios históricos contra el mundo indígena; en Chile y Uruguay… Fueron los propios militares que obedeciendo a la población abrieron la transición hacia la democracia, sin enfrentamientos armados.

Hoy está claro lo que para muchos no lo era hace 5 años y no hay que recurrir a aventuras golpistas que siempre terminan mal, solo hay que defender la Constitución vigente y la voluntad de la inmensa mayoría de los venezolanos. Coincide el clamor del país por un cambio con la próxima elección democrática (aunque amenazada) y con el papel no partidista exigido a los militares en nuestra Constitución.  Como pocas veces antes, la República exige que se restablezca el monopolio legítimo de las armas, hoy violado por los grupos fuertemente armados que se hacen llamar “colectivos” y fueron indebidamente fomentados y protegidos desde el poder. Una República no es solo de civiles, sino que necesita de los militares civilistas garantes de la justicia, de las fronteras y de la paz desarmada de la población; sus armas nos permiten, a todos menos a los delincuentes, andar desarmados y tranquilos.

¿Qué pueden hacer los militares? Simplemente sacar las conclusiones de lo que ven sus ojos y su conciencia y defender decididamente el tránsito pacífico hacia la democracia social. Recordar su deber establecido en la Constitución: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación (…)En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (art. 328).

Las elecciones venideras son una gran oportunidad para iniciar un cambio a fondo de esta locura suicida. 

Luis Ugalde S.J.

lugalde@ucab.edu.ve

EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS, TWITTER Y/O PAGINAS WEB QUE SEGUIMOS AUTORIZA PUBLICACIÓN,

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )

BIENVENIDO A TU PORTAL DE OPINION

***

****

**

A SPECIAL MESSAGE TO THOSE WHO READ AND WRITE OF THE EXTERIOR TO THE LIBERAL REPUBLICAN THIS MONTH

USE PAYPAL. Given the crisis integral suffering our country we have been limited in our operating resources for what we call its financial support through the use of PalPay contributions in dollars or euros, amount and periodicity you decide, for it can keep serving with daily publications of opinions aimed at the real democratic rescue of our country. We appreciate your contribution to the benefit of the continuity of our work.

FORO LIBERTAD

COLEGIO DE INGENIEROS SÁBADO 24-10- 2015 3PM

DEFENDERLOS IGUALENTE

INTOLERANCIA NUESTRA DE CADA DÌA

Con sabor a una intolerancia desconocida hasta hace poco en mí, me he sentido últimamente, cuando paso por un puesto de periódicos y leo los titulares de la prensa controlada totalmente por el régimen: “todo está bien”, “ningún cadáver en la morgue”, cero cortes de corriente eléctrica”, el presupuesto familiar alcanza para todo”, “abastecimiento full”, “delincuencia no hay”. Y así por el estilo. Ve

Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas ante la situación del país, pararescatarelporvenir.blogspot.com

Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas ante la situación del país

