NOTA DEL EDITOR DEL BLOG.
El documento que reproducimos a continuación, fue la respuesta del mas importante partido político de la época, al fraude electoral perpetrado por el régimen de Marcos Pérez Jiménez, en el proceso comicial destinado a elegir la Asamblea Constituyente que debería instalarse en 1953.
La reproducción de este texto fundamental, que recomiendo guardar para la Historia, se debe a la similitud de circunstancias y a la diferencia deplorable de las respuestas a estas.
Poseo una fotocopia del documento original de 1952, durante mis casi 7 años como Secretario de Asuntos Internacionales y algunos menos como jefe del Departamento de Capacitación y Doctrina de AD, abogué reiterada e inutilmente por la re-edición del mismo, pienso que debe ser un obligado texto de estudio para los dirigentes y militantes de todos los partidos políticos democráticos así como para los activistas de la "Sociedad Civil". El pensamiento preclaro del abogado y economista, promesa de gran estadista que perdió Venezuela, conserva vigencia e impronta. El valor, moral y físico, que lo caracterizó, es una cualidad indispensable en todo aquel que aspire a dirigir. Aquí están las raíces de la unidad, del "espíritu del 23 de enero" de la necesidad de una política nacional, inclusiva, constructiva.
Atentamente
Alfredo Coronil Hartmann
A la Rebelión Civil llama
Acción Democrática
Manifiesto suscrito por ALBERTO CARNEVALI, Secretario
General (en la clandestinidad) del Partido del Pueblo.
CARACAS – VENEZUELA 24
DICIEMBRE 1952
A la Rebelión Civil llama
Acción Democrática
La amañada consulta electoral del 30 de noviembre se
tradujo en una rotunda condenación plebiscitaria de la tiranía del Coronel
Pérez Jiménez. No obstante que a nuestro Partido no se le permitió presentar
candidatos, excluyéndose así arbitrariamente a la organización política que en
tres elecciones anteriores había demostrado que representaba legítimamente a la
mayoría popular venezolana; no obstante la exclusión de algunas fuerzas
minoritarias; a pesar de las dificultades interpuestas por la violencia
policial contra los partidos legales de oposición que participaron en la
batalla comicial; y pese a que el gobierno pensó utilizar la institución del
voto obligatorio como un recurso general de coacción contra los electores, el pueblo
resolvió el grave dilema en que se le colocó, votando contra la tiranía del
Coronel Pérez Jiménez. Todos los partidos políticos, todos los sectores
sociales, todos los hombres y mujeres sin partido, los miembros de la nación
entera barrieron en esa contienda las inmorales insignias del FEI, el maltrecho
aparato electoral que la dictadura había fabricado con los ilícitos recursos de
la coacción vejatoria, el soborno y la corrupción política.
Estos votos consignados por el pueblo el 30
de noviembre no buscaron el triunfo exclusivista de ninguna organización
política en particular sino el de todas las fuerzas políticas con raíces
verdaderas en la entraña popular. Buscaron la recuperación de la soberanía
nacional y la reconquista de la libertad para todos los venezolanos. Buscaron
la paz y la armonía de la nación, criminalmente rotas por el absolutismo. Esos
votos condenaron severamente el salvaje predominio despótico de la camarilla
militar del Coronel Pérez Jiménez. Hablaron el justiciero lenguaje de la
protesta contra el terror colectivo, a favor de los miles de víctimas
impotentes del mortal campo de concentración de Guasina, de las torturas
físicas y morales, de la prisión y del exilio, del desempleo, de la arbitraria
cesantía impuesta en el trabajo por la discriminación política, y del ultraje
soez de las bandas policiales que a diario atropellan los hogares y vejan a las
familias en todos los rincones del país. En esas urnas electorales fue consignada
la enardecida indignación general por el asesinato a sangre fría de nuestro
inolvidable dirigente Dr. Leonardo Ruiz Pineda y de otros abnegados
combatientes de la resistencia popular. A esas urnas fue, en resumen, la limpia
voz condenatoria de toda la nación, que repudia en todos los tonos a la
minúscula y engreída camarilla de jefes militares ambiciosos, empecinados en
continuar escarneciendo a la soberanía popular y envileciendo a la República.