La población venezolana viene padeciendo un acelerado deterioro en sus condiciones de vida desde hace tres años. La tasa de inflación, actualmente la más alta del mundo, se une al desabastecimiento, la desmejora de los servicios públicos, la mengua de los salarios, la grave situación de inseguridad y la penuria en que se encuentran los servicios de salud, para empobrecer a las mayorías, no obstante los cuantiosos ingresos captados por el país bajo la presidencia de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. La Academia Nacional de Ciencias Económicas considera su deber pronunciarse sobre las causas y consecuencias de tan lamentable situación, en beneficio de contribuir con su comprensión y con la formulación de políticas que puedan sacar al país de tal extravío. Si bien este empobrecimiento se ha agravado por la caída en los precios de exportación del petróleo, sus causas anteceden a esta situación. Encuentran sus raíces en el proyecto económico implantado por ambos gobiernos, que ha despilfarrado los enormes recursos percibidos, destruido la capacidad productiva doméstica, alimentado la inflación, y aumentado nuestra dependencia del ingreso petrolero y de proveedores foráneos.
Un cálculo somero de los recursos manejados por el régimen bolivariano entre 1999, su primer año de gobierno, y 2014, da una cifra superior a 1,3 billones1 de dólares entre ingresos al Gobierno Central, incremento de la deuda pública y gasto social (parafiscal) de PdVSA. El objetivo económico principal proseguido ha sido el de centralizar en manos de la Presidencia de la República estos cuantiosos recursos para su aplicación discrecional con fines políticos. Para ello se desmanteló el marco institucional del Estado de Derecho que regulaba la Hacienda Pública, así como las relaciones entre el Estado y el sector privado, al acceder Chávez al gobierno. En el ámbito de lo macroeconómico, los proventos de la venta de petróleo en los mercados mundiales pasaron a disposición directa del Ejecutivo para su reparto directo a través de “misiones”, se eliminó en la práctica el control legislativo sobre el gasto público, se estableció un control cambiario que pretende ocultar la devaluación sostenida del bolívar y que reservó el usufructo de las divisas al arbitrio del Ejecutivo, y se acabó con la autonomía del Banco Central de Venezuela. En el plano microeconómico se socavaron los derechos de propiedad y las garantías procesales y para la solución de controversias, se sometió la economía a una serie de regulaciones y controles, y se congeló el mercado laboral, tanto en lo que respecta a su movilidad, como en relación con la contratación colectiva.
Como resultado de estas medidas, el Sector Público Restringido2 aumentó su peso en la economía venezolana desde un 26% del PIB en el último año del gobierno de Rafael Caldera, hasta un 40% en los últimos cuatro años. Desde el 2010, el déficit público ha superado el 10% del PIB, llegando a ser más del 15% durante el último trienio. Ello está asociado a una política monetaria expansiva y permisiva. A partir del 31 de diciembre de 2010, la liquidez monetaria se ha multiplicado 10 veces, un 97% de incremento sólo en lo que va de 2015, sin que se haya aumentado el crédito bancario a la inversión reproductiva. Una tercera parte de la liquidez se origina en el financiamiento del BCV al flujo de caja de PdVSA, hecho posible por La reforma de la Ley del Instituto Emisor de 2010. Por su parte, el régimen de control cambiario implantado desde comienzos de 2003, en vez de impedir la
1 1.300.000.000.000 de dólares (1,3 X 1012 ).
2 Conformado por Gobierno Central, PdVSA, muestra de empresas públicas no financieras, IVSS y Fogade.

1

fuga de capitales, fortalecer la moneda y defender las reservas internacionales, se ha traducido en una salida de más de $180 millardos por las cuentas financiera y de errores y omisiones3, una caída de las reservas a los niveles precarios de ese año, y una cotización del dólar en la frontera que ha llegado a ser 130 veces superior a la tasa oficial de Bs. 6,30. Y como el otorgamiento de divisas a este último precio está fuertemente racionado y sujeto al arbitrio discrecional de los funcionarios que deciden al respecto, su cotización en el mercado paralelo se ha convertido en referente para la fijación de precios domésticos, impulsando aun más la inflación. Todo lo anterior ha socavado la confianza en el bolívar, que ha dejado de operar como depositario de valor y unidad de cuenta, colocando a Venezuela al borde de la hiperinflación.
En lo interno, bajo el pregón de construir un “socialismo del siglo XX1”, se arrinconó a la economía privada, expropiando empresas productivas del campo y la ciudad –a veces sin compensación-, y estableciendo un draconiano control de precios que impide cubrir adecuadamente los costos de producir y comercializar bienes y servicios. Esto ha fomentado la búsqueda de rentas fabulosas arbitrando entre precios altamente distorsionados -particularmente en transacciones transfronterizas, en las que puede cobrarse en dólares-, provocando un clima de gran incertidumbre que ha socavado la iniciativa empresarial y, con ello, la inversión y el empleo productivo, mientras incentiva actividades especulativas de todo tipo, en connivencia con funcionarios corruptos. En consecuencia, la productividad laboral ha descendido en más de 12% desde 2008, con su inevitable efecto sobre la remuneración real de los asalariados. Como contraparte y secuela también de la excesiva sobrevaloración del tipo de cambio oficial, Venezuela se ha hecho mucho más dependiente del extranjero para la provisión de bienes de consumo y para la producción. En 2012 las importaciones llegaron a cuadruplicar el monto de las de 1998.
Esta conducción de lo económico ha acentuado la vulnerabilidad del país ante los altibajos del mercado petrolero internacional. El petróleo provee actualmente el 96% de los ingresos por exportación, pero el manejo de esta industria según criterios políticos, en contraposición a lo que debería ser su misión corporativa, hacen que una parte significativa de estos recursos no ingresen al país y/o sean utilizados para fines que merman significativamente su capacidad de respuesta a los desafíos del negocio petrolero. Para el cierre de 2014 los estados financieros de PdVSA mostraban $27 millardos en cuentas por cobrar –buena parte acreencias con países cuyas importaciones de crudo venezolano son financiadas a través de PetroCaribe-, una deuda externa por $46 millardos y aportes por encima de $8 millardos al año para atender el servicio de la deuda contraída por la nación con la República Popular de China. En lo interno, la empresa pierde cerca de $15 millardos anualmente por el subsidio a la gasolina y otros combustibles. Las insuficiencias de caja provocadas ha obligado a PdVSA a depender del financiamiento monetario del BCV para poder cumplir con sus compromisos, no sin diferir el pago a muchos proveedores. Adicionalmente, enfrenta demandas en su contra que suman varios millardos de dólares por parte de distintas empresas transnacionales, algunas ya con fallos en contra. Es decir, la fuente principalísima de divisas con que cuenta el país para atender las importaciones y el pago de la deuda, y sobre la cual ha descansado buena parte de las políticas “socialistas” de ambos gobiernos, está extenuada, sin que sea fácil su recuperación. Peor aún, no tiene reemplazo inmediato: las exportaciones no tradicionales han prácticamente desaparecido con el abandono inconsulto del pacto andino y la incorporación del país a Mercosur - con posibilidades de exportación mucho menores-, y el costo de la contratación de empréstitos con el extranjero, dada el desacertado manejo de la economía, es actualmente prohibitivo. Sin políticas
3 Hasta finales de 2014

2

conducentes al desarrollo de la competitividad de empresas e industrias domésticas, basadas en el fortalecimiento del talento y de sus capacidades de innovación, Venezuela no podrá superar la situación de postración que ahora exhibe.
Es menester entender que las políticas de reparto, suponiendo precios internacionales del petróleo en torno a los $100 el barril, descansan en controles y regulaciones severas que han generado incentivos perversos que destruyen la actividad productiva. Las distorsiones engendradas son pasto de buscadores de fortuna que se han ido apoderando de nichos importantes en los circuitos económicos. La merma en los precios de exportación del crudo venezolano ha puesto de manifiesto de la manera más cruda la inviabilidad de continuar con tal esquema. Y los cambios estructurales evidenciados últimamente en el mercado petrolero mundial no auguran un repunte importante de precios para 2016. Las largas colas de venezolanos observadas por doquier buscando alimentos, medicamentos y otros productos incrementan la tragedia representada por un alza desmedida de precios –este año se estima que la inflación podrá superar el 180%. Esta realidad no se corrige con medidas represivas ni cierres de fronteras. Tampoco puede aceptarse la actitud del Banco Central y de otros organismos, de ocultar la información sobre el acontecer económico, violando los artículos 311 y 319 de la Constitución, como si con ello la grave situación no existiese. Para este año se vislumbra una caída significativa de la producción doméstica –estimada por el Fondo Monetario Internacional en 10%-, que se acumula con la contracción del 4% ocurrida en 2014.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas hace un llamado a las autoridades públicas, los partidos políticos, al sector empresarial, las universidades, los trabajadores y al público consumidor, a concertar los esfuerzos necesarios para producir un cambio fundamental en la conducción de los asuntos económicos y así poder superar la grave situación en que nos encontramos. Es imperativa la liberación de las fuerzas productivas para aliviar la escasez, generar fuentes de ingreso que complementen progresivamente al petróleo en la provisión de divisas y proveer empleo productivo y bien remunerado. Venezuela tiene los recursos con los cuales superar la presente situación. En este cometido el Ejecutivo tiene la responsabilidad central. Debe instrumentar un ajuste que restablezca los equilibrios macroeconómicos esenciales que permitan la unificación del tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio para abatir la estanflación, generar expectativas favorables a la inversión y establecer condiciones financieras que promuevan el ingreso de los capitales necesarios para que estos cambios tengan viabilidad. Este esfuerzo requiere el restablecimiento pleno de los derechos de propiedad y el levantamiento del aparato punitivo de controles y regulaciones que está asfixiando a la economía. Un programa bien diseñado de apoyo a los sectores más vulnerables podrá reducir el impacto adverso de estas medidas de saneamiento en el corto plazo mientras se generen los empleos productivos bien remunerados que sustenten mejoras en el bienestar de los venezolanos.
Una conducción política nacional que hable con claridad al país, que asuma las responsabilidades del caso y que no rehúya la tarea de labrar los consensos que viabilicen este ajuste al menor costo posible, es imprescindible. Ya basta de buscar “culpables” al deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos como excusa para no enmendar sus propios errores de política. El país no toleraría que no se asuman claramente las grandes responsabilidades que el momento exige. El grave empobrecimiento de los venezolanos causado por la inflación desbordada requiere respuesta inmediata. La Academia Nacional de Ciencias Económicas asume la suya, poniendo sus capacidades de análisis y de divulgación como contribución a este esfuerzo. 