Pero la enfermiza obsesión de mando del
Coronel Pérez Jiménez lo ha arrastrado a desoír jaquetonamente la admonitiva
voz de la nación, en un temerario desafío que habrá de ser decisivo y mortal
para la liquidación implacable del despotismo. Contra la opinión de cerca de
dos millones de personas que representan la plenitud de la conciencia política
del país; ignorando desvergonzadamente que la totalidad de los sectores
sociales de la nación lo desprecian y lo detestan, el Coronel Pérez Jiménez
infirió el dos de diciembre corriente un nuevo e insólito ultraje a la dignidad
nacional al pisotear –con las típicas botas del bárbaro ignorante y vesánico-
la ingenua expresión de la soberanía de todo un pueblo. En un burdo y repulsivo
sainete político que ha sido una vergüenza para todos los venezolanos, los
representantes de las fuerzas armadas nacionales -los personeros de los hombres
encargados de custodiar las armas de la República para la defensa de la
soberanía del pueblo- se prestaron
dócilmente para que se consumara un nuevo atentado nacional contra el propio
pueblo. Contando únicamente y exclusivamente con el pregonado respaldo de las
fuerzas armadas, Pérez Jiménez se colocó con impúdico desenfado los arreos de
dictador exclusivo, declarándose Presidente Provisional al mismo tiempo que
ordenaba –también con el alegado respaldo de las fuerzas armadas- que se
destruyeran las actas electorales de los Estados para borrar toda huella del
resonante triunfo popular, y para designar con actas falsificadas, una asamblea
constituyente ficticia, espuria, integrada exclusivamente por sumisos
pordioseros del servilismo nacional, reclutados por el FEI en las más bajas
esferas de la corrupción política implantada por el propio régimen.
Y en
represalia por haber obtenido los partidos de oposición la casi totalidad de
las curules de la Asamblea Constituyente que fue anulada delictuosamente, la
dictadura movilizó de inmediato su siniestra maquinaria policial contra los
partidos URD y Copey, al mismo tiempo que pelotones de las fuerzas armadas eran
preparadas o movilizadas para contener a las masas populares que en Caracas y
otros lugares del país, especialmente en las zonas petroleras, demostraban su
aireada protesta por la brutal manera como se arrebataba, una vez más, al pueblo
el limpio triunfo de su soberanía. Los locales de Unión Republicana Democrática
–partido que obtuvo la crecida proporción de 67 de los 103 representantes a la
Constituyente- fueron saqueados y clausurados por las gangsterianas bandas de
la Seguridad Nacional. Algunos dirigentes nacionales y decenas de líderes
regionales de ambos partidos fueron detenidos junto con nuevos centenares de
militantes de Acción Democrática y de otras organizaciones populares. Y
entretanto, los equipos directivos nacionales de ambos partidos legales de
oposición empezaron a ser sometidos a la grosera presión directa del Coronel
Pérez Jiménez, quien, amenazándolos con represalias del Ejército, ha pretendido
que ambas organizaciones claudiquen ignominiosamente concurriendo –con las
míseras minorías que les asignaron caprichosamente en el fraude insólito- a la
grotesca caricatura de parlamento constituyente que el gobierno pretende
instalar el próximo enero con una indecente y falsa mayoría del FEI. Y para
garantizarse la anulación práctica de Unión Republicana Democrática como
partido de mayoría parlamentaria, le fue asignada en el fraude a esta
organización solamente la ridícula minoría de 29 representantes, y casi todos
sus dirigentes nacionales fueron expulsados violenta y aceleradamente del país,
a las pocas horas de haber caído en una inicua celada policiaca, cuando el
delincuente político, reo de la falsificación de las actas electorales, que
ahora ejerce el Ministerio de Relaciones Interiores, los citó “bajo su palabra
de honor” para que concurrieran a una nueva entrevista relacionada con la
rechazada proposición de complicidad en la farsa parlamentaria que se proyecta.
Igualmente
cínica ha sido la maniobra de Pérez Jiménez en los medios castrenses. Algunos
de sus emisarios anunciaron en forma escueta y descarada a la oficialidad reunida
expresamente en los cuarteles, que el gobierno había perdido las elecciones.