¡GANARÁN COMO SEA! Agustín Blanco Muñoz | octubre 20, 2015 |

¡GANARÁN COMO SEA!

Agustín Blanco Muñoz | octubre 20, 2015 | Artículos | No hay comentarios

El anuncio de Maduro es terminante: ¡Ganaremos como sea! Es decir: “Por las buenas o por las malas” como aludió El Eterno Chávez en situaciones similares. Esta revolución es pacífica pero está armada hasta más no poder. Y lo que no se resuelva por la vía de la “paz electoral”, se le aplicará  las armas-fuerza-coacción.

En este sentido, lo más preocupante en este expaís es la forma como crece la violencia hasta los niveles bombas-terrorismo. El discurso de paz de la revolución es una declaración de guerra  a un supuesto enemigo que,  por saberse alejado de toda posibilidad de enfrentar al régimen por la vía electoral, se dispone a emplear las armas de la confrontación,  como algo indispensable.

Pero no es verdad que en el bando opositor  haya una plena inclinación  hacia la violencia. Hay grupos radicales a los que, por más y que  el oficialismo les acuse de estar unidos a los paramilitares colombianos de  Álvaro Uribe,  no  se corresponden con la fuerza y alcance de los grupos  que  militan en el oficialismo.

No se olvide que este es un gobierno militar-policial-civil que cuenta con todos los poderes, la casi totalidad del espectro comunicacional y una maquinaria  que despliega el temor-miedo-angustia  que controla  buena parte del colectivo  no alineado con  lo que se conoce como revolución.

Este es un clima de incertidumbre aprovechado al máximo por el régimen. Es la única media luz que hace acto de presencia. La oposición oficial no exhibe proyectos ni fuerza social propia y organizada. Dice simplemente que tiene el triunfo asegurado el 06D porque el gobierno está derrotado por la situación económica-colas-escasez.

Ante este débil enemigo, que luce más bien como un aliado, el régimen aplicará todo su poder estatal-institucional para garantizar su fraude triunfal el 06D. El CNE, dijo Tibisay Lucena, no procesará encuestas sino votos y cuando las cuentas sean “irreversibles”, el organismo dirá quien es el ganador.

Y si hay rechazo a esta decisión por parte de grupos radicales, se aplicará  la violencia del Estado para aplastarlos. De ser necesario, actuarían las armas que en los últimos días han asomado su poder . Todo en los   límites de la constitución y las leyes.

Sancho, ¿lograremos actuar  conscientemente en Movimiento de Movimiento para enfrentar todo posible aplastamiento de vidas? @ablancomunoz abm333@gmail.com

TTRANSICIÓN Y PLAN DE AJUSTES por: Antonio S'anchez Gracia, pararescatarelporvenir 18 de octubre de 2015.Me alegra por la charla, pues levanta el ánimo. Hay quienes ya están pensando en el futuro. Sólo espero otra conversación entre grandes penalistas de la República que calculen cuántos años de cárcel les dará el Tribunal Internacional de La Haya a los ladrones, asaltantes, estafadores y violadores del régimen. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Antonio Sánchez García @sangarccs Elemental, mi querido Watson: dos personalidades políticas del talante y la estatura de María Corina Machado y Antonio Ledezma serían unos irresponsables indignos de sus talantes y estaturas si no tuvieran en su corazón, atravesado como una lanza, el proyecto de una TRANSICIÓN – con todas sus letras y en mayúsculas – a la democracia. Digamos: una hoja de ruta para desalojar a la dictadura, salir de esta pesadilla y encaminar la Nación hacia la paz, la concordia, la solidaridad y el gran reencuentro de todos los venezolanos. Incluidos chavistas y antichavistas. Eso se llama pensar en grande, con el ánimo y las capacidades de un estadista, y no como unos mercachifles de la politiquería electorera, de lado y lado. En juego no están las espurias ambiciones de unos y otros, los acomodos y matrimonios de conveniencia, sino la sobrevivencia y grandeza de la República de nuestros descendientes. En una palabra, que ya incomoda a muchos, la Patria. ¿Y cuál es la clave de esa transición, la brújula y el Norte de todas sus acciones? UN PLAN DE AJUSTES. Tal como suena y también en mayúsculas, pues sin PLAN DE AJUSTES, no hay TRANSICIÓN. Y precisamente de ese PLAN DE AJUSTES, de esas medidas posibles, pertinentes y necesarias que deberán ser asumidas en cuanto el país vuelva a manos de sus auténticos detentores – no los cubanos, que la usurpan, los chinos, que la esquilman, o los talibanes, que la devoran, sino nosotros, sus hijos, los venezolanos – es que hablaban Lorenzo Mendoza, el más destacado y prominente de entre los grandes empresarios nacidos en Venezuela, y Ricardo Hausman, el célebre economista que enseña en Harvard, la cuna de los grandes economistas del planeta, criadero de premios Nobeles y grandes gerentes de las finanzas públicas. ¿De qué otra cosa habrían de hablar? ¿De lo que hablaba en años pasados Mario Silva con el jefe del G2 cubano refiriéndose a los saqueos, exacciones y robos a mano alzada, supuestamente cometidos por Diosdado Cabello? ¿De los artistas de la farándula contratados por un bolichico para su sonada boda madrileña a costos verdaderamente estrambóticos? ¿De los acuerdos bajo cuerda para agarrar comisiones manque fallo? Hablaban, según escuché de esos escasos cinco minutos grabados por los servicios de espionaje del G2 cubano a la oposición, de los montos que será necesario obtener para reflotar, sólo en una muy tímida primera instancia, a una economía hundida por quienes, según cálculos conservadores, se robaron más de trescientos mil millones de dólares. Una escasa fracción de lo que debe reposar en las arcas de los grandes bancos privados de Andorra, Suiza, Inglaterra, Francia, España, Alemania, China, Corea del Norte y todos los paraísos fiscales del planeta. Como que más de una cuarta parte de esa cifra que parece descocar a los forajidos del PSUV, Aporrea y otros pasquines, nada más y nada menos que doce mil millones de dólares fueron depositados por el tuerto Andrade por instrucciones giradas desde los despachos de la élite revolucionaria. Ellos, que pusieron la República en remate a precio de gallina flaca y al mejor postor, que se la regalaron a los cubanos, la prostituyeron en el Foro de Sao Paulo, la usaron de caja chica de todas las candidaturas presidenciales de la izquierda marxista latinoamericana y que han terminado por desbancarla llevándola a la quiebra, ponen el grito en el cielo porque dos de nuestros más importantes empresarios y economistas, con un hondo y patriótico sentido de la responsabilidad, calculan los montos que será necesario obtener de los organismos internacionales para comenzar a terminar con las colas, el contrabando, el bachaqueo, el asalto, la colosal inflación y el trágico desabastecimiento que sufren nuestros compatriotas. Me alegra por la charla, pues levanta el ánimo. Hay quienes ya están pensando en el futuro. Sólo espero otra conversación entre grandes penalistas de la República que calculen cuántos años de cárcel les dará el Tribunal Internacional de La Haya a los ladrones, asaltantes, estafadores y asesinos del régimen. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Porque como bien decía el presidente Eduardo Frei Montalva, padre del también ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle que acaba de dudar muy seriamente de la limpieza y transparencias de nuestras próximas elecciones desde la Casa de América de Madrid, España: “la verdad tiene su hora”.

El acuerdo de paz de Colombia se hace pedazos, por María Anastacia O´Grady, The Wall Street Journal 5 de octubre de 2015

Opinión: El acuerdo de paz de Colombia se hace pedazos

ENLARGE

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el martes. PHOTO:ASSOCIATED PRESS

Por 

MARY ANASTASIA O’GRADY

Lunes, 5 de Octubre de 2015 0:02 EDT

En un dramático discurso pronunciado el martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que su gobierno se encaminaba a firmar dentro de poco un acuerdo con el sindicato del crimen organizado FARC, para poner fin a las hostilidades. “El tiempo de la paz” está cerca, predijo solemnemente.

No tan rápido, dispararon las FARC ese mismo día. Sus líderes dieron a conocer un documento de seis puntos objetando las afirmaciones del equipo negociador de Santos en La Habana sobre el estado de los diálogos y lo que se ha acordado.

El público colombiano no tiene manera de saber a quién creer. Después de cuatro años de negociaciones en Cuba entre el gobierno de Santos y las FARC, el “avance” del que se jactó su presidente en Nueva York aún no es público. Por supuesto, incluso si los colombianos fueran a verlo, nada podrían decir al respecto: Santos retiró recientemente su promesa de someter la totalidad del acuerdo final a un referéndum nacional.