Pero agregaron la mentirosa versión de que los partidos políticos planeaban
disolver el ejército y asesinar a las familias de los oficiales, y que para
evitarle este caos a la nación, el Coronel Pérez Jiménez “se sacrificaba”
asumiendo el control absoluto del poder. Otros voceros del inescrupuloso
Coronel, conocedores del franco ambiente de repudio existente en los cuarteles
contra la ola de crímenes políticos del régimen, agregaron canallescamente una
desfigurada explicación sobre el cobarde asesinato de nuestro inolvidable
compañero Dr. Leonardo Ruiz Pineda. Pero no dijeron una palabra sobre el
sadismo criminal con que –desde el día siguiente al del monstruoso crimen,
cuando fuera a reclamar el cadáver de su marido- se ha mantenido sometida al
vejamen de un cruel secuestro en una sórdida celda de la Cárcel Modelo de
Caracas, a su abnegada y afligida esposa, la señora Aurelena de Ruiz Pineda, ni
tampoco informaron por qué ha perseguido la Seguridad Nacional, con vandálica
saña a sus dos inocentes hijitas de cinco y tres años de edad. Y, no obstante
que se habló mendazmente de amenazas contra oficiales y sus familias, tampoco
se explicó por qué fue echado del país en estado pre-agónico el Teniente
Coronel Mario Ricardo Vargas para que en el extranjero muriera abandonado de
todo auxilio del Ministerio de Defensa, ni se dijo por que se tiene condenada
al exilio a inclemente en España a su viuda y a sus pequeños hijos. Menos aún
se dijo una sílaba sobre el repulsivo asesinato del Teniente Coronel Delgado
Chalbaud, ni sobre los constantes vejámenes que los personeros del régimen han infligido
a su viuda para obligarla a guardar silencio sobre la complicidad de Pérez
Jiménez en el crimen o para forzarla a abandonar el país. Olvidaron asimismo
los acusiosos heraldos del déspota explicar por qué, si este es el salvador de
la integridad de las fuerzas armadas, han echado de sus filas decenas de
oficiales y se ha privado a sus familias de los normales auxilios económicos establecidos
en la carrera, y por qué un importante grupo de mayores, capitanes y tenientes
están sometidos a infamante prisión desde hace más de un año en varias cárceles
y penitenciarías del país, sin que hayan cometido delito alguno ni como
oficiales ni como simples ciudadanos.
En general,
los oficiales no fueron consultados sino “notificados” de este segundo crimen
nacional contra la soberanía popular, como si el ejército fuera un dócil rebaño
de hombres armados, que no tuvieran ni criterio ni sentimientos que tomar en
cuenta. Y en los pocos cuarteles donde se hizo un simulacro de consulta, los
jefes se cuidaron bien de no transmitir “a la superioridad” la verdadera
respuesta de la mayoría de los oficiales, rotundamente contraria al
desconocimiento de la voluntad electoral. Y como la institución armada está
siendo convertida en un bando político personalista, nada se averiguó tampoco
sobre lo que piensa el personal de tropa, que es la mayoría de ese cuerpo. Nada
se indagó sobre lo que sienten esos miles de venezolanos –en su totalidad
hombres del pueblo- que ahora visten provisionalmente uniforme militar pero que
regresarán mañana a sus hogares- a los hogares azotados crónicamente por el
desempleo y el hambre y victimados con harta frecuencia por la Seguridad
Nacional, a reunirse con sus miles de hermanos y demás parientes que el 30 de
noviembre votaron contra la tiranía del jefe del ejército.
Pero los
militares venezolanos saben ya hasta la saciedad que su dignidad de hombres y
su decoro de profesionales de las armas han sido vergonzosamente comprometidos
ante la conciencia nacional y ante la opinión internacional por la desenfrenada
y deshonesta ambición de mando y la insaciable sed de sangre de su jefe
principal. Ya a ningún venezolano con uniforme militar puede quedarle duda
alguna de que Pérez Jiménez no está usando el ejército para defender las
instituciones de la República sino como un agresivo cuerpo de persecución
política contra todos los demás venezolanos de las mas variadas condiciones
sociales y de todas las convicciones políticas. Es difícil que no puedan darse
cabal cuenta de que –además de que debe dolerles el sufrimiento de su propio
pueblo- están sufriendo grave mengua en su valor, su honor y su caballerosidad,
señalados como atributos indispensables de los hombres de armas. Porque escaso
o ningún brillo pueden tener tales atributos cuando la institución armada es
arrastrada al deshonor y la desvergüenza, al obligarla –sin protesta- a
proteger la impunidad de los crímenes políticos de Pérez Jiménez y al dejarse
utilizar para atropellar a un pueblo desarmado, contando exclusivamente con la
desigualdad de la fuerza material. También en los cuarteles está imponiéndose esta
terrible verdad: con excepción de los espias de la Seguridad Nacional y de la
Inteligencia Militar y descontando algunos jefes ambiciosos y corrompidos,