Las FARC, por su parte, entienden que tienen todo el poder que necesitan sobre Santos. El mandatario ha apostado su legado a un acuerdo y está hambriento del reconocimiento internacional que le acarrearía la firma de un tratado de paz. Lo que está en juego es aún más después del espectáculo en Nueva York, donde Santos prácticamente prometió que presentaría un acuerdo final completo dentro de seis meses. El presidente de Colombia debe haber estudiado el arte de la negociación con el equipo que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió a tratar con Irán.

El bando de Santos ha dicho que las FARC no enfrentarán cárcel si confiesan sus delitos. Si lo hacen, recibirán penas de cinco a ocho años que limitarían sus movimientos a las zonas rurales en las que viven. En su comunicado, las FARC dicen que nunca estuvieron de acuerdo con ningún proceso que suponga cualquier confinamiento o restrinja la libertad de quienes admitan alguna culpa.

Las FARC también estipularon en su comunicado que el gobierno democráticamente electo de Colombia no tendrá autorización para interpretar el acuerdo. Esa autoridad, dijeron, residirá en los futuros jueces que asuman su tarea en la jurisdicción especial para la paz. Las FARC esperan tener un papel en la selección de dichos magistrados.

El gobierno de Santos ha dicho que el acuerdo sobre justicia todavía contiene cierta “ambigüedad” y requiere más negociaciones. Las FARC dicen no: el asunto “está cerrado”; no hay nada más que discutir.

La semana pasada, las FARC también clarificaron su posición no negociable sobre cómo se pagarán las reparaciones a las víctimas de los crímenes cometidos por el grupo guerrillero. Según el diario El Espectador, Enrique Santiago, un asesor jurídico de las FARC, dijo a la emisora colombiana Blu Radio que la organización no tiene responsabilidad por ninguna reparación. La adecuada compensación a las víctimas, afirmó, es responsabilidad de los individuos que cometieron los crímenes. Si el culpable no tiene dinero, entonces el Estado colombiano —es decir, los contribuyentes— tendrá que pagar.

Esto suena como una conveniente vía de escape para una organización que, según estimó el año pasado la revista Forbes, obtiene un ingreso anual de US$600 millones del narcotráfico.

Los partidarios del pacto me han sugerido que el apoyo al reciente acuerdo sobre justicia por parte del gobierno de Obama, Cuba y el papa Francisco demuestra su legitimidad. Sin embargo, no está claro qué acuerdo: ¿la versión de Santos o la versión de las FARC? Más aún, ¿por qué las opiniones de unos extranjeros tienen más peso que las de los colombianos?

El afán por tercerizar una importante decisión política al Tío Sam y el Vaticano es especialmente extraño viniendo de la izquierda, que pasó la mayor parte del siglo XX criticando el imperialismo norteamericano y la interferencia extranjera en los asuntos internos de los países de la región.

Los colombianos merecen justicia por los delitos de las FARC. También merecen seguridad. Sin embargo, durante mucho tiempo las FARC han sido cuidadosas de decir sólo que depondrían sus armas, no que las entregarían. Los traficantes de drogas que van a la cárcel en los países con un débil estado de derecho son legendarios por manejar sus negocios desde las prisiones. Imagínese a Colombia cuando estos jefes de la mafia vivan legalmente por todo el país, sin haber renunciado ni a sus bienes ni a sus armas.

Santos quiere que los colombianos confíen en las FARC, consideradas un grupo terrorista por el Departamento de Estado de EE.UU. Sin embargo, el presidente colombiano no vive en lugares como el departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador y el océano Pacífico. Las FARC han identificado el área como un buen lugar para cultivar coca. Apenas en agosto, durante un supuesto cese al fuego, las FARC mataron a Gilmer Genaro García, un líder de la comunidad afrocolombiana que se les cruzó en el camino.

El viernes, Santos atacó a sus críticos que respetan la ley alegando que para estos “la paz es inaceptable”. El mandatario debería guardar su virulencia para los líderes de las FARC. El sábado, volvieron a plantear objeciones a la versión del presidente sobre el acuerdo de justicia, señalando que la fecha límite de marzo no es “viable”. Pero, sin duda, Santos encontrará con el tiempo una forma de arreglar sus diferencias con los gánsteres.

Escriba a O’Grady@wsj.com