todos los sectores de la nación repudian con la mayor energía la aciaga gestión
tiránica del Coronel Pérez Jiménez. No ha sido por simple casualidad o mero
accidente que han estallado violentos brotes insurreccionales en algunas
guarniciones del país, como ocurrió hace 8nos pocos meses en Boca de Rio y en
Maturín. Pérez Jiménez no obstante que ha hecho hipócrita alarde de la tesis “institucionalista”
y del “apoliticismo” de las fuerzas armadas, ha demostrado en la práctica que
sólo lo mueve un insano exclusivismo personalista y arbitrario y que sólo lo
guían sus intereses políticos antipopulares
para hacer discriminación ante los oficiales a la hora de designarlos en
cargos y posiciones, prefiriendo con frecuencia a los de menores méritos e
inadecuada jerarquía. Y el estado explosivo de los ánimos castrenses es tan
evidente, que el intranquilo e inseguro Coronel se ha visto precisado a ordenar
subrepticiamente la creación de unos cuerpos armados irregulares, bajo el comando
de los espías de la Seguridad Nacional y de la Inteligencia Militar, para
usarlos como tropa de choque contra el ejército. Dos millones de hombres y
mujeres han sido ofendidos groseramente por el obseso dictador al pretender
silenciar de un sablazo el multitudinario grito de libertad de los comicios de
noviembre. Y por vergüenza nacional, por la dignidad de hijos de una Patria que
se ha enorgullecido siempre de la
gallardía y valentía de sus hombres, no nos queda otro camino que declarar un
estado de rebelión permanente contra la dictadura. Será “la rebelión legítima
contra sus opresores”, de que nos hablan los más elevados principios políticos
de todos los tiempos y, sobre todo la que nos enseña el ejemplo glorioso de los
más dignos pueblos del mundo. Y a los militares venezolanos se les presentará
un dilema histórico y decisivo: o ensangrentar las armas que la República les
ha confiado para la defensa de la soberanía asesinando cobardemente a un pueblo
inerme, para defender los crímenes de Pérez Jiménez o sacudirse en cambio la
ignominiosa coyunda del déspota, colocándose valientemente al lado del pueblo,
en la posición que les señalan el decoro y el patriotismo.
La vasta
empresa de la recuperación de la soberanía no corresponde a un solo partido
sino a todos. Y no es deber exclusivo de los partidos sino de todos los hombres
y mujeres de la nación. Porque a todos estás dirigido el reto del absolutismo
al pretender consolidarse instalando una constituyente adulterada y servil,
para que le apruebe el gigantesco despilfarro de los ocho mil millones de
bolívares malbaratados en cuatro años; para que le encubra la siniestra ola de
crímenes políticos, y para que le legalice la proyectada entrega a precio vil
de nuevas concesiones petroleras y del hierro a la insaciable voracidad del sojuzgador
capitalismo extranjero. Contra todos se ensañará ahora el terror policiaco y de
todos los partidos serán los nuevos y numerosos hogares a quienes afligirá en
adelante esta intolerable desgracia nacional.
Todos los
venezolanos, y especialmente los dos millones de personas a quienes se les ha
atropellado miserablemente su voluntad comicial, estamos comprometidos por dignidad
en una histórica cruzada nacional: la demolición del podrido andamiaje de la
dictadura perezjimenista y la formación de un gobierno provisional de
equilibrio político. Un gobierno que tenga objetivos bien definidos:, que
restablezca las libertades públicas, que retire el ejército de su actual plano
de indebido predominio político y lo coloque en su función natural de cuerpo
técnico profesional, y, por último, que encauce a la nación definitivamente
hacia el sosegado ejercicio de su soberanía, de modo que el pueblo pueda elegir
libremente a quienes deban dirigir en firme la transformación
democrático-revolucionaria del país
hasta lograr plenas y satisfactorias condiciones de bienestar social y una
adecuada independencia económica en el campo internacional.
Al lado de
los demás partidos, Acción Democrática tiene señalado - por su inflexible trayectoria revolucionaria y
por su capacidad combativa- un papel primordial en esta decisiva cruzada de la
liberación nacional. Y para cumplirlo honrosamente, propiciamos de la manera más
resuelta un permanente estado de rebelión civil, una indesmayable ofensiva de
oposición popular, que mantenga agresivos y encrespados los ánimos de todos los
venezolanos contra la humillación de que somos víctimas para impedir en todo
momento que la dictadura de Pérez Jiménez se estabilice sin resistencia. Una
rebelión de opinión que obligue a las fuerzas armadas –mediante la poderosa
presión de todos- a libertarse también ellas del deshonroso dominio personalista y sanguinario de Pérez
Jiménez, o que logre abrir ancho cauce para el estallido de una vasta e
incontenible insurrección popular, a fin de que sean las honestas manos del
pueblo las que despedacen implacablemente el ya desquiciado aparato inmoral del
absolutismo.
Dentro de
breves días, las masas populares recibirán indicaciones precisas sobre la forma
contundente de iniciar esta nueva y mas activa y beligerante etapa de la resistencia
civil. Y para garantizar que esta sea la acción permanente que coordine a todos
los sectores populares, de todos los demócratas del país, estamos acelerando la
ejecución de las siguientes medidas.
Estamos
implantando con rígida severidad un reajuste organizativo de nuestro aparato
partidista -que tan victoriosamente ha
resistido en estos cuatro años las más tremendas y sanguinarias embestidas de
la represión policial y la mas sañuda represalia moral y económica contra sus
militantes- a fin de que responda con mayor agilidad, más firme resistencia en
su contextura interna y mayor capacidad de movilización sincronizada de las
masas, en esta decisiva batalla contra la dictadura. Por los canales
confidenciales del partido están siendo transmitidas las instrucciones
concretas sobre este plan reorganizativo. Debe responder a la consigna de que “ningún
ciudadano podrá considerarse miembro de Acción Democrática si no milita
activamente en su respectivo grupo político de base”.
Al mismo tiempo, estamos estableciendo un ágil
mecanismo de organización para movilizar a todos los hombres y mujeres sin
partido que se están acercando a nuestras filas para pedir una activa
participación en la lucha por la liquidación de esta humillante etapa de
nuestra historia nacional. Ante ellos, nuestro partido deberá actuar con gran
amplitud de criterio, respetándoles las propias convicciones ideológicas, pero
unificándolos en la lucha común por la recuperación de la soberanía, con la
consigna de que “ningún ciudadano demócrata, aunque no milite en partido
alguno, debe permanecer inactivo en la presente ofensiva contra la tiranía”.
Luego
propiciaremos con todas las demás fuerzas políticas organizadas un plan de
rebelión civil contra la dictadura. Buscaremos en esa coordinación “acción
coincidente” de tipo práctico, conservando cada partido su independencia
ideológica y su autonomía organizativa interna. Esta coordinación debe
responder a la consigna de que “todas las fuerzas políticas están obligadas a
hacer respetar la soberanía nacional con los medios de que dispongan”.
Finalmente,
debemos inciar con audacia una implacable ofensiva de rebelión civil en todos
los campos de la vida nacional. Todos los partidos, todos los hombres y
mujeres, todos los venezolanos dignos debemos desatar una coordinada y certera
acción multitudinaria hasta lograr oponer a la tiranía en la mortal disyuntiva
de reconocer la soberanía nacional o aniquilar sangrientamente a todo el pueblo
venezolano. Actuaremos realistamente. Con clara conciencia de que nuestro poder
no es otro que el gran poder de un pueblo enardecido porque se le ha vejado y
se le ha humillado brutalmente. Actuaremos sin la menor vacilación. Sabedores de
que el pueblo no tiene armas de guerra porque siempre confió ingenuamente en
que las armas de los cuarteles eran para defenderlo y ahora están siendo
utilizadas en su contra. Pero convencidos de que la gran tragedia política que
entristece a la nación por permite plantearse el dilema simplista de combatir
con armas o no combatir. Porque el patriótico reclamo nacional está concebido
en otra forma inexorable: si no combatimos ahora hasta triunfar, el pueblo será
esclavizado ignominiosamente por tiempo indefinido. El pueblo tiene que
defender ahora mismo su libertad a cualquier precio y con los medios que tenga
en sus manos. El pueblo tiene que combatir con sus propios recursos, los
interminable recursos de la acción de masas, que en nuestro país existen en
condiciones invalorables para la conquista del triunfo. Somos la mayoría de la
nación. Somos todo un pueblo. La dictadura está desasistida de todo respaldo
social y de todo apoyo moral. Una indoblegable decisión de lucha alienta
prodigiosamente nuestros corazones. Una fe desbordante enciende nuestra sangre.
Contamos en resumen, con preciosos factores humanos y morales suficientes paran
dotar nuestra capacidad de combate de un poderío mil veces más fuerte que las
mas aceradas corazas del despotismo.
Caracas 24 de diciembre de 1952
Por el Comité Ejecutivo Nacional de ACCION DEMOCRÁTICA
Alberto Carnevali
( Secretario General)
